La privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL) a la constructora Acciona se ha convertido en la última chapuza del Gobierno que preside Artur Mas. La Generalitat firmó el pasado 27 de diciembre un contrato con Acciona por el que cobró 298 millones de euros, correspondientes a la primera anualidad de una concesión a 50 años. Con este dinero Mas pudo hacer frente, entre otras cosas, al pago de las nóminas de los funcionarios catalanes correspondientes al mes de diciembre.
Sin embargo, el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC), que depende del departamento de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, ha censurado la adjudicación que hizo la consejería de Territorio y Sostenibilidad bajo la dirección del conseller Lluis Recoder al considerar que no se respetaron "los límites de referencia" del concurso y, de esta forma, se favoreció a Acciona y se perjudicó a Aguas de Barcelona (Agbar), el otro competidor. Este organismo insta a la Generalitat a revocar el concurso.
Sin embargo, anoche el conseller de Presidencia, Francesc Homs, aseguró que se trata de un conflicto de criterios entre funcionarios de diversos departamentos y que la Generalitat presentará "un recurso contencioso administrativo para que sean los jueces quienes decidan". Mientras tanto, según Homs, Acciona mantendrá la concesión y descartó que exista ningún tipo de "inseguridad juirídica" en Cataluña para la inversiones empresariales.
Según el OARCC, la consellería de Recoder no tuvo en cuenta que Acciona "modificaba la distribución anual de las inversiones respecto a la propuesta formulada en el pliego [de condiciones del concurso], situando algunas actuaciones en un horizonte temporal superior al de referencia". De esta forma, al aplazar las obras, la constructora que preside José Manuel Entrecanales lograba rebajar los costes financieros y mejorar la oferta sobre la tarifa del agua que aplicaría la concesionaria. En las ofertas finales Acciona ofreció cobrar 0,70 céntimos por metro cúbico de agua, mientras que Agbar ofertó 0,79 céntimos, lo que acabó decantando el concursos a favor de la empresa con sede en Madrid.
Para justificar la venta a Acciona, el departamento de Recoder valoró la propuesta de Acciona sobre inversiones con cero puntos, pero el OARCC considera que "no se puede dar la puntuación de cero a la empresa que ha traspasado los límites de referencia", ya que "afecta al resultado final de la oferta". Según este organismo, la propuesta de Acciona "no había de ser motivo de darle una puntuación cero, sino de exclusión" y, por lo tanto, Agbar se quedaría como única empresa en la puja y virtual ganadora del concurso.
El papel de Fernando Rodés
Los errores que ahora reconoce la Generalitat ponen en tela de juicio la actuación de Lluis Recoder, que acaba de dejar la conselleria para irse al sector privado y ejercer de abogado. Recoder esta considerado como un potencial sustituto de Artur Mas al frente de CiU.
El proceso también deja en mal lugar al empresario Fernado Rodés, que es presidente del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible del Gobierno catalán y, a la vez, consejero de Acciona.
En noviembre, Agbar ya denunció que Rodés era consejero independiente de Acciona y presidente de un consejo asesor de la Generalitat, por lo que tendría prohibido contratar con la Generalitat "por ser un alto cargo".
Rodés también es fundador y presidente del periódico Ara, un diario nacido en 2010 y editado en catalán, que apoya los postulados independentistas de CiU y ERC.
Por su parte, el presidente de Agbar, Ángel Simón, el principal impulsor del recurso contra la adjudicación de ATLL a Acciona, es una persona muy cercana a la cúpula del PSC. En su recurso, Agbar denunció que la adjudicación era "gravemente contraria a derecho", porque "vulneró de forma manifiesta y reiterada los principios de transparencia e igualdad". El grupo cree que se ha producido "un trato de favor" hacia la oferta rival.
En este juego de equilibrios políticos, ayer PSC, PP, ICV-EUiA y Ciutadans pidieron al nuevo consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila (sustituto de Recoder) que explique en el Parlament el concurso público de ATLL después de que el OARCC haya resuelto que Acciona debería quedar excluida de ese concurso pese a que el contrato ya está en vigor.
Por su parte, ERC criticó ayer que la adjudicación la realizara un gobierno en funciones, pero también reconoció las urgencia que tenía la Generalitat para ajustar el déficit público, por lo que darán apoyo parlamentario a CIU.
Acciona envió ayer un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que advierte a la Generalitat de que, estando el contrato en vigor, exigirían el reembolso de los 298 millones, además de daños y perjuicios.
Según señala la empresa, el documento firmado "el pasado 27 de diciembre de 2012, sigue siendo un contrato jurídicamente válido y vigente a la fecha". Por lo tanto, "en el supuesto de que la situación creada desembocara en la anulación y resolución del contrato vigente, el consorcio adjudicatario tendría derecho la devolución inmediata por parte de la Generalitat de la cantidad de 298.651.830 euros satisfecha como parte del canon concesional".
Acciona firma el contrato de gestión de ATLL
