Alvise Pérez busca como salvarse de su posible imputación por un presunto delito de financiación ilegal. Fuentes próximas al eurodiputado aseguran que, el líder de Se Acabó La Fiesta recurrirá a un antiguo escrito del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, para demostrar que no había delito en la causa por la que se le investiga.
El compendio de Luzón, especializado en derecho penal, recoge en concreto que las donaciones destinadas a gastos electorales "quedan fuera del ámbito penal". Luzón explica, además, que "cualquier infracción de las normas en materia de financiación electoral de partidos políticos resulta atípica" y que "se da la paradoja de que la financiación ilegal de la actividad habitual de los partidos políticos será delito bajo las condiciones del art. 204 bis de la LO 8/2007".
El fiscal añade además que "no será delito la financiación de los gastos y campañas electorales que contravenga esta norma". Esto, por tanto, podría ser la estrategia de la defensa de Alvise, según fuentes próximas a la investigación: "Si el propio fiscal asegura en un propio compendio que la financiación de la campaña electoral no supone la comisión de un delito, entonces la causa podría saldarse con la victoria de Alvise".
Por su parte, la normativa vigente, la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, recoge sólo que los partidos políticos no podrán aceptar o recibir "donaciones procedentes de una misma persona física o jurídica superiores a 100.000 euros anuales".
"¿Pacto con la Fiscalía?"
En paralelo, de acuerdo a fuentes jurídicas, el entorno del eurodiputado se plantea si la denuncia del empresario Romillo habría podido suponer un posible pacto con la Fiscalía General del Estado para salvaguardar sus bienes a cambio del "hundimiento" del político: "¿Por qué utilizó Anticorrupción para interponer la denuncia y no una comisaria de Policía como haría cualquier ciudadano?", se cuestiona. Al parecer, las empresas de Romillo comenzaron a ser investigadas tan solo un mes después de que el empresario entablara contacto con el eurodiputado. Y esto, precisamente, podría haber sido el motivo que habría conducido a Romillo a denunciar a Alvise.
El origen de la investigación
El pasado mes de octubre Anticorrupción asumió la investigación que busca probar si el eurodiputado cobró o no 100.000 euros en metálico del empresario Álvaro Romillo, alias 'Cryptospain', para financiar su campaña electoral. De hecho, la Audiencia Nacional acordó la apertura de diligencias contra la trama Madeira Club Investment, la red que precisamente posibilitó el dinero al eurodiputado, después de que se presentaran tres denuncias por una presunta estafa piramidal.
El empresario Romillo y su padre, Domingo Romillo, junto a otros socios, crearon este complejo entramado societario que, al menos, suma tal y como adelantó este periódico 26 sociedades y llegó a estafar, presuntamente, 600 millones de euros a más de 2.000 inversores prometiendo rentabilidades de más del 50%.
Los afectados invertían el dinero en criptomonedas, arte, coches de lujo y promociones inmobiliarias, como la que se iba a construir supuestamente en el Caribe dominicano, con villas, un centro comercial y un hotel de lujo; o unas naves en Illescas, en la provincia de Toledo. "Gran parte de las inversiones eran ficticias y no hay nada detrás. Es probable que el 80% del dinero captado estuviera en criptomonedas", aseguran fuentes próximas a la investigación.
La red
La trama, que tenía intereses tanto en España, como en Portugal, Estonia, República Dominicana y Estados Unidos, gestionaba fondos a través de cuentas bancarias en el país vecino y utilizaba estructuras corporativas de Nuevo México (EEUU), donde está registrada Proelucyon LLC. Esta compañía es, además, una de las piezas principales del entramado, que ofrecía servicios de ocultación de activos a través de la mercantil Senitel, la sociedad de seguridad de cajas fuertes de la que Alvise recibió los 100.000 en metálico.
La red tenía inversiones, además, en los restaurantes Negro Carbón, con locales en Madrid y Andalucía. También en Portugal, Domingo Romillo, junto a una empleada del banco transilvano Blogul BT Mihaela Munteanu, montó varias empresas, como Sabroso LDA, una mercantil dedicada a la restauración que habría servido para captar fondos. Munteanu se dedicaba al blanqueo de capitales y habría ayudado a facilitar la operativa internacional. El entramado, no obstante, se extiende hasta Albania, donde operan a través de Wingwort, dedicada al alquiler de inmuebles. En cualquier caso, todas eran sociedades pantallas de Madeira Invest Club.
