Naturgy invertirá unos 450 millones de euros (500 millones de dólares) en Panamá durante los próximos cinco años, al objeto de reforzar la calidad del suministro eléctrico y evitar un conflicto con las autoridades de consumo, que le han amenazado con revisar sus contratos. El propio Estado panameño tiene casi la mitad de la propiedad de la compañía en el país y está subsidiando a los consumidores.
Naturgy opera en Panamá en los negocios de generación –su filial GPG tiene cuatro hidroeléctricas con 22 MW en total–, prestación de servicios, y venta y distribución de electricidad. Esta última actividad es la principal y la desarrollan dos subsidiarias, participadas por el Estado en un 49 por ciento, la Distribuidora Eléctrica de Metro-Oeste (Edemet) y la Distribuidora Eléctrica de Chiriquí (Edechi). Entre las dos cubren más de 46.000 kilómetros cuadrados, y prestan servicio a 681.000 clientes en la capital y en las zonas de Panamá Centro, Oeste, Interior, Chiriquí, y Changuinola.
Ultimatum de 60 días
La calidad del suministro no alcanza niveles adecuados –según los datos de la propia Naturgy, tiene unas pérdidas superiores al 12 por ciento– y, a raíz de las constantes quejas de la población y las empresas, la Autoridad Nacional de Servicios Públicos (Asep) le lanzó un ultimato a mediados de junio: o presentaba un plan de inversiones para mejorar el servicio en un plazo máximo de 60 días, o procedería a revisar los contratos de sus distribuidoras, renovados en 2012 por un período de 15 años.
Por esas mismas fechas, Asep divulgó el resultado de las inspecciones realizadas a 8.000 kilómetros de las redes eléctricas desde 2015, en las que había encontrado numerosas deficiencias, como falta de podas y de importantes elementos de seguridad, tal que pararrayos o fusibles en derivaciones.
Las zonas en peor estado son dos de las operadas por Naturgy, Panamá Oeste y la zona interior, pero tampoco se libraba la otra distribuidora del país, Ensa; en el período, Asep les ha sancionado a las tres con 6,7 millones por las irregularidades detectadas.
De fondo hay un problema de insuficiencia de ingresos: lo abonado por los consumidores no cubre los costes regulados del servicio eléctrico. De hecho, durante el primer semestre del ejercicio, el Gobierno promovió un subsidio de más de 100 millones para evitar un aumento de las tarifas de los consumidores, con independencia de su nivel de consumo, pero aún no se sabe de qué partida presupuestaria van a salir más de 70 millones y se baraja usar el presupuesto de 2020.
Plan de 324 millones
Sea como fuere, Naturgy le presentó a Asep un nuevo Plan de inversiones, exclusivamente para reforzar las redes, por unos 325 millones, el pasado 24 de julio. El documento contempla la modernización de las infraestructuras, la implantación de herramientas para reducir la duración de las incidencias, nuevos puntos de inyección de energía en alta tensión para zonas rurales, nuevos circuitos de respaldo en media tensión, con cables forrados o ecológicos, y la construcción de nuevas subestaciones.
Asep tiene que evaluar la propuesta inversora de Naturgy y aprobarla, pero la empresa no se ha quedado ahí: la semana pasada, José García Sanleandro, director de Negocio de la división de Infraestructuras Latinoamérica Zona Norte de la compañía –que engloba Panamá y México–, anunció la inversión de unos 450 millones durante los próximos cinco años, tras mantener una reunión con Héctor Alexander, el ministro de Economía y Finanzas, para analizar la situación y entregarle 9,5 millones correspondientes a la participación del Estado en los beneficios de 2016.
Naturgy, consultada por elEconomista, solo ha querido subrayar su buena relación con el Gobierno.
