Los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes de toda España están obligados desde este jueves 10 de abril a aplicar la nueva tasa de basuras, un tributo cuyo objetivo es sufragar la recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos.
Algunos municipios españoles ya cuentan con tasas similares, pero la novedad es que a partir de ahora es obligatoria, cuando se cumplen tres años de la entrada en vigor de la Ley 7/2022 sobre residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Esta nueva tasa obedece a los objetivos medioambientales impuestos por la Unión Europea y que todos los países miembros deben adoptar, con el fin de alcanzar el 55% de reutilización de residuos en 2025 y el 65% en 2035.
Sin embargo, ha generado un gran revuelo, debido a las diferencias que se darán entre unos ayuntamientos y otros, puesto que se aplicará de manera discrecional, de tal forma que el importe variará en función de la zona. El secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), Luis Martínez-Sicluna, ha calificado la ley como una "regulación defectuosa".
Según la Organización de Consumidores (OCU), mientras que en algunos municipios el importe de la tasa es fijo, en la mayoría es variable de acuerdo a una serie de criterios, como pueden ser el valor catastral, calle, personas empadronadas, consumo de agua, riesgo de exclusión social, la condición laboral, etcétera.
Otro motivo de debate ha sido la cuestión sobre quién ha de pagar dicha tasa, si el propietario o el inquilino. Según la ley de Haciendas Locales, deberá pagar la tasa la persona que resulte beneficiada por el servicio (es decir, el inquilino).
Mientras que formaciones como el PSOE y otros grupos de izquierdas defienden medidas para una gestión más eficaz de los residuos que haga pagar más a quien menos separe o recicle o lo haga incorrectamente, el PP sacó adelante en el Senado una proposición para modificar la ley y eximir a los ayuntamientos de la obligatoriedad de cobrar la tasa, recoge EFE.
