Barcelona
Cristina Vallejo se postula para liderar el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB). Además de coordinar el área de formación entre 2021 y 2024, la especialista en derecho inmobiliario se ha implicado activamente en las últimas juntas de Maria Eugènia Gay y Jesús Sánchez. En esta entrevista con elEconomista.es, la letrada repasa los principales puntos de su programa y anima a votar en las elecciones colegiales del próximo 19 de junio. "Si hay una legitimación en el voto, se reflejará una abogacía unida", expresa.
¿Por qué se presenta a las elecciones del ICAB?
Cuando empecé mi relación con el colegio, hace ya 25 años, lo hice como formadora en la Escuela de Práctica Jurídica. Al participar en la candidatura de Maria Eugènia Gay en 2017, me di cuenta de que formando parte de la junta de gobierno se pueden tomar decisiones en beneficio de todos los compañeros, no solo en el ámbito de la formación. Es una ilusión y una vocación de servicio que he ido forjando desde hace tiempo. Al final me dije, ¿por qué no? Lo que empezó como una ilusión ha terminado convirtiéndose en un orgullo de equipo impresionante y profesionalista.
Cuando lanzó su candidatura afirmó que era muy transversal. ¿Cómo han aunado sensibilidades?
Tanto yo como Jorge Navarro teníamos claro que la desafección en el colegio solo se puede combatir con un equipo en que todos se vean reflejados. Por tanto, si eres administrativista y te dedicas al sector público, que haya un administrativista en la junta. Si eres laboralista y tienes problemas porque un despido te está durando dos años, que haya un laboralista en la junta que te ayude. Lo mismo si eres civilista, penalista, abogado de empresa... Así hasta 16 posibilidades. Para nosotros también era importante la transversalidad respecto al tamaño de los despachos. En mi propio despacho somos tres socias, pero tenemos socios de despachos más grandes y también tenemos boutiques de sucesiones o derecho público.
¿Cómo ayudarán a los abogados más jóvenes con dificultades económicas?
La brecha económica puede darse tanto en los jóvenes como en los mayores. En medio también, pero normalmente por estadística se da en los más jóvenes y en los más sénior. Por eso también tenemos personas que pueden ayudar a los mayores en todo el tema de la mutualidad, dando mucha transparencia sobre cómo hacer la pasarela al RETE. Yo soy mutualista del 98, así que soy la primera interesada en tener toda la información sobre la mesa. Por otro lado, tenemos a tres jóvenes en la candidatura y hemos fichado al presidente del GAJ [Grupo de la Abogacía Joven], que ha luchado para que la formación cero y gratuita sea más transversal. ¿Cómo solucionaremos la brecha económica en los jóvenes? Primero, con formación. Cambiaremos la cuota colegial por horas de formación. No queremos que la brecha económica sea un motivo para que los jóvenes no vayan al colegio a formarse. De paso, remediaremos la desafección porque se verá un contenido a la cuota. Además, la cuota de incorporación, que son unos 300 euros, se fraccionará para quienes estén haciendo el máster de abogacía. ¿Que no puedes pagarla ni siquiera fraccionada? Daremos becas para no perder talento por una cuestión económica.
Becas entonces para abogados jóvenes.
No solo para la incorporación y la formación, sino también en el ámbito internacional. Si se requiere que te colegies en Londres o Nueva York, y no puedes permitírtelo, te ayudaremos para que la internacionalización tampoco sea un motivo para que no prosperes en tu carrera. Hemos contactado con universidades, con la Diputación de Barcelona... y realmente hay capital para subvencionar esta formación internacional. Hay mucho campo por explorar.
¿La internacionalización de los colegiados es una asignatura pendiente?
No. En el mandato de Maria Eugènia Gay se constituyó una comisión delegada que no existía, la Comisión de Derecho Internacional. Yo creo que ahora en 2025 las prioridades deben focalizarse en ciertos puntos estratégicos que están en nuestro programa, como la globalización, la inteligencia artificial y la formación. Quizá en el anterior mandato hubo otras prioridades, además se salía de una pandemia.
¿Las cuotas se congelarán?
Ahora venimos de dos años con las cuotas congeladas.
¿Seguirán así?
En principio, sí. No hay ningún motivo para que no sea así.
Hay otro colectivo que siempre reclama mejoras: el turno de oficio. Durante la etapa de Jesús Sánchez se pidieron 23 millones al Govern, de los cuales se han obtenido ocho. Por tanto, aún hay margen de mejora. ¿Qué plantean para ayudar a estos abogados?
