Madrid
El número de afiliados a la Seguridad Social superó en abril, por primera vez en la historia, la barrera de los 21,5 millones y la ocupación subió en 231.000 personas gracias al tirón de la Semana Santa, lo que permitió que el paro se sitúe en poco más de dos millones y medio, la cifra más baja desde 2008. El Gobierno se refugia en estas buenas cifras laborales y en las del crecimiento, el más alto de los países desarrollados, para seguir apretando en su política fiscal y laboral.
La Agencia Tributaria rozó el año pasado los 300.000 millones de ingresos (294.734 millones), lo que supone alcanzar un récord histórico, tras crecer la recaudación la friolera del 52% desde la pandemia por los impuestos de IRPF, Sociedades e IVA. La presión fiscal se sitúa también en máximos históricos, superando el 42% del PIB en 2022, por encima del promedio del conjunto de la Unión Europea.
Sigan leyendo, porque aquí no acaban los récords: España es también el país de la zona euro en el que las empresas pagan más cotizaciones sociales. Según un estudio del think-tank Tax Foundation: representaría el 25,3% del total de la recaudación, sólo superados por Eslovaquia y Estonia. En Alemania, por ejemplo, las cotizaciones son de sólo el 20,7%, cinco puntos menos que en nuestro país.
En medio de este panorama, con los costes fiscales y laborales subiendo como un cohete, el Consejo de Ministros aprobó este martes otra medida histórica: la reducción a 37,5 horas semanales, que dejaría a España con la jornada más corta de Europa, ya que, aunque Francia adoptó las 35 horas semanales, en la práctica no se aplican.
La medida fue aprobada por el Gobierno socialista de Lionel Jospin, pero su flexibilidad permite que la jornada se extienda más allá de las 35 horas, gracias a un sistema de compensaciones y la posibilidad de negociar periodos de descanso o de vacaciones más extensos. Además, las empresas galas pueden acceder a deducciones en cotizaciones sociales, mientras que en España se contempla unas ayudas, que no convencen a las patronales.
En Alemania y Países Bajos, la ley establece un tope de 48 horas semanales, extensible a 60 si se contemplan horas extra, a cambio de compensaciones en términos de bonus salariales y otros beneficios. Bélgica es el país más cercano al objetivo de la vicepresidenta Yolanda Díaz, con un techo de 38 horas semanales. No obstante, su pequeño tamaño lo convierte en una especie de laboratorio, imposible de imitar por los grandes.
Un estudio de BBVA Research indica que con el recorte de la jornada, los costes laborales experimentarán un incremento equivalente al 1,5% del PIB, cerca de 24.000 millones. Esto restaría en torno a seis o siete décimas al crecimiento medio anual del PIB durante los dos primeros años y otras ocho décimas anuales en creación de empleo.
Las empresas de menor tamaño serán las más perjudicadas. Por eso, Cepyme, la patronal de las pequeñas y medianas empresas, eleva el impacto de esta medida al entorno de los 48.000 millones, el doble que BBVA.
Así, sumando las bonificaciones en cotizaciones por la contratación de trabajadores para pymes con menos de 10 trabajadores y las ayudas directas de hasta 6.000 euros para empresas con menos de cinco empleados, sólo se logra compensar una parte ínfima del coste de reducción de la jornada.
La legislación laboral, de aprobarse por el Congreso, nos llevará a batir otro récord: seremos el país donde menos horas se trabaja y con la mayor tasa de desempleo de Europa, en un contexto de productividad menguante. La economía va como un cohete, pero veremos por cuanto tiempo.
Somos un país de récords en ingresos fiscales, crecimiento o paro y en el futuro en horas de descanso
La aprobación de la jornada laboral está en mano de Junts, que anunció una enmienda a la totalidad de la Ley en el Congreso, aunque todo va a depender de la negociación final con el Gobierno. La formación independentista dirigida por Puigdemont tuvo un papel clave en la resolución de la CNMC sobre la opa del BBVA sobre el Sabadell.
