El Gobierno ha dado este martes el último paso para enviar al Congreso de los Diputados el proyecto para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales con dudas de si será capaz de articular una mayoría favorable a la medida impulsada por Yolanda Díaz. El texto aprobado en segunda vuelta por el Consejo de Ministros incorpora algunos retoques al borrador pactado con los sindicatos siguiendo algunas de las recomendaciones del Consejo Económico y Social (CES), pero ignora las sugerencias que hacían referencia a una mayor flexibilidad y que podrían ser un guiño a las organizaciones empresariales o las formaciones más próximas a estos, como el PP, Junts o PNV.
"No es una norma más, es de máxima importancia para nuestro país. Es una ley que va a ayudar a que la gente sea más feliz" ha celebrado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La ministra de Sumar calcula que esta medida hará que los trabajadores hagan de media 48 minutos menos a la semana, lo que supone un recorte del 2,1% del tiempo de trabajo en términos porcentuales, ha señalado Díaz, haciendo referencia al moderado impacto que tendrá sobre los convenios de Cataluña -lo que se ha interpretado como un claro guiño a los posconvergentes-.
"Nadie se atreve a decir en abierto que está en contra de la reducción de la jornada laboral y es porque esta norma está ganada en la calle" ha apuntado la titular del ramo al ser preguntada por la postura de Junts. Díaz lee la amenaza de presentar una enmienda a la totalidad como una estrategia de negociación y alude a las declaraciones en las que transmiten que su preocupación son las pymes catalanas como una vía para explorar un acuerdo. La ministra da así por cumplido el papel del Gobierno, pese a tener que sortear aún el primer debate en el Congreso y traslada la presión a las fuerzas parlamentarias.
"Las formaciones políticas funcionan por sí solas, en Junts o en el PP no deciden los empresarios" ha fijado después de meses en los que todo tipo de organizaciones empresariales se han posicionado en contra del borrador para implementar esta nueva jornada laboral. CEOE y Cepyme dejaron claro su rechazo dentro y fuera de la mesa, mientras que Conpymes y Pimec hicieron un acto en Madrid en contra de este anteproyecto y múltiples patronales de carácter sectorial se pronunciaron en este sentido. Esta última patronal, encabezada por Antoni Cañete ha emitido un comunicado esta tarde que se reunirá con los diferentes grupos para "trasladar la inviabilidad" de la propuesta aprobada porque "no incorpora mecanismos esenciales para la gestión flexible de la jornada laboral" como la distribución irregular o las horas extraordinarias, que Trabajo desplazo de la mesa desde un inicio.
En este sentido, Díaz ha dejado totalmente abierto el marco de la negociación. La titular de Trabajo ha incidido en que su única "línea roja" es que acabe aprobándose este límite de 37,5 horas, sin cerrarse a modificar la entrada en vigor de la norma para retrasarla a 2026 con carácter general o en algunos sectores, en la línea demandada por el responsable de Economía, Carlos Cuerpos, o a valorar alguna de las medidas demandadas ahora por la patronal catalana y que no entraron en el perímetro de negociación. La gallega también ha recordado su predisposición a recuperar las ayudas de hasta 6.000 euros a las pymes que ya fueron rechazadas por CEOE, sin perjuicio de que pudiesen añadirse otras fórmulas de acompañamiento.
Estaba previsto que el Ejecutivo diera este visto bueno el pasado martes 29 de abril, pero el apagón ocurrido el lunes llevo al departamento a cambiar sus planes. Este margen de una semana ha dado pie a empañar aún más las opciones de que esta norma supere la tramitación parlamentaria, ya que Junts ha hecho pública su intención de presentar una enmienda a la totalidad para evitar que la ley llegue incluso a debatirse en la Cámara Baja tan solo unos días después de que Pimec, la patronal catalana a la que Díaz se aferra como principal vía de negociación, viajase a Waterloo para explicar a Carles Puigdemont los aspectos más nocivos para las pymes de la propuesta actual de jornada.
Díaz confía en ser capaz de lograr un acuerdo, a través de las medidas dirigidas a las pequeñas y medianas empresas que Economía quería incluir ya en esta primera fase, lo que generó un choque importante entre ambas carteras a inicios de año. Este era otro de los puntos señalados por el CES en el dictamen publicado en febrero: "es imprescindible que se aplique una política de medidas de acompañamiento, complementarias a las de adaptación que se puedan llevar a cabo por parte de la negociación colectiva, con el objetivo de facilitar el cumplimiento y la aplicación eficaz de la norma por las empresas". Trabajo también establece un régimen transitorio para adaptar los tiempos de los profesionales que no estén amparados en un convenio colectivo, sin embargo, aunque de momento solo deja hasta el 31 de diciembre para adaptar los convenios ya negociados.
Además de recortar el tiempo de trabajo en promedio anual, pese a que se usen estas 37,5 horas a la semana de referencia, la norma también pretende modificar la normativa para el registro horario y endurecer las sanciones para las empresas que incumplan esta obligación, con lo que podrían llegar a 10.000 euros por trabajador. Esta referencia al registro de las entradas y las salidas del puesto de trabajo (y también de las pausas) es uno de los que más preocupa en las filas de CEOE y Cepyme, puesto que se busca garantizar el acceso en remoto a la Inspección de Trabajo, lo que entienden que conlleva importantes riesgos de seguridad para sus compañías. El Gobierno también pretende reforzar el derecho de los trabajadores a desconectar fuera del horario de trabajo, no responder a llamadas o mensajes, pero esta garantía ya está recogida en otra norma.
Otra de las claves es que esta reforma del tiempo máximo de trabajo se traducirá en una mejora salarial para los dos millones de trabajadores con jornada parcial a los que el Gobierno estima que afectará esta norma. El motivo es que el acuerdo firmado con los sindicatos en diciembre introducía una cláusula en la que se aclaraba que "las personas trabajadoras a tiempo parcial tendrán derecho a seguir realizando el mismo número de horas de trabajo que viniesen efectuando antes de la entrada en vigor de la norma", por lo que tendrán que mejorar su retribución como consecuencia de elevar el precio hora.
