El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, que pretende, entre otros objetivos, absorber el 'stock' de viviendas terminadas sin vender, que según cálculos del sector podría rozar el millón al cierre de 2008. Podrán ser consideradas como viviendas protegidas aquellas que tuvieran licencia de obra antes del 1 de septiembre de 2008. Así ha sido la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Tras la presentación a comunidades autónomas, ayuntamientos, sindicatos, patronales y sectores afectados, el Gobierno ha dado el visto bueno al nuevo plan de vivienda, que considerará como terminadas y podrán ser calificadas como viviendas protegidas de precio concertado aquellas viviendas libres que dispusieran de licencia de obra antes del 1 de septiembre de 2008.
En paralelo, hasta el 31 de diciembre de 2009, podrán adquirir "de forma excepcional" viviendas protegidas de precios concertado aquellos adquirientes con ingresos familiares que no excedan de 7 veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem).
No habrá que esperar un año
Además, el Plan prevé flexibilizar aún más la posibilidad de considerar como viviendas usadas, a efectos de su adquisición protegida, las viviendas libres ya terminadas sin necesidad de esperar un año para considerarlas usadas.
Los beneficiarios del Plan con derecho a protección preferente serán las familias con ingresos de hasta 1,5 veces el Iprem, a efectos alquiler, y de 2,5 veces el Iprem, en el caso de la compra. Si bien, en atención a las rentas medias, se subirá el límite de beneficiarios a 4,5 veces el Iprem, para las ayudas directas a la entrada.
Asimismo, la superficie máxima y mínima de las viviendas y alojamientos protegidos será determinada por las comunidades autónomas, aunque a efectos de financiación estatal se mantendrá en los 90 metros cuadrados.
La mínima también será competencia autonómica, pero en aquellas que no legislen al respecto, el Ministerio de Vivienda establecerá, de forma subsidiaria, una superficie de 30 metros cuadrados para dos personas y de 15 metros cuadrados adicionales por cada persona más.
Alquiler con opción a compra
Una de las líneas de vivienda concertada será también el alquiler con opción a compra -con destino al alquiler durante un plazo de 10 años-, que seguirá los precios de este régimen de vivienda, si bien las comunidades autónomas tendrán decisión competencial en la configuración final de esta figura.
Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de Ley para el fomento del alquiler de vivienda, que modifica varias leyes sobre arrendamientos urbanos y que pretende aumentar el parque de alquiler en España.
Cámaras en comisarías
Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Nacional de Derechos Humanos que, entre otras medidas, propone introducir cámaras en aquellas dependencias policiales que reciban a detenidos en régimen de incomunicación, según ha avanzado la vicepresidenta primera del Gobierno.
El plan incluye un programa especial de lucha contra la trata de seres humanos, que plantea la concesión de la residencia legal a las víctimas de la trata de blancas que denuncien su situación, para lo que será necesario reformar la Ley de Extranjería. Este plan situará a España, junto a Suecia y Noruega, "en la vanguardia" europea en esta materia, subrayó ayer la portavoz del Ejecutivo en una sesión informativa con los medios de comunicación para presentar la iniciativa.
El plan -en el que han participado ocho ministerios y ONG- incluye como un programa específico de lucha contra la trata de seres humanos que prevé, además de la medida mencionada, la asistencia gratuita a las víctimas, a las que se les facilitará intérprete y se les ofertará programas de inserción social.
Medios materiales y humanos
El Ejecutivo prevé asimismo dotar de más medios materiales y humanos a los cuerpos policiales dedicados a luchar contra este tipo de delincuencia. Contempla además la creación de un fondo con los bienes decomisados a las redes que trafiquen con seres humanos que irá destinado a las organizaciones que luchen contra la trata.
Al margen del plan de lucha contra la trata de seres humanos, el Plan Nacional de Derechos Humanos incluye un total de 172 medidas, de las cuales 132 afectan a la política interna y el resto a la acción exterior.
Los detenidos incomunicados
Entre las primeras, destaca el compromiso del Gobierno de introducir cámaras en aquellas dependencias policiales que reciban a detenidos en régimen de incomunicación, como es el caso de los terroristas. Mientras España siga sufriendo el terrorismo no eliminará el régimen de incomunicación, explicó De la Vega, que señaló que con la medida de introducir cámaras se evitarán denuncias por torturas, por lo que no sólo se protegerá al detenido, sino también a los policías.
El Plan también contempla la reducción del actual plazo de ocho horas para la asistencia letrada, la prohibición de la detención incomunicada a menores de edad y un proyecto de Ley de Cuerpos Penitenciarios para ampliar los Derechos Humanos en las cárceles.
También propone establecer garantías de Derechos Humanos en los centros de internamiento de extranjeros, con un protocolo sobre servicios mínimos de funcionamiento y régimen interno. El Plan también compromete al Gobierno en la protección de los refugiados, con una reforma del sistema de asilo.
