Hacienda establece tres fases en su protocolo de quitas de deuda. La primera de ellas se sujeta a un criterio de carácter económico financiero, como es el ajuste del reparto de la condonación por criterios poblacionales. No obstante, en las dos siguientes, toman importancia las cuestiones de carácter más político como la infrafinanciación –que el Ministerio circunscribe a cuatro territorios– o el premio o el castigo a las políticas impositivas de los Gobiernos regionales. Los principales rasgos de estas fases pueden resumirse en los siguientes puntos:
Deuda acumulada desde 2008
En concreto, calcula el diferencial entre la deuda asumida por las autonomías entre los 31 de diciembre 2009 y de 2013 (años de la gran recesión), y la registrada entre las mismas fechas del periodo comprendido entre 2019 y 2023, afectado por el shock de la pandemia y el impacto de la guerra en Ucrania.
En el primer periodo, la deuda aumentó en 109.582 millones y, en el segundo, en solo 29.272 millones, "lo que refleja el apoyo que han recibido del Estado", defiende el ministerio que lidera Montero. Una vez hallada la diferencia entre el pasivo acumulado en una y otra etapa -80.310 millones de euros- se fija la cuantía base sobre la que se levanta la propuesta de las quitas.
Población ajustada
El sistema apunta a que el 75% del diferencial de la deuda acumulada en ambas crisis se reparte en función del peso de la media de la población ajustada de cada CCAA entre los años 2010 y 2022. Esta distribución alcanza los 60.232 millones de euros y supone que la condonación media conjunta para todas las autonomías se sitúa en el 19% de su deuda a cierre del pasado 2023, último ejercicio disponible. En este punto, destacan las quitas a Canarias, Galicia o Asturias, a las que el primer corte les garantiza una condonación de entre el 33% y el 45% de su deuda con el FLA. Sin embargo, los de Montero aplican dos cortes más para hallar la cuantía final a la que podrán acceder las regiones que así lo quieran.
Nivelación de quitas
Para evitar agravios, el sistema desarrolla, como segundo criterio, que ninguna CCAA quede por debajo de la media de condonación por población ajustada. Por ello, eleva la condonación de aquellas comunidades por debajo de la media para garantizar que al menos tengan un 19% de condonación de deuda. Esta segunda fase compensa a Cataluña, Valencia, Murcia o Baleares, a las que el primer criterio les otorgaba una quita de entre el 11% y el 17%. Nivelar este porcentaje añade otros 11.514 millones a la condonación total ahora diseñada por el Gobierno.
Compensar infrafinanciación
Relacionado con lo anterior, Hacienda aprovecha el mecanismo para tratar de compensar la infrafinanciación que cuatro regiones arrastran como consecuencia de las deficiencias del sistema actual de reparto. Esta fórmula toma como referencia a la autonomía que hasta ahora presenta una mayor condonación por habitante ajustado: la Comunidad Valenciana con 2.284 euros. A continuación, se fija una condonación adicional hasta alcanzar ese mismo nivel para las CCAA que sufren un déficit de financiación entre 2010 y 2022, es decir, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha. Este criterio suma otros 10.590 millones a la cifra final. No obstante, Fedea denunció el miércoles que esta metodología no compensa lo suficiente el perjuicio que acumulan estas CCAA durante todos los años de vigencia del actual sistema de financiación.
El think tank considera que Valencia debería tener que recibir una quita par habitante un 39,2% mayor a la ofertada. Lo mismo ocurre con Murcia. Los de López Miras debería por contra con una condonación per cápita un 35,5% superior, para nivelar la pérdida de recursos que arrastra.
Premio al alza del IRPF
Por último, la propuesta presentada por Montero premia a aquellos Gobierno regionales que se hayan visto obligados a incrementar el tramo autonómico del IRPF para sanear sus cuentas durante los periodos de crisis. En concreto, se concede una condonación adicional del 10% para las comunidades que hayan ejercido "sus competencias al alza" por encima de la media y un 5% para las que lo hayan hecho por debajo de la media. "Se reconoce así el esfuerzo fiscal que exigieron algunas comunidades a sus ciudadanos para mejorar la situación presupuestaria y fiscal", apuntan fuentes de Hacienda.
En total, el sistema establece una quita de 83.252 millones de euros. El importe de deuda máximo a asumir por el Estado de cada Comunidad Autónoma será el 50% de su deuda a 31 de diciembre de 2023. Está previsto que el mecanismo sea aprobado a finales de 2025, una vez que Moncloa logre reunir los apoyos necesarios en el Congreso.
