El rechazo a la reforma del sector eléctrico y el tijeretazo a la energía fotovoltaica, así como al resto de tecnologías verdes se dirimirá en los tribunales. Las patronales renovables Appa, Asif y AEF anunciaron ayer una batería de medidas legales en contra de los recortes que alcanzan un total de 2.200 millones de euros.
Asif, presidida por Javier Anta, ya había anunciado que decidiría en enero si acudía a la vía judicial por el decreto aprobado hace un mes con recortes de hasta el 45% en las primas de las instalaciones futuras. Sin embargo, las medidas avanzadas el jueves en Consejo de Ministros y el drástico recorte que supone para la tecnología fotovoltaica ha puesto a este sector en pie de guerra.
En la misma línea, Appa, presidida por José María González Vélez, denunciará ante los tribunales tanto estas medidas como el incumplimiento de la directiva europea de renovables y ya se replantean el apoyo a Marín para su candidatura al frente de la dirección de Irena.
El pasado martes, AEF ya dio a conocer las intenciones del Gobierno de aprobar este fuerte recorte a la fotovoltaica, tal y como adelantó elEconomista, y avanzó su intención de recurrirlo ante el Supremo, para que a su vez plantee una cuestión de inconstitucionalidad. Paralelamente, se plantean recurrir ante la Comisión Europea y en las cortes europeas de arbitraje.
Y es que para estas patronales, el recorte aplicado a la retribución fotovoltaica en el real decreto incluye medidas de carácter "retroactivo" que "afectan a la viabilidad de los proyectos existentes, modificando sus ingresos". Según Appa, la nueva medida transmite una "nefasta imagen para los inversores" y "conduce inexorablemente al sector a la ruina".
Más primas de riesgo
Por su parte, Asif consideró que la normativa es "gravemente perjudicial para el sector, para los miles de inversores que han confiado en la seguridad jurídica del país y para la propia credibilidad de España, precisamente en un momento en que se halla muy cuestionada por la dureza de la crisis".
AEF advirtió de que se disparará la prima de riesgo del país, habrá una pérdida de confianza de los inversores en mercados y compañías españolas expuestas a regulación y se producirá un "evidente perjuicio" sobre la estabilidad del sistema financiero.
Esta patronal insistió en que los mercados nacionales e internacionales ya han manifestado "con claridad" su rechazo a estas medidas al considerar que la reducción de horas, con el consiguiente recorte de ingresos, "situará a las plantas fotovoltaicas muy por debajo de la rentabilidad razonable". Todas las reacciones de las patronales coincidieron al considerar que el Real Decreto Ley supone un "claro atentado contra la energía fotovoltaica".
Por otro lado, Asif, Appa y AEF quisieron advertir sobre el impacto de la norma en el empleo. Sobre este aspecto, Appa, presidida por González Vélez, aseguró que el recorte "apunta a la línea de flotación de las plantas existentes".
Industria prepara un hachazo a la solar
