Barcelona
Nuevo paso del Govern para convertir el Institut Català de Finances (ICF) en una entidad de crédito. La Generalitat autorizó ayer a la entidad a crear la sociedad mercantil que le debe permitir operar como un banco convencional.
Así lo ha anunciado este martes la portavoz del Govern y consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, en rueda de prensa. No obstante, el ICF debe recibir antes el visto bueno de los organismos reguladores europeos competentes. En el supuesto de que obtenga las autorizaciones administrativas necesarias, ya sí podría constituir dicha sociedad mercantil, de la cual será el único accionista y a través de la que intentará conseguir la licencia del Banco de España para poder operar como entidad de crédito.
De este modo, el acuerdo aprobado en el Consell Executiu permite al ICF constituirse como banca pública de promoción y como entidad de crédito, y, si consigue la ficha bancaria, podrá acceder a nuevas fuentes de financiación, como los recursos del Banco Central Europeo (BCE), así como canalizar determinadas ayudas restringidas a las entidades de crédito. Asimismo, facilitaría que el ICF tenga más músculo al impulsar al tejido empresarial catalán, especialmente para los proyectos y sectores estratégicos, como la vivienda social, la transición verde y la industria.
Aunque no hay fecha para conseguir el hito, la consellera Paneque ha destacado que "hay buenas perspectivas para que pueda ser realidad en los próximos meses". Según Paneque, ya han existido "conversaciones previas de aproximación" con el BCE y el Banco de España.
En 2022, el supervisor -entonces liderado por Pablo Hernández de Cos- ya desestimó completamente esta solicitud. La aportación de recursos públicos ya fue el principal escollo con el que se topó el Govern –entonces en manos de ERC y Junts- para lograr la acreditación. Y es que la constitución del nuevo banco sería con fondos y activos procedentes de una entidad pública como el ICF, que ya pretendía mezclar actividades de la banca promocional –como pueda hacer ahora o hace el ICO- con la banca comercial. El exconsejero delegado del organismo catalán Jordi Òliva defendía que el ICF es una entidad financiera de promoción y que, por tanto, no necesitaba ficha bancaria.
La Generalitat y el Gobierno central comparten ahora color. Al frente del Banco de España está ahora el exministro José Luis Escrivá. En Bruselas, por último, está Teresa Ribera como comisaria de Competencia. La Generalitat pretende lanzarse a competir con las firmas privadas en aspectos como la financiación o la captación de depósitos, pero para ello debe ahuyentar las dudas sobre las potenciales ayudas de Estado que supondría dotar de recursos a la compañía.
ERC, impulsora del acuerdo con el Ejecutivo, apuesta por una "banca pública fuerte y competir de tú a tú con los bancos". Para conseguirlo, aboga por la captación de depósitos, accediendo a subastas de liquidez, con acceso a crédito barato y con operaciones financieras propias de la actividad tradicional de los bancos. En esta línea, la formación soberanista ya arrancó el compromiso –en ejecución- de que el ICF pueda canalizar las líneas del ICO en las mismas condiciones que lo hacen las entidades privadas.