Valencia
El grupo valenciano Cementos La Unión, controlado por la familia Bertolín, ha decidido hacer caja y desprenderse de uno sus activos internacionales, su negocio en Chile. El grupo valenciano ha cerrado el traspaso de su negocio en el país a la mayor cementera de Perú, Unacem, después de que el pasado mes de marzo la Fiscalía Nacional Económica de Chile (FNE) diese luz verde al traspaso.
La operación está valorada en 23 millones de dólares (20 millones de euros), un importe en el que se incluye tanto el valor de la compra como la deuda que el nuevo propietario asume de la filial de Cementos La Unión asumida, según informó la compañía peruana.
Los activos traspasados incluyen una planta ubicada en el puerto de San Antonio con una capacidad de molienda y envasado de cemento de 300.000 toneladas anuales, así como su división de hormigón, con dos plantas y una capacidad de 336.000 metros cúbicos.
Cementos La Unión había entrado en Chile en 2008 dentro de su proceso de expansión internacional. Aunque el principal activo de la familia Bertolín fuera de España es una factoría de clínker en Egipto, también está presente en República Dominicana y había creado sociedades para explorar su entrada en Brasil y México.
Adiós a la filial del Congo
La salida de Chile no es la única desinversión decidida en plena pandemia. Según refleja la memoria de Hormigones Cortés, el grupo que consolida la mayoría del negocio constructor y cementero de los Bertolín, también ha liquidado su filial en Congo, donde mantenía un almacén para la venta de producto final.
El grupo de la familia Bertolín redujo su negocio consolidado un 8,3%, hasta 319 millones de euros y su beneficio neto también se recortó a más de la mitad, hasta 3,14 millones. Su actividad cementera de hecho terminó en pérdidas, debido a la caída de la actividad de su joya de la corona, su filial egipcia Arabian Cement Company, que fueron compensadas gracias a la buena marcha de su constructora, Grupo Bertolín.
Como publicó elEconomista, el grupo valenciano ha visto como el laudo arbitral sobre la disputa que mantenía con el Gobierno egipcio rechazaba su petición de una indemnización de 236 millones de euros. La cementera española había recurrido a un arbitraje internacional después de que Egipto aprobase un decreto en 2008 que imponía de forma retroactiva nuevas licencias de actividad y de electricidad a su planta poco después de haber finalizado la construcción.
Tras varios años de negociaciones sin lograr un acuerdo para Arabian Cement Company, la factoría egipcia en la que el grupo español es el principal accionista con el 60% del capital, decidió recurrir en 2013 al arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.
La compañía ha recurrido el laudo arbitral, que pese a reconocer que Egipto no respetó el marco fijado con España para las inversiones, consideraba que la indemnización no estaba justificado.
