Baleares ya ha firmado el convenio del traspaso parcial de la gestión de las bajas laborales traumatológicas a las mutuas. La segunda comunidad en suscribirlo podría ser Navarra y antes de que acabe el mes de mayo, el resto de regiones también habrán firmado el acuerdo. Así lo han confirmado fuentes del Ministerio de Seguridad Social tras la presentación de la Radiografía de la migración en el mercado laboral y su contribución al crecimiento económico, un análisis de las cifras de empleo de extranjeros expuesto esta mañana por la ministra, Elma Saiz. Se trata de un documento tipo, que será igual para todas las Comunidades Autónomas.
"Ya se ha plasmado uno de los convenios con las mutuas y se espera que lleguen el resto", ha trasladado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El traspaso parcial de la gestión de las bajas laborales traumatológicas a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social forma parte del acuerdo entre el Ejecutivo y agentes sociales firmado en el mes de septiembre. El objetivo de la medida, según detalla el convenio genérico (que debe ser firmado por la Consejería de Sanidad, las mutuas y el Instituto Nacional de la Seguridad Social), es aprovechar los recursos de las mutuas para mejorar los tiempos de espera, la atención sanitaria de las personas trabajadoras y la recuperación de su salud, así como a reducir la lista de espera en el Sistema público.
En concreto, el papel de las mutuas es el de realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos, rehabilitadores y quirúrgicos en procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes de origen traumatológico, algo que hará en coordinación con el profesional sanitario del Sistema Público de Salud. Sus competencias se limitarán además a un listado específico de patologías en las que se acredita la existencia de listas de espera que retrasan la recuperación del paciente.
La colaboración de las mutuas se activará exclusivamente a iniciativa del médico de atención primaria del Servicio Público de Salud, por lo que el control de alta y baja seguirá en manos de los funcionarios -algo que exigieron los sindicatos durante la negociación-. Además, se requerirá de la autorización del trabajador.
La primera firma del convenio llega un contexto de negociación entre Seguridad Social y agentes sociales para aprobar una reforma para instaurar la vuelta progresiva al trabajo después de una baja de larga duración (de más de 90 días, las conocidas como altas progresivas) y en pleno aumento del coste por las bajas. A cierre de año de 2024 la Seguridad Social gastó un 17% más en prestaciones por incapacidad temporal al compararlo con el año anterior, un total de 16.487,02 millones de euros, 4.824,13 millones más de lo presupuestado inicialmente. Un gasto que a mes de febrero, sin embargo, ha descendido en un 8,15%, según el Resumen de Ejecución del Presupuesto publicado en la página del Ministerio.
