Barcelona
Tras la convalidación del tercer y último decreto de suplemento de crédito, la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha afirmado que su voluntad es iniciar las negociaciones para los presupuestos de 2026 "lo más pronto posible". La intención del ejecutivo autonómico es que las nuevas cuentas entren en vigor a principios de año.
Es el mismo objetivo que se fijó el Govern de Salvador Illa cuando llegó al poder a principios de agosto de 2024, aunque la convulsión en el seno de ERC, que atravesó un complejo periodo congresual, impidió alcanzar este objetivo. Ahora esta fase se ha superado y, además, la intensa negociación tanto con los independentistas como con los comunes ha puesto las bases para nuevos entendimientos con el PSC que deberían reflejarse, a la vuelta del verano, en un proyecto de nuevas cuentas públicas.
"Nos gustaría empezar lo antes posible, siempre lo hemos dicho, y que se puedan también ser efectivos a principios de año, pero en todo caso esto no depende solo del Govern", insistió Romero. Afirmó que esperarán a que el Gobierno fije el marco presupuestario para el próximo ejercicio, algo que "normalmente se hace durante el verano". En función de los datos económicos que se trasladen firmará la orden para poner en marcha el mecanismo para el diseño de presupuestos.
Sobre las principales exigencias de ERC y comunes en futuras negociaciones —verbigracia, la financiación singular y la vivienda, respectivamente—, la consellera sostuvo que en los distintos suplementos de crédito ya se ha alcanzado "la cifra más alta" de inversión de la Generalitat en políticas de promoción de vivienda.
Por otro lado, enfatizó que se está trabajando para cumplir los compromisos respecto a la financiación. Este mismo junio, el ejecutivo catalán debe dar a conocer la letra pequeña de la llamada "singularidad" del nuevo modelo de financiación, elemento que se convirtió en la piedra de toque del acuerdo entre republicanos y socialistas para investir a Illa.
"Esperamos que esta confianza se pueda ir fortaleciendo y que esto sirva, evidentemente, pues para negociar no solo unos presupuestos, sino también muchísimas otras cosas que tenemos por delante", añadió Romero.
Respecto al decreto ley para posponer la entrada en vigor de la nueva tasa turística, contra el que se posicionó el Consell de Garanties Estatutàries, la dirigente reiteró la voluntad del Govern de convalidarlo. "No es un informe vinculante", puntualizó. La iniciativa está tramitándose como proyecto de ley y, según Romero, está en manos de los grupos parlamentarios "ver qué modificaciones se incorporan" al texto.