El segundo mandato de Donald Trump supera en polémicas y titulares incluso las preocupaciones surgidas durante su primer mandato. Desde su regreso a La Casa Blanca, el presidente ha desatado una nueva ola de controversias éticas y legales y se ha instalado a diario en el centro del debate geopolítico y comercial. Entre guerras, aranceles y pactos, apenas encuentra un hueco la aceptación de un avión de lujo, valorado en 400 millones de dólares, ofrecido por la familia real de Qatar, así como una serie de actividades personales y comerciales estrechamente vinculadas al cargo presidencial del sucesor de Joe Biden.
La aeronave, un jet de alta gama prácticamente nuevo, sería utilizada por Trump como Air Force One hasta el final de su mandato, para luego ser transferida a la fundación que administrará su museo presidencial. Este gesto, descrito por Trump como un "regalo muy generoso", ha sido visto por críticos como un ejemplo flagrante de intercambio de favores entre gobiernos extranjeros y el presidente, quien justificó la aceptación del avión recordando que Estados Unidos ha proporcionado seguridad a Qatar y "seguirá haciéndolo".
La decisión de aceptar el avión se da en un contexto político en el que Trump ha mostrado un claro desprecio por las normas éticas que históricamente han regulado el comportamiento de los funcionarios públicos en Estados Unidos. Protegido por un fallo de la Corte Suprema que le otorga inmunidad por actos oficiales, y respaldado por el férreo control que mantiene sobre el Partido Republicano, el presidente parece actuar sin temor a represalias políticas o legales. Por no hablar de su "impunidad" mediática: ya dijo hace años que podría ir disparando un arma automática por Nueva York y sus incondicionales (que no son pocos) le seguirían votando.
La fiscal general Pam Bondi —quien anteriormente fue una influyente lobista para Qatar— avala legalmente la transacción mediante un memorando firmado por ella misma, según fuentes internas del Departamento de Justicia. Esto se suma a una serie de decisiones que han reducido los controles legales: Bondi también restringió la aplicación de leyes que obligan a los lobistas extranjeros a declarar sus actividades y pagos, mientras que Trump ordenó la suspensión de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que penaliza los sobornos a funcionarios internacionales.
Más allá del avión, Trump ha convertido su presidencia en una plataforma de obtención de recursos sin precedentes. Su comité inaugural recaudó 239 millones de dólares —más del doble de lo obtenido en 2017— procedentes en su mayoría de grandes corporaciones y magnates interesados en ganar su favor o evitar su desaprobación. El destino de los fondos no ha sido aclarado.
En un giro que ha llamado la atención incluso en círculos financieros, Trump lanzó su propia criptomoneda, denominada $TRUMP. La moneda digital, que no tiene un valor intrínseco, ha generado millones en comisiones para su familia. Además, se ofreció acceso personal a Trump como incentivo de compra: los mayores inversores recibirán una cena privada en uno de sus campos de golf, y los principales poseedores del token serán invitados a un recorrido por la Casa Blanca.
El desmantelamiento de una unidad del Departamento de Justicia dedicada a investigar crímenes relacionados con criptomonedas y la relajación de normativas anticorrupción muestran cómo la administración Trump 2.0 ha desdibujado las líneas entre intereses públicos y privados. Expertos legales advierten que esta actitud puede sentar precedentes altamente riesgosos para el funcionamiento de la democracia estadounidense.
Aunque la politización de la vida pública no es nueva en Washington —casos como el del senador demócrata Robert Menéndez o los negocios del hijo del presidente Biden han sido igualmente criticados—, lo que distingue el momento actual es la audacia y transparencia con que se desarrollan estas acciones desde la Casa Blanca.
Corporaciones bajo presión
El alcance del poder presidencial ha sido también utilizado para presionar al sector privado. Según informes citados por The New York Times, Trump ha exigido a grandes firmas legales la prestación de servicios gratuitos a causas de su interés, bajo amenaza de vetarlas de futuros contratos gubernamentales. Varias compañías han llevado estas exigencias ante los tribunales, con algunos fallos ya en su contra.
Asimismo, empresas tecnológicas y medios de comunicación han optado por acuerdos millonarios para evitar conflictos con el presidente. Amazon ha pagado 40 millones por los derechos de una futura serie documental sobre Melania Trump, mientras que Meta transfirió 25 millones a la fundación encargada del museo presidencial para zanjar una demanda relacionada con la suspensión de su cuenta tras el asalto al Capitolio en 2021. ABC News, por su parte, accedió a un pago de 15 millones por una demanda vinculada a su cobertura de Trump.
La futura sede del museo presidencial de Trump podría convertirse en el destino final del avión qatarí. La comparación hecha por el expresidente con la Biblioteca Reagan en California —que alberga un antiguo Air Force One— resulta engañosa, pues aquella aeronave fue retirada tras casi tres décadas de servicio y sigue siendo propiedad de la Fuerza Aérea. En contraste, el jet ofrecido a Trump apenas ha iniciado su vida útil y podría seguir siendo usado por él (para su uso personal) después de su mandato.
Esta iniciativa, sumada al cúmulo de acciones descritas, dibuja un panorama en el que los límites éticos entre lo público y lo privado parecen haberse disuelto.
Relacionados
- La "Gran, Bella Ley" de rebajas fiscales de Trump corre el riesgo de descarrilar a las primeras de cambio
- El mercado pisa el freno para los recortes del BCE: se esfuma una bajada para este año con un Trump más dócil con China
- El déficit de EEUU subirá hasta el 9% en 10 años con las políticas fiscales de Trump
- Trump anuncia un alto el fuego "total e inmediato" entre la India y Pakistán
