La Audiencia Nacional ha desestimado un recurso contra la continuidad de la biofábrica de Ence en Pontevedra, rechazando todos los argumentos del colectivo ecologista recurrente, entre ellos que la actividad de la planta perjudique al medio ambiente. La Justicia todavía tiene que pronunciarse sobre la validez de la prórroga por 60 años concedida a la instalación; el fallo podría retrasarse por el coronavirus.
El Tribunal considera que la fábrica de celulosa de Ence en Pontevedra cumple con todos los requisitos de su Autorización Ambiental Integrada y que el recurso, presentado por la Asociación Pola Defensa de la Ria de Pontevedra (APDR), no acredita que se haya producido ningún incumplimiento.
Las instalaciones de Ence operan con estrictas medidas ambientales y de seguridad. Todas cuentan con la Ecoetiqueta Nordic Swan, concedida por los ecologistas países nórdicos, y la de Pontevedra, concretamente, dispone de la Distinción de Oro, otorgada por la Comisión Europea en 2015 como reconocimiento de sus mejoras en los 15 años anteriores.
APDR recurría una resolución del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del 24 de julio de 2015, que declaraba la caducidad parcial de la concesión en varios terrenos -los ocupados por la depuradora de Placeres, por el emisario submarino de efluentes anejo a la depuradora y por unas instalaciones deportivas-, manteniendo su vigencia en todas las demás parcelas.
Junto a APDR recurrió el Ayuntamiento de Pontevedra, cuyo recurso también fue subestimado por la Audiencia en diciembre de 2018.
Ence considera que estas sentencias confirman la solidez de su posición jurídica y sus argumentos sobre la renovación de la prórroga de la concesión por 60 años, concedida por el Gobierno en 2016 y también recurrida por la APDR y el Ayuntamiento, junto con Greenpeace. La empresa presidida por Ignacio de Colmenares confía en que su posición jurídica le permita resolver favorablemente el futuro de sus instalaciones en los tribunales.
Retraso del fallo de la Audiencia
El proceso judicial en la Audiencia -del que se descabalgó el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que defendía la validez de la prórroga otorgada por el anterior Ejecutivo- está en su última fase y la primera sentencia se esperaba para estos meses, pero con la crisis del coronavirus es muy probable que se retrase hasta el segundo semestre.
En el caso de que, tras recurrir durante varios años a todas las instancias posibles, se produjera el cese de actividad de la biofábrica, Ence calcula que afrontará una salida de caja de 74 millones: 43 millones a la desmantelación, 15 millones al expediente de regulación de empleo de extinción total, y 16 millones a la cancelación de contratos existentes.
De momento, la inversión de 250 millones prevista para ampliar la capacidad de la fábrica se destinará a la planta de Navia (Asturias) cuando el cuadro de solvencia financiera de la compañía lo aconseje.
En un comunicado de prensa, Ence expresa su firme compromiso con la sostenibilidad y su decidido propósito de contribuir a la salida de la actual crisis sanitaria y económica a través de un modelo de negocio que ahonda en los principios de la economía circular. La compañía trabaja para avanzar en la apertura y el diálogo con las comunidades con las que convive, y trabaja para aportarles empleo, bienestar y valor.
