Madrid
Cataluña es la Comunidad Autónoma con más kilómetros de autopista de peaje de España, con 633. Una situación que ha sido altamente criticada por las autoridades catalanas aludiendo a la discriminación que padecen frente a Madrid. Supera a Comunidad Valenciana, con 367 kilómetros, y Galicia, con 327. Para encontrar a la Comunidad de Madrid en este listado hay que bajar hasta el octavo puesto, con 161 kilómetros.
Ahora bien, los datos siempre ofrecen lecturas diversas. Así, si se atiende al porcentaje de las vías de pago con respecto a la red de alta capacidad de cada autonomía resulta que La Rioja lidera esta clasificación con nada menos que el 64%. Se sitúa por delante del 41% del País Vasco y del 39% de Cataluña.
Las comparativas se pueden realizar también en función de la superficie de cada región. En este caso, País Vasco, La Rioja y la Comunidad de Madrid son las que más kilómetros de autopistas de peaje tienen. O en relación a la población, en cuyo caso figuran La Rioja, Navarra y Galicia como las que más vías de pago tienen por habitante.
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se ha impuesto como una de sus prioridades dotar a las infraestructuras de transporte del valor "como vertebradoras del hecho nacional y del proyecto colectivo que representan a España". "Los españoles tienen derecho a una vertebración coherente, lógica, equitativa y eficaz del territorio nacional a través de la política de transportes, que contribuya a una concepción de España, inclusiva y perfectamente reconocible por todos los ciudadanos residan en cualquiera de las Comunidades y ciudades autónomas", aseguró hace varias semanas ante un nutrido grupo de representantes de la clase política y empresarial.
Esa aspiración busca aplacar las denuncias vertidas desde algunas Comunidades Autonómicas, con Cataluña como máximo exponente. Se refieren también al papel predominante de la alta velocidad en Madrid, no sólo a las carreteras y sus peajes. "No es lo mismo quien ve las infraestructuras desde un esquema radial, a quien entiende la lógica de los corredores en red", ha afirmado el ministro.
Levantar las barreras
Una de las primeras decisiones que tomó Ábalos a su llegada al Ministerio en junio fue la de zanjar la incertidumbre en torno a las autopistas de peaje cuya concesión vencerá en la presente legislatura. Su antecesor, Íñigo de la Serna, había anticipado que los contratos no se renovarían, pero no había definido cuál sería el modelo de gestión en que quedarían. El nuevo ministro anunció que estas vías efectivamente revertirán al Estado y, además, que serán libres de peaje. Se trata de la AP-1 Burgos-Armiñón, cuyo vencimiento se consumará el próximo 30 de noviembre; la AP-7 Tarragona-Alicante y la AP-4 Sevilla-Cádiz, ambas con el final de su vida fijado para diciembre de 2019.
Estas autopistas discurren por Castilla y León, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, con un total de 552 kilómetros, el equivalente al 18,2% de toda la red de pago de España. En los próximos 14 meses, por tanto, vencerá casi la quinta parte de los 3.040 kilómetros que hay hoy de pago en España.
Su estatalización sienta precedente además para las autopistas que concluirán sus contratos en los años siguientes. En 2021 será el turno de los cuatro tramos de la AP-7 que circulan íntegramente por Cataluña, de la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo, que suman un total de 478 kilómetros. También entonces vencen las concesiones de la Generalitat a Invicat (C-32 y C-33), con 66,5 kilómetros.
Antes de cuatro años, por tanto, finalizan los contratos de casi 1.100 kilómetros de peaje en España, más de un tercio del total. Y esto lógicamente tiene consecuencias para las arcas del Estado, puesto que la reversión de estas vías implica que los costes de mantenimiento corren a cargo de las arcas públicas, que además dejan de recibir los ingresos fiscales que hoy se repercuten las concesionarias. En concreto, de acuerdo con los cálculos de Seopan, el impacto para toda la red asciende a 1.000 millones de euros -450 millones para las autopistas que vencen en la próxima década-, según los cálculos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan).
Si se confirma la reversión de las autopistas en los años venideros -la de la AP-1 Burgos-Armiñón se hará efectiva en un mes-, Cataluña verá reducido drásticamente el número de kilómetros de peaje en su red de carreteras (quedarían Túnels Barcelona Cadí y Aucat).
No obstante, por ahora el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez sólo afecta a las concesiones de esta legislatura y será responsabilidad del próximo Ejecutivo la decisión sobre Acesa.
Modelo de financiación
El ministro de Fomento ha repetido en varias ocasiones la necesidad de abordar la creación de un modelo nacional de financiación de infraestructuras, especialmente en el ámbito de las carreteras. De la Serna ya pretendió, sin éxito, alcanzar un gran pacto político. Ábalos ha abierto la puerta al debate parlamentario sobre esta cuestión y, en paralelo quiere implicar al sector privado. No en vano, ha encargado a algunas de las mayores empresas de infraestructuras españolas (Ferrovial y ACS) informes pormenorizados sobre cómo debería ser dicho modelo. Sobre esta cuestión Seopan presenta hoy un informe elaborado por A. T. Kearney.
Desde el sector privado se insiste en la necesidad de que sea el usuario quien se haga cargo del coste de las autopistas, en línea con lo que ocurre en el resto de Europa. Las vías de pago de España apenas supone el 18% de los alrededor de 16.700 kilómetros que conforman la red de alta capacidad. Un porcentaje que contrasta con el 100 por cien de Alemania, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Portugal, Croacia, Austria, Polonia y Grecia, entre otros, el 85% de Italia o el 80% de Francia. Y la diferencia, a tenor de los planes del Gobierno, se acentuará aún más en los próximos años.
