El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este jueves en el Museo Reina Sofía de Madrid el proyecto estratégico 'España 2050', con el que pretende abrir una reflexión colectiva y plural sobre los retos de futuro del país tras la pandemia. El plan se recoge en el documento Fundamentos y Propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo, de más de 600 páginas y elaborado por expertos y bajo la supervisión de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del País a largo plazo, departamento de Moncloa auspiciado por Iván Redondo, jefe de gabinete de Sánchez.
Durante la presentación, Sánchez ha asegurado que se trata de un documento "abierto" que se someterá a un "debate nacional" en el que ha invitado a participar a todos los españoles, también a los partidos políticos, las comunidades autónomas y los municipios, de cara a decidir "el país que queremos dentro de 30 años".
El documento, que analiza los nueve grandes desafíos a los que se enfrenta España y se marca 50 objetivos, no está "cerrado, es un documento vivo" y una "primera propuesta" que servirá de base para "un gran diálogo nacional" que se celebrará en los próximos meses.
Mercado laboral
El objetivo más ambicioso del plan pasa por reducir una tasa de desempleo del 18% -con datos hasta 2019- a un 12% en 2030, a un 10% en 2040 y a un 7% en 2050. Costaría 30 años acercarse a la media europea -un 8%-. Del lado inverso, según las proyecciones, la tasa de empleo se situaría en el 68% en 2030, en el 72% en 2040 y en el 80% en 2050. En este horizonte, la tasa de empleo de las mujeres debería elevarse del 57% actual al 82% y el paro juvenil debería descender desde las tasas actuales del 40% al 14%.
Según el plan, el PIB español podría crecer a tasas promedio del 1,5% anual en las próximas tres décadas si se incrementa la productividad en un 50% de aquí a mediados de siglo y aumentan las tasas de empleo. "Esto nos permitiría recortar la brecha en renta per cápita que nos separa de la UE-8", ha señalado el Ejecutivo.
Para conseguir una mayor productividad el plan pone el foco en una progresiva reducción de la jornada laboral. El objetivo del Gobierno es que la media de horas trabajadas a la semana, que ahora mismo se sitúa en 37,7 horas con datos hasta 2019, pase a ser de 37 en 2030, 36 en 2040 y 35 en 2050. La convergencia con las ocho principales economías de la UE -con una media de 35,4 horas- tardaría casi tres décadas.
En esta línea, el Gobierno estima que la transición energética se traducirá en un aumento neto de empleo de en torno a 250.000 personas, de media al año, y en un incremento en el nivel del PIB próximo al 2% respecto a un escenario tendencial en 2050.
El texto señala que se tienen que corregir algunas "disfuncionalidades normativas" si se quieren sentar las bases de un mercado laboral más eficiente y equitativo. Es por ello por lo que apuesta por revisitar la regulación laboral, la negociación colectiva y las políticas activas de empleo.
Respecto a la regulación laboral, dice que la contratación temporal sigue teniendo un peso "excesivamente elevado" en el mercado laboral español, que se traduce en una alta volatilidad al fomentarse el ajuste extensivo basado en contratar y despedir, en lugar de favorecer el ajuste intensivo, en el que las empresas y los trabajadores negocian cambios en los salarios o las horas trabajadas.
Subidas de impuestos
En materia fiscal, el plan tiene como objetivo elevar la recaudación fiscal hasta el 43% del PIB en 2050, ocho puntos más que ahora y reducir a la mitad la economía sumergida, desde el 20% al 10% del PIB. El texto apunta que en 2019 la recaudación fiscal de España fue del 35% del PIB frente a una media de 41% de la UE-27 y del 43% de la UE-8, por lo que el objetivo del plan 'España 2050' es situar este porcentaje en el 43% del PIB en 2050, con dos pasos previos: lograr el 37% del PIB en 2030 y el 40% en 2040.
En el ámbito internacional, indica que se debe trabajar para lograr una atribución equitativa de la recaudación entre países, y añade que si finalmente no se alcanza un acuerdo en la OCDE, España debería impulsar en la UE la implantación del sistema de 'Base Imponible Común Consolidada', además de una solución multilateral para gravar a las grandes empresas de servicios digitales y la implantación de un tipo efectivo mínimo en este impuesto.
La reforma "integral" de los impuestos sobre la renta, el patrimonio y sucesiones y donaciones para eliminar los incentivos fiscales a favor de la inversión en activos relacionados con el patrimonio inmobiliario, elevando la tributación efectiva del capital hasta situarla en línea con los países de la UE-15, es otro de los objetivos que se marca el Gobierno a largo plazo.
Asimismo, asegura que debe replantearse el papel del Impuesto sobre el Patrimonio y del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en las haciendas autonómicas "para evitar estrategias de competencia fiscal indeseables", las cuales "minan" el alcance recaudatorio y progresivo de estos impuestos y el principio de igualdad.
