La sucesión de protestas agrícolas por todo el país tiene su origen en Plataforma 6F, una organización de reciente constitución que, mediante convocatorias a través de redes sociales y plataformas como Whatsapp ha conseguido sacar a las carreteras a agricultores, ganaderos, pescadores y otros profesionales del sector primario para protestar contra lo que consideran unos bajos márgenes de sus productos frente a los precios finales de venta al público en los supermercados.
Esta organización, presentada ayer formalmente en Madrid, apenas tiene unos días de vida y ha sido creada ad hoc para ejercer de interlocutora directa con las administraciones y los políticos, tal y como reconoció su portavoz, Lola Guzmán, en un acto celebrado en un hotel de la capital. Haciendo uso de las tensiones que vive el sector agrícola a nivel europeo, iniciadas hace dos semanas en Francia con cortes por todo el país, aspira a hacerse con el control de las protestas.
Aspiran a sentarse con los ministros de Agricultura, Transportes y Trabajo para hacerles llegar sus reivindicaciones, aunque en un comunicado enviado después a la prensa, pretenden ir más allá y derogar las principales leyes que a día de hoy regulan el sector primario, garantizan el control de las especies y luchan contra el cambio climático: "No nos vamos a retirar a la calle hasta que se sienten con nosotros los ministros de Agricultura y Transporte. No queremos paguitas ni ayudas, solo queremos que nos dejen trabajar y que no nos obliguen a trabajar a pérdidas", mencionó Guzmán.
La entidad no ha desvelado en ningún momento su estructura y se limita a asegurar que cuentan con uno o más portavoces en cada provincia y con "innumerables" apoyos. Se desconoce su fuerza real, dado que los grandes colectivos agrarios y sindicales se han desmarcado de Plataforma 6F y de sus protestas. De hecho, rechazan cualquier pacto al que el Gobierno pueda llegar con los sindicatos de clase (CCOO y UGT): "Ya podeis pactar con los sindicatos lo que os dé la gana, que no nos retiraremos de las calles hasta que se sienten con nosotros", exclamó.
Plataforma 6F ha sumado fuerzas con otra entidad minoritaria pero muy ruidosa, la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte. Esta organización ya logró movilizar a cientos de camioneros en marzo de 2022 en protesta por los altos costes de la gasolina y los bajos márgenes de sus operaciones, paralizando buena parte del tránsito por las principales carreteras y puertos del país. En noviembre del mismo año intentó repetir el movimiento, sin éxito.
Los convocantes no desvelan sus próximos movimientos y se limitan a dar pinceladas de lo que puede esperarse: "No vamos a desvelar qué se hará o se dejará de hacer, ni en qué puntos, pero todo se hará con la intención de que discurra con toda la normalidad posible", aseguró Guzmán. A ese respecto, explica que las protestas se realizarán "de forma conjunta, pero donde cada sector defenderá sus reivindicaciones".
De momento, las protestas se llevarán a cabo entre los días 6 y 10 de febrero, día en que está prevista una gran manifestación por las calles de Madrid. Según ha podido saber elEconomista.es, los organizadores están comunicando al Gobierno las protestas con un plazo de 24 horas antes de llevarlas a cabo, aunque en ningún caso están siendo autorizadas. Sus paros indefinidos podrían ser extendidos más allá del sábado, según explicaron.
Reivindicaciones similares a las de Vox
La portavoz de Plataforma 6F reivindica "acabar con esa maldita Agencia 2030 que nos está asfixiando" o "hablar de la Ley de Cadena Alimentaria", un discurso similar al que promulgan partidos políticos como Vox. En la misma rueda de prensa, Guzmán defendió que "en la protesta solo habrá una bandera, la española, que llevará un crespón negro por el luto que vive el sector".
Sus exigencias contemplan la derogación del Pacto Verde Europeo, no ratificar el tratado de Mercosur, revisar los acuerdos internacionales de Libre Comercio o derogar las leyes nacionales de Cambio Climático, de Restauración de la Naturaleza, de Bienestar Animal o la que regula la aplicación de la Política Agraria Común (PAC), entre otras.
