La estafa de las empresas eléctricas en España ha servido de excusa a los grupos y partidos anticapitalistas para demonizar injustamente a las multinacionales que cotizan en el Ibex 35.
No obstante, no podemos olvidar que estas empresas, además de crear más de 500.000 puestos de trabajo en España, representan institucionalmente a muchos ciudadanos, tanto en cuanto los españoles tienen aproximadamente el 7% de sus ahorros invertidos en bolsa.
Puertas giratorias y lobbies
Si bien es cierto, que tanto el fenómeno relativo a las puertas giratorias como determinados lobbies patrocinados por algunas de las empresas integrantes del Ibex 35 han potenciado la corrupta interrelación entre la política y la economía en España. Es decir, la connivencia entre los miembros del gobierno de turno y la alta dirección de estas empresas.
De hecho, son numerosos los casos de exministros que se han "reinventado profesionalmente", convirtiéndose en miembros del consejo de administración e, incluso, en directivos de destacadas empresas pertenecientes al selectivo índice bursátil español.
Todo ello, forma parte del 'capitalismo de Estado' instaurado en España, un sistema que ha concentrado la riqueza en torno a las conexiones políticas durante más de tres décadas.
Menor competitividad
En el caso del sector energético, una legislación injusta ha permitido que la energía sea un negocio gestionado en clave de oligopolio. Debido a este motivo, las cuentas de resultados de Iberdrola, Gas Natural y Endesa han engordado año tras año. Según datos de la CNMV, el beneficio conjunto de estas tres compañías eléctricas en los seis primeros meses de 2016 ha ascendido a 1.970 millones de euros.
Pero, contradictoriamente, esta misma normativa ha deteriorado a la economía productiva al penalizar, vía incremento de costes de electricidad, la competitividad de las pymes y los autónomos españoles. Recordemos que desde el año 2008, y en todos los niveles de consumo, los precios de la electricidad se han incrementado un 100%. Este desfase anticompetitivo ha provocado que las pymes en España sean las empresas que más pagan en Europa por la electricidad consumida.
¿Bien básico o expolio?
En función de lo anterior e independientemente que se hayan podido cumplir los requisitos que la ley establece al respecto, las relaciones entre las compañías eléctricas y los distintos gobiernos no han estado regidas por la responsabilidad social.
Porque el beneficio económico de estas grandes empresas ha prevalecido sobre el interés general de la ciudadanía. Además, el conflicto de intereses relacionado con el pago de las facturas relativas a la luz y el gas ha creado una gran alarma social. Sobre todo, considerando que los españoles tenemos que hacer frente a un agujero de 25.056 millones de euros debido al denominado "déficit de tarifa".
Ni siquiera un entorno político económico como el actual, marcado por la corrupción, la crisis y el desempleo, está consiguiendo aumentar el ínfimo nivel de calidad democrática existente en nuestro país. En este sentido, tampoco podemos esperar que la casta política española y las principales empresas eléctricas dejen de ser socios voluntariamente. Por tanto, esta ruinosa situación solo puede revertirse mediante el ejercicio de la presión social por parte de los ciudadanos.