El consejero de la CNMC a propuesta de Junts, Pere Soler, desobedeció las órdenes de su partido, lo que facilitó que la operación se aprobara de manera unánime y dejó la patata caliente está en manos del Gobierno. Sánchez anunció este lunes en el Cercle de Economía de Cataluña la apertura de una consulta pública hasta el próximo 16 de junio para dar voz a las organizaciones empresariales, como Foment del Treball o Cepyme, que no habían tenido oportunidad de manifestar su opinión contraria a la opa. Tras ello, el consejero delegado del Sabadell, César González Bueno, vaticina que será rechazada "de manera unánime".
La consulta vuelve a aflorar las diferencias entre los presidentes de CEOE, Antonio Garamendi, y de Cepyme, Gerardo Cuerva. Mientras para el primero "no es comprensible que el Gobierno se ampare en un referéndum, porque habría que hacer consultas para todo", el segundo emitió un dictamen contrario a la operación, porque considera que restringiría el crédito a las pymes.
Muchos juristas ponen en duda la legalidad de la consulta, que hasta ahora jamás se había aplicado en una opa. Entre otras cosas, porque la norma establece que el Gobierno sólo podrá "atender a criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia", que ha sido analizada ya por la CNMC.
El argumentario de la encuesta pública está basado justamente en las restricciones a la competencia en el crédito a pymes y autónomos, pese a que el Gobierno no debería ya pronunciarse sobre estas cuestiones.
La ley acota "el interés general" a asuntos relacionados con "defensa y seguridad nacional, salud pública, libre circulación de bienes y servicios en territorio nacional, protección del medio ambiente, promoción de la I+D+I y un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial". Pero los expertos consideran que el texto de la norma es papel mojado, porque los conceptos son tan amplios que el Ejecutivo podría usar otros criterios, lo que abre el abanico de posibilidades.
El marco legal es difuso en estos aspectos y poco concreto. En la práctica, el Gobierno podrá confirmar y suavizar las condiciones de la resolución de la CNMC o todo lo contrario, endurecerlas, de lo que no hay precedentes; o incluso vetarla, lo que se descarta, porque podría provocar una estampida de inversores.
Además, teniendo en cuenta que Sabadell cotiza un 4% por encima de la ecuación de canje propuesta para la fusión, el BBVA tendría que gastarse unos 800 millones extra, una cifra equivalente a las sinergias de la operación, en mejorar la oferta para ganarse a los accionistas del Sabadell.
Torres valoró las consecuencias económicas de la opa, pero descuidó las políticas
La opinión generalizada es que el endurecimiento de las condiciones puede provocar que el BBVA tire la toalla, porque no le salgan las cuentas. Pero el Gobierno tendrá que hilar muy fino para respetar la ley y no generar inquietud en el mercado. La posibilidad de que el Sabadell quede como un banco filial con sede en Cataluña, que el BBVA ve como válida y considera que no mermaría las sinergias, es la única opción para que la operación siga adelante.
A la luz de los acontecimientos, es obvio que el presidente del BBVA, Carlos Torres, calibró las consecuencias económicas, pero no supo valorar el alcance de las decisiones políticas, mucho más importantes.
PD.- La política va a ser también decisiva para dirimir las responsabilidades derivadas del apagón. La comparecencia esta semana de Sánchez en el Congreso dejó vencedores y vencidos: las eléctricas. Después de arremeter contra las empresas privadas hace unos días, ahora vuelve a cargar contra los "ultrarricos", cuando los dueños de las redes eléctricas y de los renovables son los mismos. Sánchez no despejó ninguna incógnita sobre el apagón, ni tampoco sobre el futuro de las nucleares. Se ofreció a negociar una prórroga, pero sin mencionar la rebaja de la carga contributiva, que piden las eléctricas para mantenerlas en funcionamiento, lo que las condena a su extinción. Para colmo de males, la CNMV, un organismo independiente del Gobierno, aunque nombrado por él, propone un recorte de la retribución de las redes de distribución eléctrica. Ya está claro los que van a pagar esta fiesta.
