Montoro, Gallardón y Mato están desacreditados y haría bien Rajoy en cambiarlos ya.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sube los impuestos de tabaco y alcohol en plena campaña turística. El sector estaba confiado en poder retrasar la medida hasta otoño, pero Montoro los engañó una vez más. Lo necesita para financiar la Ley de Emprendedores, aunque sea pan para hoy y hambre para mañana, porque como publica hoy elEconomista, los últimos incrementos impositivos no sirvieron más que para deteriorar aún más las cuentas públicas. Montoro, consciente de que está quemado, muestra de nuevo su lado más hostil hacia los intereses empresariales en lugar de achicar el tamaño de la cosa pública, como prometió.
Rajoy parece no entender que con impuestos no habrá crecimiento y que sin éste, jamás creará empleo. La fórmula escogida por el presidente para impulsar la economía es paralizar en seco los planes de ajuste, como se ve en la cifra de techo de gasto público prevista para el próximo año o en la reforma de las administraciones públicas, que persigue únicamente una mejora de su eficiencia en lugar de la reducción de su tamaño.
Además, el empecinamiento del ministro de Hacienda en poner límite a los recortes de las foto voltaicas y otras energías alternativas frena en seco otra de las reformas pendientes, la del sector eléctrico, que acumula deudas por casi 30.000 millones para el contribuyente. España no puede soportar el desarrollo del sector diseñado durante los años del boom económico. Un modelo basado en una potente porción de energías alternativas financiadas con los ahorros de todos los españoles. Es urgente poner límites mucho más estrictos a estas energías, así como a algunos sobrecostes de las eléctricas tradicionales para acabar con la sangría del déficit eléctrico, aunque se sacrifique la seguridad jurídica en algunos ocasiones.
Cada vez existen más voces, además, que ponen en duda la capacidad del ministro de Hacienda para redibujar el sistema tributario, dada su afición a la subida de impuestos y las constantes meteduras de pata de la Agencia Tributaria. Es inaudito que Hacienda no abriera un expediente sancionador a la Infanta Cristina si tenía en sus archivos que ingresó 1,4 millones por la venta de fincas.
El ministro pretende cortar la sangría de su descrédito ofreciendo en bandeja la cabeza de la presidenta de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana. Pero el error muestra que Hacienda usa dos varas de medir, dependiendo del caché del contribuyente.
La misma práctica que puso ayer de manifiesto el juez José Castro al solicitar que se investigue la presunta donación de 140.000 euros al Instituto Noos de Urdangarin por parte de una fundación del consistorio madrileño, cuando este fue regido por Alberto Ruiz Gallardón. Eso puede explicar por qué el Fiscal del caso puso trabas a las investigaciones sobre la Infanta Cristina. Fuentes judiciales aseguran que Gallardón en persona telefoneó al fiscal para que denegara la imputación de Cristina de Borbón, después de que éste se pronunciara a favor de la diligencia iniciadas por el juez Castro.
Exactamente lo mismo ocurre con el caso Blesa. El ministro de Justicia ha movilizado a la Fiscalía del Estado, a la de Madrid y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en contra de las investigaciones sobre la rápida fortuna labrada por al exbanquero. El magistrado Elpidio José Silva seguramente cometió fallos en el procedimiento, pero una vez corregidos ello no debe ser óbice para llegar hasta el final de las indagaciones.
Como ya señalamos en este artículo, la Audiencia Nacional dilata la petición de los movimientos de las cuentas bancarias y sobre las propiedades de Blesa en el extranjero, muy superiores al patrimonio declarado hasta el momento. Gallardón tenía una buena relación con el expresidente de Caja Madrid, quien se convirtió en el principal financiador de sus obras faraónicas y le ayudó en numerosos asuntos a cambio de su protección. Es natural que sea el primer interesado en que esto no salga a la luz.
Existen indicios de que algunos movimientos de la Fiscalía obedecen más a intereses personales de Gallardón que a los criterios objetivos que deben inspirar su actuación, como es la persecución de los delitos y la promoción de las investigaciones criminales. La caída de los paraísos fiscales brinda una oportunidad de oro para destapar a presuntos corruptos como el extesorero del PP, Luis Bárcenas, que esta semana entró en prisión. Bárcenas tejió la red de Gürtel en torno al Ejecutivo regional que presidía Esperanza Aguirrre, la principal rival política de Gallardón hasta su dimisión.
Gallardón, Montoro y, por supuesto, la ministra de Sanidad, Ana Mato, desacreditan la gestión del Gobierno y son los principales causante de su desgaste. Cada vez comprendo mejor aquella indiscreción de Montoro al dar por finiquitada su carrera política en el acto con los empresarios catalanes.
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