Fue la crónica de un discurso anunciado. Un capítulo más de las fantasías animadas de Sánchez y Moncloa Producciones. Sin autocrítica. Ni una palabra sobre los múltiples casos de corrupción que enfangan a sus más directos colaboradores y a su entorno familiar, ausencia total de anuncios y de propósito de enmienda. Sólo eso dio de sí el balance de fin de curso del Presidente del Gobierno.
Frente a ese aforismo tradicional que califica al dinero de cobarde, desde estas líneas venimos manteniendo que más que cobarde el dinero es prudente. Y desde esa virtud de la prudencia los inversores analizan tres factores básicos para elegir el destino de sus inversiones y la generación de empleo: la estabilidad política, la seguridad jurídica y la rigidez del mercado laboral, con el añadido de la competitividad fiscal. Elementos todos ellos que hoy brillan en España por su ausencia, con las previsibles consecuencias de aplazamiento o retirada de proyectos empresariales y negocios en nuestro país.
Dice sabiamente nuestro refranero eso de que "cuando las barbas de tu vecino veas pelar pon las tuyas a remojar". Pues bien, estos días acabamos de ver como en Francia, nuestro vecino del norte, el primer ministro, François Bayrou ha presentado un plan de ajuste presupuestario de 43.800 millones de euros para evitar la quiebra del país, que contempla medidas como la congelación de las pensiones, la reducción de empleados públicos e incluso la eliminación de dos festivos con el objetivo de conseguir una drástica reducción de déficit y deuda.
Como decía el genial Lope de Vega de sus comedias, la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yoli la de los cohetes y los algoritmos, pasó “en horas veinticuatro de las musas al teatro”. O lo que es lo mismo de encontrarse en el Olimpo bloqueando el traspaso de la Seguridad Social a Euskadi en contra de los deseos de su jefe monclovita, al varapalo sufrido en el teatro de la realidad parlamentaria y judicial sobre un mercado laboral contaminado por la precariedad y la temporalidad.
Probablemente la mejor definición del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Generalitat para la financiación singular, privilegiada e ilegal de Cataluña la haya hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmando que es “una sentencia de muerte para España”. Una sentencia de muerte que ha firmado Pedro Sánchez para pagar a los independentistas y golpistas catalanes la investidura de Salvador Illa en Cataluña y para seguir unos meses más en La Moncloa en un intento a la desesperada de salvar a su entorno familiar y a él mismo de las múltiples denuncias e investigaciones por presunta corrupción que les rodean y desviar la atención sobre sus vínculos “a título lucrativo” con la prostitución”.
Satisfecho por haber superado su, por ahora, último match ball del Congreso con el apoyo interesado de sus socios enemigos de España que están preparando la nueva lista de humillaciones y chantajes, Pedro Sánchez prepara ya las maletas para marchar de vacaciones a la residencia oficial de La Mareta, a pesar de la plaga de corrupción que infecta a su gobierno y su partido. Vacaciones que, a diferencia del presidente, son cada vez menos los españoles que pueden disfrutar, gracias a esa política económica y social de progreso de la que presume la sociedad Sánchez-Yoli producciones de ficción, y de la que, sin temor a equivocarnos, podríamos decir aquello de que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.
Seguía, con más atención que expectación, la sesión plenaria del Congreso sobre la corrupción. Y mientras contemplaba a la bancada lanar socialista aplaudir entusiásticamente la soflama insustancial de Pedro Sánchez, no podía apartar de mi mente la imagen de la orquesta del Titanic, tocando mientras se hundía el barco. Una imagen patética, tanto como la intervención de un presidente del Gobierno, intentando socializar los presuntos casos de corrupción y organización criminal, como lo define el auto judicial, que afectan y comprometen a su gobierno y su partido. Un presidente que se presentaba públicamente como incompetente e ignorante para ocultar las sospechas de consentimiento y de complicidad que le rodean y anunciando un paquete de medidas, ya en vigor o recicladas, en las que como es su costumbre criminaliza a las empresas y disculpa a los políticos olvidando que en estos casos tan corrupto es el que da como el que toma.
Mientras desde el gobierno siguen hablando de sabotajes, ciberataques y montajes, y el funeral de los últimos forofos del sanchismo en que derivó el comité federal del PSOE, se limitaba a poner remiendos al fango de la corrupción sin propósito de enmienda, la realidad de los hechos y la percepción de la mayoría de los españoles confirman que el principal saboteador de sí mismo es un gobierno incapacitado para la gestión, inhabilitado para gobernar y sometido al chantaje de un prófugo de la Justicia.
Queremos a Pedro Sánchez en coma, no muerto. Con estas palabras describía el delincuente fugado de la Justicia, Carles Puigdemont, la estrategia política de los independentistas catalanes, y con ellos el del resto de los socios de la Frankenstein para conseguir sus objetivos de romper España y acabar con la Constitución, la democracia y el régimen de libertades del 78, contando con la colaboración imprescindible de un presidente del gobierno incapacitado para gobernar y acosado por las denuncias de corrupción que enfangan a su partido, a su gobierno y a su entorno familiar.
Decíamos tras la reciente cumbre de la OTAN en La Haya que lo más grave de la amenaza de Trump de duplicar los aranceles a España y hundir nuestra economía es que puede hacerlo. Y si algo define al presidente norteamericano, aparte de su egocentrismo extravagante, es su carácter rencoroso y vengativo. Ni olvida ni perdona.