Primero, seguir reivindicando sin parar y con la decana en la mesa. Representamos al 70% de la abogacía catalana y tenemos la suerte de que la abogacía en Cataluña está muy unida. Es cierto que las necesidades de Barcelona son diferentes a las de otros colegios y que Barcelona debe capitanear estas reivindicaciones. Dignificar el turno de oficio es muy importante, ya no solo por el dinero, sino para que se vea como una función pública de prestigio. Ambas cosas se retroalimentan. Por eso hablo de togas limpias. No es algo simbólico. Hay veces en que los propios trabajadores del colegio te dicen que no cojas una toga porque va sola... Las togas se pueden lavar cada semana y no cada tres meses. Otro ejemplo: al abogado que está de guardia de extranjería y va hasta el aeropuerto de Barcelona, le cuesta más el parking que la asistencia. Esto no puede ser. El Colegio de Madrid ha llegado a un acuerdo con Barajas. Yo no haré promesas que no sé si podré cumplir, pero sí tengo como compromiso trabajar sobre los costes en plazas de parking en las delegaciones, comisarías... Son pequeñas cosas, pero ayudan.
En el tema de los honorarios, ¿cómo terminará el expediente de la CNMC? ¿En algún momento se podrá tener una tabla indicativa de honorarios avalada por el regulador?
Por un lado, los recursos interpuestos contra las resoluciones espero que acaben fructuosamente y se retiren las sanciones. Pero a la vez debemos ser beligerantes: la ley orgánica del derecho de defensa nos dice que debemos hacer unos criterios. Es un mandato que nos da a los colegios. Lo que ha hecho muy bien Salvador González, como nuevo presidente de la abogacía española, es crear un grupo de trabajo para hacer unos parámetros a partir de los cuales los colegios elaboremos criterios. Eso parece que legalmente y competencialmente sería lo correcto. Terminaré el mandato con unos criterios de honorarios que acaben con la inseguridad jurídica. Es un compromiso firme.
¿Y las sanciones cree que se ejecutarán?
Esperemos que no. Están provisionadas, por lo cual no afectan al presupuesto. Las cuentas se aprobaron en abril ampliamente por los colegiados. Si los recursos llegan a buen puerto, será positivo porque el colegio recuperará este millón de euros que habría tenido que pagar.
Recientemente, el Govern ha anunciado nuevas medidas para reforzar la planta judicial. Desde su candidatura enfatizan este asunto. ¿Es un problema de recursos? ¿O es un problema de cómo se ordenan los recursos existentes?
Creo que se da una mezcla. Por un lado, hay una sobrecarga judicial por el incremento de la delincuencia y el aumento de las personas que viven en Barcelona. El poder judicial manifiesta cada año que hay más procedimientos y más denuncias. Todo eso debería ir proporcionalmente de la mano de la creación de nuevos juzgados. Hace años que reivindicamos una nueva planta judicial. La implantación de la ley orgánica de eficiencia es otro reto para esta junta. Estaremos atentos. Pero yo, que me dedico al derecho inmobiliario, he presentado dos desahucios el mismo día que han ido a dos juzgados y en un caso tengo las llaves y en el otro, tengo el juicio en septiembre. Luego, esto no se trata de medios, sino de organización interna.
¿Pero se habla de más juzgados y no de más jueces, no?
Son ambas cosas. Con la nueva planta judicial, como habrá secciones no hará falta un juzgado nuevo para que venga otro juez. Esto también ayuda. Aquí en Cataluña tenemos un problema añadido y es que dependemos de tres administraciones. El Consejo del Poder Judicial para los jueces; el Ministerio de Justicia, para los LAJ [letrados de la administración de justicia], y la Generalitat, para los funcionarios. Se deben poner de acuerdo los tres. ¿Qué sucedía hasta ahora? Que en el contexto político de Cataluña, no era una prioridad. Ahora que tenemos el mismo color político en las tres administraciones creo que es un buen momento para gobernar y para abordar lo que importa a los colegiados y los ciudadanos. Se ha hecho un nuevo juzgado de guardia en Barcelona y fíjate en los números: ahora se señalan juicios en solo un mes. Por tanto, los medios también ayudan.
Otra forma de descongestionar los tribunales son los ADR, los métodos de resolución alternativa de conflictos, que también impulsan en su programa.
Sí, efectivamente. La ley orgánica de enero vino con los Reyes Magos y nos debemos adaptar. Es un nuevo paradigma. En Inglaterra, es un prestigio alcanzar un acuerdo, incluso se percibe una minuta mayor. Pero aquí no lo tenemos interiorizado. El ICAB ha liderado muchísimo la abogacía colaborativa y yo recojo el fruto de los mandatos anteriores. Tenemos el primer programa formativo nacido en un colegio profesional sobre ADR, junto a la Universidad de Barcelona con la profesora Elena Lauroba. Además, Cataluña es la primera comunidad autónoma con un MASC público [siglas en catalán de Mitjans Adequats de Solució de Controvèrsies]. En Madrid no tienen justicia gratuita con un conciliador privado. Nosotros sí. Por todo esto en nuestro programa verás muchos compromisos concretos.
