Valencia
Los retrasos en los pagos a los proveedores de la Generalitat Valenciana vuelven a convertirse en un problema. Más de la mitad de las facturas que abona la Administración autonómica valenciana superan los plazos legales, según recoge el último informe anual elaborado por la Sindicatura de Cuentas.
En concreto, el órgano fiscalizador cifra en el 65% las facturas que superan los 60 días que se establecen en la normativa, incluyendo los 30 días para la aceptación y los 30 días adicionales para el pago.
Las facturas que se pagan tarde no sólo suponen un problema para los proveedores, sino que también tienen un elevado coste para las arcas de una de las Comunidades Autónomas más endeudadas y con mayor déficit año tras año. Los sobrecostes por los intereses e indemnizaciones de demora suponen alrededor de 100 millones de euros al año para el Gobierno valenciano.
El último informe de fiscalización de la Administración valenciana elaborado por la Sindicatura, que analiza el ejercicio 2023, revela que la Generalitat pagó ese año 37,4 millones de euros de intereses y 3 millones de euros de indemnizaciones por costes de cobro por la demora en el pago. Una cifra a la que hay que añadir otros 55,8 millones que se han registrado en la cuenta de acreedores pendientes pero que no se han imputado al presupuestos de ese año y cuyos intereses siguen subiendo al cierre de ese ejercicio.
Plazos que se alargan
En sus conclusiones, la auditoría de las cuentas autonómicas llama la atención sobre esos sobrecostes financieros y el elevado volumen en que se incumplen los plazos legales. Más de seis de cada diez facturas emitidas ese ejercicio por la Administración valenciana superó el periodo de pago tras analizar una muestra que incluyó 630.775 extractos registrados. Los síndicos valencianos subrayan que además de no cumplir la propia normativa, esos retrasos conllevan sobrecostes con "unos tipos de interés superiores a los de mercado" que ese año se fijaron entre el 10,5% y el 12% anual.
El propio informe señala que durante ese año los datos muestran una evolución negativa a medida que avanza el año. Así, el documento recoge que el periodo medio de pago (PMP) oficial se cumplía hasta el junio de 2023, en que se realizaron en el plazo máximo de treinta días previsto que se recoge en esa estadística que toma como punto de partida para empezar a contabilizar los plazos el momento de la aprobación de las facturas por las administraciones.
Sin embargo, "durante los meses de julio a diciembre el periodo medio de pago se ha incumplido, con una media de 34,6 días", refleja el informe, que además incluye que en el último mes del año se situó en 37,72 días de media, casi el doble que un año antes, en que alcanzaba los 19,25 días, y el nivel más alto en los últimos cinco años. Precisamente a medianos de 2023 se produjo el cambio al frente de la Generalitat Valenciana con la llegada de Carlos Mazón a la presidencia en lugar del socialista Ximo Puig.
Esa tendencia que se ha mantenido durante todo el año 2024 según la estadística oficial del conjunto de la Administración, que muestra que el periodo medio de pago ha superado el límite legal. Según la última cifra, la de octubre del año pasado, la Generalitat Valenciana superaba los 40 días y sólo Murcia y Asturias tardaban más en pagar a sus proveedores.
Escalada del gasto
Los retrasos en el pago a los proveedores es un síntoma más de uno de los viejos hábitos de la Administración valenciana con Gobiernos tanto socialistas como populares, La Sindicatura de Cuentas alerta año tras año del elevado volumen de gasto realizado sin incluir en los presupuestos y que acaba trasladando al déficit de años posteriores. En el año 2023 esas obligaciones reconocidas incluidas en la 'cuenta 411' volvieron a incrementarse un 16,6%, hasta 1.767,7 millones de euros, procedentes principalmente de Sanidad.
Otro de los puntos que vuelve a subrayar el informe anual son las 38 liquidaciones pendientes de concesiones sanitarias, pese a que la mayoría concluyeron hace años.
Ayudas y contratos por la DANA bajo lupa
La Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana, el organismo fiscalizador autonómico equivalente al Tribunal de Cuentas estatal, no deja pasar por alto la DANA pese a que su informe analiza el año anterior al que se produjo. Y también anuncia que una de sus labores fundamentales este año será fiscalizar tanto las ayudas como los contratos del Gobierno autonómico para hacer frente al desastre y la reconstrucción.
"Es seguro que el coste para la Generalitat Valenciana será cuantiosísimo, en forma de ayudas y en inversiones de reposición de infraestructuras, además de toda la inversión posterior necesaria para desarrollar medidas preventivas de cara al futuro con criterios de verdadera sostenibilidad medioambiental y resiliencia ante la emergencia climática", recoge su documento, en el que señala que aún no existe una "estimación fiable" de ese coste.
Eso sí, anticipa que esa elevada cuantía va a tener un fuerte impacto en la Generalitat "tensionando, sin duda, sus presupuestos, lo que podría suponer una elevada cifra de endeudamiento, si no recibe una adecuada financiación extraordinaria por parte de la Administración General del Estado".
Precisamente después de que los últimos Gobiernos autonómicos hayan disparado el gasto sin controles a través de la fórmula de los "expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto", la Sindicatura pondrá bajo lupa tanto los contratos de emergencias como las ayudas. En su auditoría de 2023 explica que esos expedientes de gasto que se contabiliza pese a no contar con crédito presupuestario, volvieron a crecer casi un 23%, hasta sumar más de 1.668 millones de euros.
Para ello realizará dos trabajos de fiscalización específicos. El primero será un informe especial sobre la contratación DANA 2024-2025 en el sector autonómico, que además complementará con auditorías sobre las empresas autonómicas Vaersa, una de las utilizadas para las actuaciones urgentes, y FGV, operador de la red de metro que se ha visto muy dañada. El segundo analizará las subvenciones y ayudas concedidas a los afectados.
