Especial Medio Ambiente
ESG, sostenibilidad, transición energética... son términos que cada vez están más presentes en el día a día de las empresas y las instituciones públicas. Pese a que lo lógico sería pensar que cada vez se camina hacia un mundo más verde, la realidad es que el camino por recorrer todavía es muy largo e, incluso, se han producido importantes retrocesos en los últimos años. "Invertir más y mejor en acción climática y ambiental no es solo una garantía de bienestar presente y futuro, sino también un pilar en la autonomía estratégica y la seguridad en un mundo convulso. La geopolítica actual y las nuevas reglas fiscales de la UE exigen reforzar el gasto público de manera inteligente: con mayor justicia fiscal y una inversión responsable en bienestar que nos libere de la dependencia de los combustibles fósiles", explica el informe De subvenciones tóxicas a inversiones responsables elaborado por Greenpeace.
La realidad es que en 2024 en España se destinaron 23.330 millones de euros públicos a subvenciones tóxicas. Se trata de aquellas que se consideran dañinas para el medioambiente como, entre otras cosas, las que subvencionan el consumo y la producción de los combustibles fósiles (como el petróleo, el gas y el carbón) que cuando se queman contaminan el aire y emiten los gases de efecto invernadero o la reducción fiscal al IVA de los billetes de avión en territorio nacional. "Tenemos seis veces más de subvenciones que intoxican nuestro bienestar y debilitan nuestra economía en relación a 2019", denuncia Greenpeace.
Una parte importante del crecimiento se explica por el incremento de las ayudas a los combustibles fósiles. En 2022, según datos de Greenpeace, alcanzaron los 13.485 millones de dólares mientras que en 2019 rondaron los 1.500 millones. "El incremento de las subvenciones que son dañinas para el medioambiente es un fenómeno mundial y se explica, sobre todo, como resultado de la crisis de la Covid y se acelera en la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. Este fenómeno internacional también llegó a nuestro país", explica a elEconomista.es Carlos García Paret, responsable de incidencia política de Greenpeace.
Estas ayudas recaen, principalmente, en tres sectores de la economía: agrario; energía y vivienda; y transporte. Estas tres industrias aglutinan el 50% de las emisiones que hay en nuestro país. "El hecho de que haya habido este incremento de subvenciones tóxicas y dañinas en estos sectores está provocando un 2% de coste ambiental", apunta el experto de Greenpeace. Pero, nuevamente, esta situación no es exclusiva de España.
A nivel global, las subvenciones a la agricultura han aumentado significativamente, alcanzando los 6 billones anuales de dólares en 2021. Más de 345.000 millones (54%) de las subvenciones explícitas en la agricultura son perjudiciales para la naturaleza y, con la tendencia actual, podrían llegar a los 1,8 billones en 2030.
Tenemos seis veces más de subvenciones que intoxican nuestro bienestar y debilitan nuestra economía en relación a 2019
"Hay una mejor forma de utilizar el dinero público para ayudar al bolsillo de los ciudadanos. Con las ayudas que se están dando al gas, a los pesticidas o a los derivados del petróleo podemos ayudar a que la gente reduzca su factura, podemos ayudar contra la crisis climática y podemos preparar mejor nuestra economía para depender menos de Putin y depender menos de Donald Trump", detalla García Paret.
Los dos escenarios que propiciaron el incremento de estas subvenciones ya no están en primera línea. Sin embargo, todavía no se han recuperado los niveles de subvenciones públicas previos a la pandemia. Para que esto pase, los gobiernos y las instituciones públicas deben ponerse las pilas. El informe de Greenpeace recoge que solamente el 4% de los países a nivel mundial ha planteado en sus planes climáticos eliminar gradualmente las subvenciones a los combustibles fósiles. Esto ocurre a pesar de que este tema lleva en la agenda política internacional más de 30 años.
Una fecha marcada en el calendario que debería marcar el rumbo en estos objetivos es la COP30, que se celebrará entre el 10 y el 21 de noviembre de 2025 en Brasil. "El gobierno español ya tendría que presentar en la COP de Brasil un inventario de subvenciones dañinas al medio ambiente y un plan para revertir estas subvenciones. Si se cumplen los compromisos que está haciendo el gobierno español y que está haciendo la Unión Europea, entendemos que de aquí a los próximos años se debería revertir la situación", explica el responsable de incidencia política de Greenpeace.