Hablemos de nuevo de formación. Usted ha sido responsable de esta área en el colegio durante varios años. ¿Cómo se puede vincular la formación con la IA, que preocupa a muchos profesionales?
En las visitas que hacemos estos días a los despachos vemos que hay preocupación con la IA. Los abogados se preguntan cuál es la herramienta más útil en función del derecho que aplican. Porque la IA también es sectorial. Por eso, como colegio haremos un primer estudio de mercado. Esto también lo heredamos del proyecto ALIAT de la biblioteca. En nuestra junta de gobierno, tenemos a dos expertos en IA que hablarán con editoriales, fondos de inversión, startups... para trasladarles que somos 24.000 abogados. Si podemos decirles que somos 100.000, toda la abogacía española, mejor que mejor. La abogacía unida puede conseguir que la IA no solo sea una cuota, es decir, que por estar colegiado en Barcelona tengas una IA que te la proporcione el colegio, sino también poner sobre la mesa los límites éticos en la utilización de la IA. Y volviendo a la formación, ahora ya existe CiberDRET, donde ya se hacen muchos talleres gratuitos de Excel, PowerPoint, PDF...
¿No es un poco viejuno?
Miles de personas pasan por estos talleres. Ahora debemos enfocarlos hacia la IA, para saber utilizarla y escoger la mejor.
También hablan en su candidatura del aspecto deontológico ¿Hay demasiada mala praxis no denunciada entre colegas?
No me consta que haya falta de vigilancia, porque la deontología ha sido siempre una función pública en práctica en el colegio. En muy poco tiempo, dos leyes han puesto en rango de ley orgánica la confidencialidad entre letrados. Veníamos luchando para que alguien dijera en la doctrina de forma unánime que si aportas un correo electrónico entre letrados es una prueba ilícita por vulnerar un derecho fundamental. ¿Cuál? El de defensa de la otra parte. Hasta ahora los jueces lo aceptaban, aunque se vulnera el secreto de las comunicaciones. Pero claro, si ninguna ley orgánica lo decía, eran solo normas deontológicas. No es que pongamos énfasis porque haya una disfunción, sino porque como Colegio de Barcelona debemos reforzar la deontología y, sobre todo, la formación en deontología.
¿A menudo se obra mal por desconocimiento?
Claro. Hablamos de una formación preventiva, porque a veces las cosas no se hacen por mala voluntad sino por desconocimiento. Aunque la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. ¿Cómo no debes saber que antes de mandar este mail debes llamar a tu colega? Parecen cosas sencillas, pero son muy importantes.
Entre sus propuestas también figura el decanato abierto. ¿De qué se trata?
El decanato abierto es otra medida concreta contra la desafección. Nos encontramos a muchos compañeros que nos preguntan: ¿Cómo entro al Colegio? ¿A quién llamo? ¿Cómo puedo formar parte de una sección? Un día a la semana, estos colegas podrán venir a la segunda planta y explicarme sus problemas. Es una manera de acercarnos personalmente al colegiado para que vean que el colegio es suyo.
¿Alguna idea para incentivar el catalán en el derecho?
Estoy muy motivada porque Mercè Caso, la nueva presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dijo en su discurso de incorporación que los abogados no pensaran que por escribir en catalán el juez tendrá algún prejuicio a la hora de dictar sentencia. Nosotros hablamos de catalán en el derecho porque tiene dos vertientes. Una es el idioma y la otra es nuestro derecho civil propio. Tenemos un derecho moderno, europeo, mucho más avanzado que el derecho común y del que debemos sacar pecho. No se puede juzgar en Barcelona si no se conoce la legítima catalana. Por tanto, no solo debemos reivindicar el idioma, sino también la identidad de nuestro derecho propio que ya viene de los Usatges.
Las votaciones son el próximo 19 de junio. Es verdad que, al igual que en otros gremios, la participación es muy baja. ¿Cómo animaría a los colegiados a ir a las urnas?
Estamos de ruta por Barcelona y compañero a compañero, llamada a llamada, visita a visita, les decimos que si realmente queremos hacer de lobi y queremos que se nos escuche, debemos legitimarnos con el voto. Si hay una legitimación en el voto, se reflejará una abogacía fuerte, unida, profesional. Y cuando nos sentemos en una mesa con la administración pública, podremos decir que el 40% o el 50% de la profesión nos respalda.