¿Cuánto le costará al Estado la rebaja del IVA sobre alimentos y el transporte gratuito?

Pedro Sánchez anunció ayer la prórroga de algunas de las medidas anticrisis durante 2024, una de las incógnitas que faltaba por despejar ante la ausencia de Presupuestos y de Gobierno. Con la repetición del líder socialista como Presidente, el futuro Ejecutivo afronta un inicio de legislatura marcado aun por la crisis de precios y las ayudas sociales. Al extrapolar el gasto en 2023 de la rebaja del IVA sobre algunos alimentos y el transporte gratuito, se puede aproximar el gasto público de estas dos medidas estrella: según la Auditora Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), un coste público cercano a 3.700 millones de euros si se mantuvieran durante todo el próximo curso.

En 2023, el impacto estimado por la AIReF ha sido de un punto del PIB, aunque por le momento no todas las medidas están prorrogadas. El futuro Ejecutivo anunció la extensión de la rebaja del IVA de los alimentos hasta junio del 2024, seis meses más de lo previsto inicialmente. Además, en este paquete de medidas destaca la gratuidad del transporte público para menores, jóvenes y desempleados a partir de enero del próximo año, o nuevas ayudas a los tenedores de hipotecas y al alquiler.

La rebaja del tipo del IVA del 4% al 0% para todos los alimentos de primera necesidad y del 10% al 5% para los aceites de oliva y de semillas y la pasta, que en un principio estaba prevista solo durante el primer semestre de 2023 y se prorrogaron hasta final de año por la persistencia de la inflación subyacente, tendrán un coste ligeramente superior a 2.200 millones de euros este año. Aunque, eso sí, está por ver si el consumo se comporta de la misma forma el próximo ejercicio y si, además, la bonificación sobre los alimentos va más allá de junio.

Por su parte, poniendo sobre la mesa los datos facilitados por la auditora pública, las ayudas sobre el transporte tienen un impacto de 1.460 millones de euros durante 2023 que podría replicarse en 2024: las tarjetas multiviaje de Renfe y las de los viajeros por carretera suponen 700 millones, más otros 760 millones en ayudas canalizadas a Comunidades Autónomas y Entidades Locales. En este plan, además, se incluiría la bonificación del carburante a algunos profesionales por valor de 39 millonesa dicionales.

Medidas en el aire e impacto

La AIReF estima que las medidas para paliar la subida de precios de la energía y los alimentos reducirán los ingresos unos 5.800 millones de euros en 2023, lo que supone cuatro décimas de PIB. Sin embargo, anunciadas simplemente están las relativas a los alimentos, de tal forma que la reducción de 2.300 millones en ingresos por la energía de momento no se tiene en cuenta en el escenario fiscal del próximo curso. Además, la menor recudación por impuestos especiales de la electricidad son otros 1.300 millones menos en ingresos (y ya fueron más de 2.000 millones en 2022).

El impacto estimado de la pérdida de recaudación por la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción Eléctrica es de unos 2.600 millones en 2023. La suspensión del IVPEE18 se aplica desde el tercer trimestre de 2021 hasta el 31/12/2023, extendiéndose su efecto hasta 2024, porque el último trimestre de cada año se ingresa en el primer trimestre del siguiente. El incremento de precios de electricidad implica que los ingresos por esta figura habrían pasado de unos 300 a unos 700 millones por trimestre, por lo que la AIReF valora su impacto durante 2023 en 2.600 millones y en unos 700 millones en 2024.

El escenario central previo a los acuerdos políticos y la sesión de investidura que confirmará a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno ya es diferente. El Plan Presupuestario del Gobierno valoraba un escenario fiscal inercial, es decir, sin nuevas medidas adicionales. Mismo escenario que manejaba la AIReF y, de hecho, el único en que tanto el Gobierno como la auditora pública coincidían: solo se cumple la rebaja del déficit al entorno del 3% sin nuevas medidas de gasto o menores ingresos. Ahora, el Gobierno tendrá que confiar en más recursos a través de impuestos para cumplir con los objetivos que le marca Bruselas.

Ayudas sin focalizar

Más allá del gasto público que implique la prórroga de las medidas anticrisis, lo que está claro es que la fórmula no cambia. El Gobierno dirige su apoyo de forma indiscriminada a todos los ciudadanos, sin ajustar el disparo por nivel de renta para hacer más eficiente el esfuerzo de las arcas públicas.

La Comisión Europea, a nivel comunitario, el Banco de España (BdE) y la AIReF a nivel nacional recalcaron la importancia de focalizar las ayudas en los grupos más vulnerables, teniendo en cuenta el nivel de renta, para centrar el uso de dinero público y ayudar más a aquellos que así lo requieren.

Detrás hay una maniobra complicada. Tal y como explicaba hace unas semanas el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón. "Es muy complejo focalizar en ayudas por consumo por el IVA: no te queda más que rebajar el IVA, sin distinguir por rentas, para bajar su precio", argumentaba el número dos de María Jesús Montero.

Aunque admitía que se puede deflactar el IRPF, focalizando así las rentas, no optaron por esa opción. Queda por despejar la duda de si las ayudas al transporte público pueden desgranarse de alguna forma por nivel de renta, tal y como han pedido las principales instituciones españolas y europeas.

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