Solamente el 4% de los países a nivel mundial ha planteado en sus planes climáticos eliminar gradualmente las subvenciones a los combustibles fósiles
En este campo España parte con cierta ventaja. Nuestro país ha sido uno de los más activos a la hora de impulsar compromisos internacionales para acabar con las subvenciones dañinas al medioambiente. En la Cumbre de Clima y Energía de Madrid 2023, España y la AIE (Agencia Internacional de Energía) propusieron una coalición global para su reducción. En la COP28, el Gobierno español se sumó a una declaración conjunta de 12 países con dicho objetivo. Los firmantes se comprometieron a publicar, antes o para la COP29, un inventario sobre sus propias subvenciones a los combustibles fósiles. En el caso español, esto todavía no ha ocurrido y será este 2025 cuando, previsiblemente, se presente.
En España no hay una estrategia concreta para eliminar las subvenciones nocivas con el medio ambiente, tal y como señala el artículo 11 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad a 2030 mencionado anteriormente. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030 incluye un listado parcial de ayudas energéticas y medidas para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, pero sin definir una fecha de eliminación31. En contraste, el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad sí fija metas y plazos, pero no detalla cuáles.
"Con estos 23.300 millones de subvenciones tóxicas que en 2024 se destinaron en España podríamos doblar la acción climática. Podríamos impulsar y potenciar soluciones en áreas clave, renovar ecosistemas como la albufera o los humedales e impulsar la transición agroecológica con 250.000 agricultores. Podríamos hacer una renovación energética en los hogares y desengancharnos del gas, podríamos hacer una inversión mucho más potente en transporte público", asegura el responsable de incidencia política de Greenpeace.
García Paret establece tres grandes desafíos que deben abordarse para frenar el auge de los combustibles fósiles: la revolución energética de los hogares, el transporte y la agricultura.
Se han destinado 4.300 millones de euros a desgravar a las compañías aéreas para tener un transporte aéreo mucho más barato
"La revolución en nuestras viviendas se tendría que multiplicar por seis, que dejemos de tener gas en nuestras viviendas para que empecemos a tener más eficiencia energética y tener más energías limpias. Esto tiene tres objetivos: bajar la factura de la luz, luchar contra el cambio climático y al mismo tiempo no depender ni de Putin ni de Trump. Estos tres escenarios se podrían resolver con esta revolución energética en los hogares y para eso tenemos dinero", argumenta el experto de Greenpeace. Con respecto al gas, García Paret denuncia que en la actualidad se pagan menos impuestos por el gas que por la electricidad, "y esto es un sinsentido".
Con respecto al sector transporte hay que tener en cuenta que solo en España es el responsable de más del 30% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, siendo una de las industrias más contaminantes, según denuncia el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. "Lo que está ocurriendo es que se han destinado 4.300 millones de euros a desgravar a las compañías aéreas para tener un transporte aéreo mucho más barato. Sin embargo, hay otras formas de transporte como el público o el ferrocarril que deberían tener una inversión mucho mayor", denuncia el experto de Greenpeace.
Del total de subvenciones otorgadas al sector transporte, más del 60% son muy contaminantes. El 25,1% de las ayudas han sido destinadas para reducir el IVA de los billetes de avión y otro 17,7% para las exenciones al queroseno sobre el tráfico aéreo nacional. También se han dado ayudas para la brecha en la fiscalidad a favor del diésel y para bonificar el precio de los vuelos hacia territorios extrapeninsulares. Estas representan el 9,7% y el 8,4%, respectivamente.
El caso de la agricultura es el más preocupante. Greenpeace denuncia que todas las subvenciones son total o parcialmente nocivas para el medio ambiente y además son regresivas, es decir, no apoyan efectivamente a la agricultura familiar. "Lo que está ocurriendo es que las ayudas de la PAC están llegando a muy poca gente. Todas esas ayudas que llegan al campo se quedan en muy pocas manos. Nosotros lo que proponemos es que con todo es dinero podríamos ayudar a 250.000 agricultores", explica García Paret.
