REE pretendía incluir una subvención de 228,48 millones de euros otorgada por la Comisión Europea para construir la nueva interconexión con Francia como parte de su inversión en la infraestructura con derecho a retribución a cargo del sistema, es decir, los consumidores, por medio del recibo de la luz. La empresa presidida por Jordi Sevilla también quería inflar sus ingresos por operar la línea durante 40 años en 264 millones –igualmente abonados por los consumidores–, pero la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en un informe al que ha tenido acceso elEconomista, rechaza sus aspiraciones.
La regulación establece unas retribuciones estándar para las redes eléctricas, en función de sus características, excepto para las infraestructuras de carácter singular, entre las que siempre figuran los tendidos submarinos, los de corriente continua, y las estaciones conversoras de corriente alterna a corriente continua. En estos casos, REE debe solicitar al Gobierno un régimen retributivo concreto para la infraestructura en cuestión, a partir de sus costes de inversión y de operación y mantenimiento.
La futura interconexión eléctrica entre España y Francia a través del Golfo de Vizcaya, promovida por REE y su homólogo francés, RTE, es uno de estos proyectos singulares. Con 370 kilómetros de longitud –110 en territorio español y 260 en territorio galo–, conectará la subestación de Gatika (Vizcaya) con la de Cubnezais (Burdeos), por medio de un doble enlace en corriente continua de 1.000 MW y una capacidad de intercambio de energía de 2.800 MW a 5.000 MW. Recorrerá 90 kilómetros bajo tierra y 280 kilómetros bajo las aguas.
Inversión de 1.750 millones
A falta de realizar los diseños de detalle, el enorme tendido eléctrico exigirá una inversión de unos 1.750 millones, de los que 962 millones corresponderán a REE y el resto a RTE, según el cálculo de costes y el reparto realizado por ambas entidades. De acuerdo con el calendario previsto, las obras comenzarán en 2021 y la instalación se pondrá en marcha entre 2024 y 2025.
La interconexión es una infraestructura prioritaria para la UE: se incluye en la Planificación de transporte europea desde 2012 y está declarada Proyecto de Interés Común (PIC) y catalogada como Autopista de la electricidad. En febrero del año pasado, la Comisión decidió otorgarle una ayuda financiera de 578,48 millones procedente del programa Conectar Europa; según el reparto de costes entre los dos promotores, 350 millones se le han asignado a RTE y 228,34 millones a REE.
Pues bien, REE remitió al Ministerio para la Transición Ecológica cuatro peticiones de reconocimiento del carácter singular de la interconexión entre junio y diciembre del año pasado, reclamando una retribución a la inversión de 962 millones y una retribución anual a la operación y el mantenimiento de 10,68 millones durante los 40 años estimados de vida útil, unos 228 millones en total, en ambos casos con cargo al sistema. El Ministerio envió el dossier con la petición de REE a la CNMC, solicitándole su opinión, y ésta ha emitido un informe en el que rebaja sustancialmente las aspiraciones de la compañía.
En el caso de la retribución a la inversión, el Regulador señala que REE, en contra de la fórmula establecida por la normativa, no se ha descontado el 90% de las ayudas públicas recibidas por el proyecto –los 228,34 millones europeos–, razón por la que, considerando también un indicador técnico denominado factor de retardo retributivo, el valor de la inversión con derecho a retribución a cargo del sistema ascendería en realidad a 726,1 millones, casi 236 millones menos.
Retribución anual inflada
En el caso de la retribución a la operación y el mantenimiento, REE indica que el reparto de costes con RTE recoge una estimación de 10,2 millones anuales, de los que un 40% le corresponden a ella, es decir, 4,08 millones al año. Sin embargo, asevera que esa cantidad debe incrementarse en 1,6 millones anuales por averías y en 5 millones más por impuestos y tasas de ocupación marítima, arrojando la citada cantidad final de 10,68 millones al año.
Aquí la CNMC señala que el documento de reparto de costes entre REE y RTE recoge expresamente que la estimación de 10,2 millones ya incluye los costes de reparación por averías, por lo que no procede añadirlos. Igualmente, advierte de que una vez auditados los impuestos y tasas, éstos deben ser tratados como un pass-through en los costes de operación y mantenimiento, por lo que tampoco hay que reconocerlos. En consecuencia, el valor de retribución anual debe ser el de 4,08 millones al año, un 60% menos de lo solicitado.
REE apuntalaba su argumentación indicando que los costes de operación y mantenimiento reclamados son más bajos que los de otras interconexiones submarinas recientes: en el enlace entre Baleares y la Península ascienden al 1,6% de la inversión, mientras que en la del Golfo de Vizcaya sólo iban a representar el 1,1%.
