Canarias y Baleares, los dos grandes polos turísticos de España, no tienen ni Uber ni Cabify. Pese a la fuerte demanda que reciben cada día (cientos de turistas abren sus aplicaciones para solicitar sus servicios en las islas), las plataformas no han conseguido empezar a operar en los archipiélagos y competir cara a cara con el taxi en uno de sus mercados más rentables por la falta de autorizaciones de Vehículo Turismo con Conductor (VTC).
Y es que, la oleada de este tipo de tarjetas de transporte no ha llegado a las islas, que tienen casi la misma flota que en 2015 mientras en el conjunto de España ésta se ha triplicado hasta las 11.200 actuales. Así, si en Madrid hay 5.277 licencias de VTC, en Baleares circulan 213, con un ratio 1/12, y en Canarias 230, con un ratio cercano al 1/30, cifras que no van a variar en los próximos años.
"Las ciudades a las que no han llegado Uber o Cabify es porque no hay suficientes licencias VTC para dar el servicio. Canarias y Baleares son dos de los mercados más interesantes para las plataformas por la cantidad de turistas que llegan cada día, pero morirían de éxito ya que no podrían cubrir la demanda", explican fuentes del mercado.
Pero, si es un mercado tan interesante ¿cómo han conseguido estas comunidades autónomas librarse de la oleada de VTC? Los casos del archipiélago del océano Atlántico y del mar Mediterráneo son diferentes aunque ambas tienen transferidas competencias especiales en transporte por carretera por su condición de insularidad.
En Baleares han confluido tres circunstancias que han permitido al Gobierno regional contener la expedición de las licencias que operan con Uber y Cabify y evitar que pusieran en marcha las 900 pendientes de entregar. Por un lado, el ejecutivo autonómico estableció por ley un ratio de 1/12 en 2014, lo que les ha servido para rechazar miles de licencias solicitadas en los últimos años. En la Península, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó el reglamento que fijaba el límite en 1/30 un año después.
Por otro lado, de las 900 pendientes, 700 fueron solicitadas por la Federación Independiente de Taxistas de Baleares, que finalmente no las ha puesto en marcha. El presidente de la federación, Gabriel Moragues, que quería las licencias para crear una marca blanca de Uber en las islas y hacer frente a un posible desembarco de las plataformas, no consiguió reunir los fondos ni el apoyo suficiente del gremio para comprar los coches y pagar los seguros que le permitieran activar las licencias preconcedidas. Éstas caducaron el 8 de septiembre y justo ese día envió un escrito renunciando a las mismas y otro a sus asociados explicando que había conseguido su objetivo de frenar a Uber y Cabify.
En cuanto a las otras 200 solicitadas por el fondo Ares Capital, que opera con la plataforma norteamericana de transporte, fuentes de la consejería de transporte balear explican a este diario que el Supremo obligó a repetir el proceso. En un primer momento se desestimó por un fallo en la presentación de documentos que ya se ha solventado y están a la espera de la resolución.
Aunque finalmente Ares consiga las 200 licencias, éstas no serían suficientes para que las plataformas desembarcaran en la isla. "Tendrían que estudiarlo, pero sería difícil asegurar el servicio", explican fuentes del sector. No en vano, Uber no entró en Barcelona hasta el pasado mes de marzo porque no había licencias suficientes para dar su servicio y competir con Cabify. En el último año se han disparado.
En cuanto a Canarias, ésta tiene su propia ley de transporte terrestre que modificó en 2014 para incluir el ratio 1/30 y, a su vez, cuenta con un órgano decisorio que tramita y estudia las solicitudes de licencias nacionales de VTC que le permitió ralentizar y frenar las mimas. "Canarias tiene total autonomía para regular sus carreteras y el transporte terrestre por su especial singularidad y en 2014 habilitó una herramienta jurídica legal que le permitió fijar el ratio", explican fuentes del Gobierno canario.
Esta singularidad llevó a la Comunidad a crear sus propias licencias de VTC autonómicas, cuya gestión está delegada a los cabildos. En total tiene 206 autonómicas y 46 nacionales, totalmente independientes unas de las otras. Es decir, Canarias sólo puede regular las locales mientras que las nacionales dependen del Estado. Otra comunidad que tiene VTC autonómicas es Cantabria, cuya existencia no evitado que el número de autorizaciones nacionales creciera en los últimos años hasta reducir el ratio a uno por cada dos.
Cantabria aprobó una ordenanza en 2004 para expedir sus propias licencias de VTC para regular los transportes por los Picos de Europa y, después, en 2009 promulgó otra para que las VTC-A también incluyeran los vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, después de que un señor presentara una queja por la ausencia de taxis adaptados a esta realidad. Según explica el gobierno cántabro, no necesitaron ninguna habilitación para crearlas y regularlas y todas las CCAA pueden hacerlo, eso si, no afectan a las nacionales.
Otro hito que ha alejado a Uber y Cabify de las islas es la sentencia del Supremo del pasado 4 de junio (921/2018) en la que avaló ratio 1/30. Y es que, en esa sentencia, el alto tribunal consideró "ajustado a derecho" que las VCT desarrollen el 80% de sus servicios en el ámbito de la CCAA donde esté domiciliada su autorización.
Esta medida evita que se trasladen a las islas cientos de vehículos de otras autonomías a dar el servicio todo el año. Además, con la flota de VTC actual, no hay masa suficiente para que compense llevar los vehículos a los archipiélagos un mes al año reduciendo su oferta en Madrid, Málaga o Barcelona, donde está el 70% del negocio.
