El Gobierno plantea que las indemnizaciones que España abone por perder arbitrajes de renovables sean detraídas de la retribución de las instalaciones verdes, pero las empresas señalan que no está claro si esa merma de ingresos afectará a todas las plantas o sólo a las que ganen sus litigios y piden que sólo afecten a los directamente beneficiados. Y apuntan que la medida podría derivar en un nuevo aluvión de reclamaciones.
Las principales patronales del sector de las energías limpias en España, AEE, Appa Renovables y Unef, valoran positivamente el Anteproyecto de ley por el que se fija para el período regulatorio 2020-2025 la tasa de retribución financiera de las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica y de producción en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares con régimen retributivo adicional y por el que se establece la rentabilidad razonable de las actividades de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos con régimen retributivo específico.
Así se recoge en sus alegaciones al proyecto normativo, a las que ha tenido acceso elEconomista, en las que pueden leerse expresiones como "aplaude" o "debe reconocerse el acierto de la iniciativa". No es para menos, porque atendiendo a sus peticiones de estabilidad retributiva, otorga a las instalaciones verdes posteriores a 2013 una tasa de retribución financiera del 7,09% durante toda su vida útil, frente a una tasa del entorno del 4,5% que debería aplicarse a partir de 2020 -y revisiones cada seis años- en función de la normativa aún vigente.
Además, para las 65.000 instalaciones anteriores a 2013, que experimentaron sucesivos recortes retributivos del entorno del 25%, el Anteproyecto plantea mantener la actual tasa en el 7,398% durante 12 años, en vez de rebajarla al citado entorno del 4,5%. Si no lo desean, pueden escoger la tasa del 7,09%.
Estas dos medidas se proponen con la intención de garantizar un marco estable para atraer la inversión al sector durante los próximos años -se barajan unos 235.000 millones de euros hasta 2030- y la segunda, concretamente, para evitar el planteamiento de nuevos procedimientos arbitrales y poner fin a los ya existentes.
Reclamaciones por 10.000 millones
Los inversores europeos no pueden reclamar ante las cortes de arbitraje los recortes retributivos, que superan los 2.000 millones anuales, pero España ya ha perdido parcialmente cinco de los siete pleitos fallados, hay otros 35 abiertos y otra veintena está en ciernes. Los laudos condenatorios suman casi 400 millones de euros y la propia ministra Teresa Ribera ha cifrado en unos 10.000 millones el monto total de las reclamaciones. Para el país es muy importante cerrar todos estos conflictos judiciales, que dañan la marca España, y las esperanzas están depositadas en esta nueva normativa.
Ahora bien, el Anteproyecto incluye una disposición de redacción confusa que establece que de la retribución regulada que obtengan las instalaciones anteriores a 2013 se detraerá el importe de las indemnizaciones o compensaciones derivadas de sentencias judiciales o arbitrales, hasta alcanzar el nivel resultante de aplicar la tasa financiera del 7,09%, correspondiente a las instalaciones posteriores a 2013.
Es decir, las plantas afectadas por el recorte retributivo cobrarán en función de una tasa del 7,398% durante 12 años, aunque se les restarán los pagos que haga el país en función de los litigios que pierda. Pero ¿a qué instalaciones afectará la medida? ¿A todas o sólo a las indemnizadas? Y si gana el litigio una sociedad que tiene sólo una parte de la instalación, ¿los demás partícipes se verán perjudicados por la merma retributiva sin recibir compensación alguna?
Las patronales señalan unánimemente que este punto debe aclararse y concretarse, para evitar discriminaciones contrarias a la legislación que anularían la seguridad y la estabilidad jurídica que se quieren aportar, y que podría derivar en un nuevo aluvión de litigios, precisamente lo que se busca evitar. Eso sí, mientras Appa y Aee piden que se especifique que únicamente serán los beneficiarios de las indemnizaciones por litigios los que verán mermados sus ingresos, Unef señala el problema con mayor detalle, pero no propone una solución.
Prorrogar las tasas toda la vida útil
Por otro lado, Appa y Unef también piden que el mantenimiento de la tasa del 7,398% a las instalaciones anteriores a 2013 durante 12 años debería extenderse a toda su vida útil, igual que se propone para las instalaciones conectadas después de ese ejercicio. Y Aee apunta, de un modo similar a Aeléc, que cabe la posibilidad de que el Anteproyecto deba someterse de nuevo a información pública por el traspaso de competencias desde el Ministerio para la Transición Ecológica a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
En la actualidad las renovables y la cogeneración perciben unos 7.000 millones de euros anuales y el impacto económico de la prolongación de las tasas de retribución, de acuerdo con la memoria de impacto del Anteproyecto, dependerá del número de instalaciones que se acojan a la tasa del 7,398% durante 12 años, aunque, en todo caso, se estima una reducción mínima de unos 10 millones en los costes sufragados pos los consumidores.
