Desde el 1 de septiembre, los conductores dejarán de pagar peaje en varias de las principales autopistas de Cataluña y Aragón. La reversión de las concesiones al Estado y la Generalitat convertirá en gratuitos estos tramos, que son de los más caros de España. Con ello, los usuarios dejarán de abonar los más de 600 millones de euros que pagan anualmente -antes de la pandemia- por usar estas vías. Una cifra que desde el Ministerio de Transportes elevan hasta los 752 millones solo por las autopistas estatales liberadas por el aumento de la demanda prevista, con lo que el importe, incluyendo las autonómicas catalanas se incrementaría hasta el entorno de los 850 millones. En función del tramo, cada conductor se ahorrará diariamente entre 2,8 euros y 28,85 euros.
En concreto, el próximo 31 de agosto finalizan dos concesiones de autopistas de peaje en España. Por un lado, Acesa dejará de gestionar los tramos de la AP-7 entre Salou y la frontera francesa y de la AP-2 entre Zaragoza y El Vendrell (Barcelona), titularidad del Estado. Se levantarán así las barreras en 478,3 kilómetros, de los que 376 kilómetros discurren por Cataluña y 102 kilómetros por Aragón. Por otro lado, Invicat termina su contrato con la Generalitat para operar los 66,5 kilómetros de los tramos de C-32 Barcelona-Montmeló y de la C-31 y C-32 Montgat-Tordera.
En conjunto, por tanto, el próximo martes revertirán a las Administraciones un total de 544,8 kilómetros. De ellos, 442,4 kilómetros se ubican en Cataluña, que dejará de tener vías estatales de pago, y 102,4 kilómetros en Aragón. El 21,4% de la red de carreteras de pago en España dejará de serlo, limitándose a 1.998 kilómetros, es decir, apenas el 11,5% del total. Contrasta con el 100% que tienen tarificado (para vehículos ligeros y/o pesados) hasta 23 países europeos, el 86% de Italia, el 79% de Francia o el 38% de Irlanda. Chipre, Estonia, Islandia, Liechtenstein, Malta y Montenegro son los únicos Estados con todas sus carreteras gratuitas.
Desde el miércoles, los conductores se librarán de algunos de los peajes más caros de España. Así, con la supresión de las barreras en la AP-7 La Jonquera-Salou los usuarios dejarán de pagar 28,85 euros por coche, en la AP-7 Montmeló-El Papiol, 2,60 euros, y en la AP-2 Zaragoza-El Vendrell, 20,65 euros. En el caso de las carreteras de la Generalitat, en la C-31 y C-32 Montgat-Tordera el ahorro alcanzará los 4,93 euros, y en la C-33 Barcelona-Montmeló, los 1,12 euros.
La finalización de las concesiones genera un beneficio directo para los usuarios de las autopistas en cuestión. En el caso de las vías de Acesa e Invicat son en torno a 600 millones de euros -más de 500 y de 90 millones, respectivamente- anuales en pago de peajes. Sin embargo, conlleva un impacto sobre el erario público porque las concesionarias ya no pagarán impuestos y porque los gastos de mantenimiento tendrán que ser asumidos por la vía presupuestaria. El impacto de la reversión de estas dos concesiones se estiman en más de 300 millones de euros anuales para las arcas pública. Un efecto, este último, que repercutirá directamente en el déficit de conservación acumulado en la red de carreteras de España, que se encamina hacia cifras por encima de los 8.000 millones de euros.
La eliminación de los peajes de Acesa e Invicat se suman a las de Europistas (AP-1) en 2018 y de Aumar (los tramos de la AP-7 entre Tarragona y Alicante y el de la AP-4 Sevilla-Cádiz) a finales de 2019. Seopan, la patronal que aglutina a las concesionarias, calcula que el coste en la contabilidad pública de la reversión de las cuatro concesiones asciende a 477 millones al año.
Si la decisión del Gobierno de terminar con los peajes se prolongara a las concesiones de toda la red de carreteras en el futuro, el golpe para las Administraciones se elevaría hasta alrededor de 1.000 millones anuales. En este contexto el Ejecutivo se ha comprometido a implantar un modelo de pago por uso en todas las vías de alta de capacidad.
