Economía

Báñez impulsará auditorías para igualar salarios de hombres y mujeres

  • Patronal y sindicatos negociarán para reducir la brecha salarial
Imagen: Dreamstime.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, avanzó este lunes que la patronal empresarial CEOE no pondrá impedimentos al plan de su Gabinete por el que las compañías a partir de 250 trabajadores realicen auditorías salariales con el objetivo de "evaluar la igualdad entre hombres y mujeres en las organizaciones" y, de facto, impulsar una equiparación salarial que los datos, por ahora, desmienten. Un cambio legislativo en línea con los aprobados por Islandia y Alemania y que, además, cuenta con el beneplácito de los sindicatos.

"Entre las reflexiones que nos han pasado CEOE y Cepyme no hay nada en contra de la auditoría salarial", confirmó Báñez, que además recordó que, desde 2012, la brecha salarial ha bajado 4 puntos en España y está en el 15%, por debajo de la media europea.

Tal y como avanzó el pasado sábado Cristina Alonso, Báñez quiere modificar el Estatuto de los Trabajadores (ET) para incluir "medidas concretas para que la igualdad salarial sea una realidad cuanto antes". La primera de estas propuestas consistiría en modificar el artículo 26 del ET para "favorecer" que las compañías "de mediano y gran tamaño realicen auditorías salariales", según avanzó la ministra en diciembre.

En segundo lugar, anunció que también plantearía a los agentes sociales que el artículo 28 del ET incorpore "la obligación, por parte del empleador, de ofrecer a sus trabajadores o a sus representantes la información desagregada en función del género sobre componentes y cuantía de retribución para los puestos de trabajo de igual valor".

Esta medida se alinea con las recomendaciones que ha hecho a España la UE en materia de igualdad y sigue la estela de Islandia y Alemania, que acaban de introducir importantes cambios normativos para combatir la brecha salarial. El planteamiento que contempla el Gobierno sería una especie de híbrido entre la ley islandesa, que impone auditorías salariales a las empresas de más de 25 trabajadores y sanciona a las incumplidoras; y la alemana, que permite a las trabajadoras de compañías de más de 200 empleados conocer el salario que cobran los hombres en su mismo puesto de trabajo y no contempla multas, aunque el empresario puede ser demandado ante los tribunales.

Respecto a la evolución del empleo, la ministra aseveró que el año pasado se crearon 611.000 empleos, con 49 meses consecutivos en los que nuestro país lidera la bajada del paro en Europa. Para este año se espera la creación de unos 450.000 nuevos puestos, con el objetivo de llegar a los 20 millones de personas trabajando a finales de 2019 y a una tasa de ocupación del 70% en 2022. "Nunca lo hemos hecho. Es la media europea, y Alemania está en el 74%", apostilló.

Respecto al incremento de los sueldos, la titular de Empleo explicó que sindicatos y patronal "están en buena disposición" de llegar a acuerdos para mejorar los salarios "sin olvidar que tenemos que perseguir la creación anual de 500.000 empleos anuales".

Déficit de la Seguridad Social

Báñez también se refirió a la situación de las pensiones, en el inicio de un año que se estrena con un déficit de la Seguridad Social cercano a los 18.000 millones. A la espera de que el Pacto de Toledo acuerde un nuevo marco para la financiación del sistema, la ministra de Empleo quiso mandar un mensaje de "tranquilidad" a los pensionistas. "Es un modelo que depende del empleo", apostilló, recordando que las cotizaciones dejaron en 2017 incluso más ingresos que en 2007.

En una entrevista en TVE, Báñez ha anunciado que el Gobierno ha propuesto, a través del PP en la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo, extender de forma voluntaria a toda la vida laboral el periodo de cómputo para calcular la pensión inicial de los nuevos jubilados.

En otro orden de cosas, la ministra se mostró en contra de implantar un impuesto a la banca para sufragar las pensiones y a favor de que la parte no contributiva de las prestaciones que el Estado abona (por valor de casi 8.900 millones al año) se abone vía Presupuestos, "como se está haciendo ahora".

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