También apuesta por modificar los impuestos especiales, elevando los tipos de gravamen sobre bebidas alcohólicas, tabaco y combustibles derivados del petróleo -diésel y gasolina- hasta converger con los establecidos en los principales países de la UE, y por crear un marco de incentivos e instrumentos fiscales que promueva la transición ecológica.
Finalmente, y de cara a los cambios tecnológicos de aquí a 2050, el Gobierno aboga por reconsiderar las bases y los tipos de la imposición sobre el trabajo en el IRPF, adaptándolos según los efectos que el cambio tecnológico tenga sobre el mercado de trabajo y la desigualdad salarial en las próximas décadas.
Menos avión y gravamen al coche
El Gobierno también recomienda en el documento prohibir los trayectos que se realizan en avión y que tengan una alternativa para viajar en tren inferior a las 2,5 horas de duración, con el objetivo de disminuir el impacto medioambiental del transporte aéreo.
Igualmente, el Ejecutivo propone la introducción de una tasa de viajero frecuente o el establecimiento de impuestos sobre los billetes de avión según la cercanía del destino, lo que ayudaría a limitar sus externalidades negativas y a aproximar su tratamiento fiscal al de otros medios de transporte.
Para conseguir ese objetivo, el Gobierno también plantea ajustar la fiscalidad del transporte por carretera al uso real del vehículo, es decir, pasando de los actuales figuras fiscales sobre la compra, circulación y combustibles, a un impuesto sobre el uso medido real del vehículo que tenga en cuenta sus características, como el peso, potencia, emisiones de contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero.
Menos optimismo con las pensiones
En el capítulo de las pensiones, el documento reconoce la presión que el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida ejercerá sobre el sistema, lo que podría dejar "obsoleta" la edad legal de jubilación a los 67 años.
Según el informe, en 2050 por cada persona mayor de 64 años habrá 1,7 personas en edad de trabajar, frente a las 3,4 actuales. Los distintos ejercicios de simulación realizados sugieren que, en España, el gasto en pensiones contributivas se situará en una horquilla de entre el 15,2% y el 16,9% del PIB en 2050 frente al 10,8% de 2019, añaden.
Entre las propuesta en este punto, el plan considera que la jubilación a los 67 años, que será la edad legal en 2027, "no es un umbral bajo" en el contexto europeo, aunque constituye "un límite estático que puede quedar obsoleto a medida que aumente la longevidad".
Y añaden que una vía alternativa puede ser actuar sobre la edad efectiva de jubilación, ofreciendo incentivos que logren fomentar la permanencia en el mercado de trabajo después de la edad ordinaria.
Para neutralizar la pérdida de fuerza laboral que supone el envejecimiento de la población, expone el documento, "habrá que aumentar las tasas de empleo de las mujeres, los jóvenes y las personas mayores de 55 años; incentivar la inmigración legal, y potenciar la recuperación y atracción de talento".
Medidas en vivienda
En materia de vivienda, el Gobierno prevé crear un marco fiscal adecuado para elevar la oferta de alquiler a precios asequibles y favorecer el acceso de los hogares con menores rentas bajas, con especial énfasis en los ámbitos territoriales sujetos a mayor tensión.
Además, propone incentivar formas de tenencia alternativas a las tradicionales de compra o alquiler, como la propiedad temporal y la propiedad compartida, adaptándolas a la realidad española. Asimismo, cree que la economía colaborativa también podría irrumpir en el mercado de la vivienda.
También busca fomentar el alquiler de la vivienda vacía. Para ello, propone la creación o mejora de bolsas de intermediación pública de alquiler y marcos de colaboración público-privados que contribuyan a una mejor gestión (partenariados o modelos similares a las housing associations).
En el documento se contempla incrementar la disponibilidad de vivienda pública y social, establecer mecanismos de protección sobre el patrimonio público de vivienda, así como reservas de suelo para vivienda protegida en alquiler. Entre los objetivos recogidos en el texto se encuentra también incrementar el porcentaje anual de viviendas rehabilitadas de modo que en 2050 se rehabilite al año el 2% del parque total.
El Ejecutivo considera que habrá muchas personas que no podrán acceder a una vivienda digna y adecuada sin el apoyo del Estado, por lo que se cree que la demanda potencial de vivienda social en España casi se duplicará en la próxima década, pasando de los 1,5 millones de viviendas que algunos estudios calculan necesarias en la actualidad, a 2,6 millones en 2030.
800.000 estudiantes menos
El Gobierno calcula que de aquí a 2050, España tendrá 800.000 estudiantes menos de entre 3 y 15 años debido a los cambios demográficos que se producirán en el futuro cercano, en los que se prevé un estancamiento en la natalidad, o casi un millón menos de estudiantes hasta los 24 años, según recoge el plan.
Sin embargo, el Ejecutivo no ve esto como un "drama" sino como una "oportunidad", según ha asegurado Sánchez. Así, gracias a ello, España "podrá duplicar el presupuesto por alumno hasta equipararlo con el que ya tiene Dinamarca sin incurrir en un incremento significativo del gasto público", según recoge el plan.
