El PP propone una ley para blindar de la expropiación pueblos y comercios costeros de interés cultural

El grupo Popular en el Congreso ha presentado una propuesta de Ley, admitida a trámite por la Cámara, para blindar de la expropiación por parte del Gobierno central determinados pueblos y comercios costeros que cuenten con la declaración de Bien de Interés Cultural o similar por parte de la Comunidad Autónoma (CCAA) pertinente.

El texto de la norma busca modificar la actual Ley de Costas de 1988 y el Reglamento para evitar que la Administración Central incluya estos enclaves históricos y culturales dentro de su dominio.

La exposición de motivos de la proposición de ley explica que la Administración central ha incluido dentro del dominio público marítimo-terrestre (expropiación) "residencias familiares o pequeños comercios" dentro de la estrategia para proteger las costas ante el cambio climático. "Supone un despojo de propiedades consolidadas desde, en muchos casos, hace más de un siglo", indica el texto. Y añade, que estas propiedades "ya forman parte del patrimonio histórico, cultural y paisajístico de nuestras costas, que les otorgan valores que se deben preservar conciliándolas con el dominio público".

Por tanto, "es necesario establecer un abrigo legislativo para estos núcleos urbanos que [...] se reconocen con valores propios en cada caso y requieren de herramientas que permitan evitar expedientes de desocupaciones o derribos".

Así, plantea que los bienes inmuebles inscritos como Bienes de Interés Cultural, de interés local, de relevancia local o figuras asimilables establecidas por cada CCAA, sean excluidos del dominio público marítimo-terrestre. Es decir, que el Estado no los pueda expropiar, aunque queden condicionados a determinadas exigencias de la Ley de Costas. Asimismo, también plantea la imposibilidad de expropiar viviendas y comercios que tengan valor cultural, histórico o etnológico acreditado por el ayuntamiento pertinente.

Finalmente, también propone una reforma del Reglamento de Costas de 2014 (aún no se ha aprobado la reforma pretendida por el Gobierno) para permitir que los club náuticos con concesión administrativa para su instalación puedan albergar las edificaciones necesarias para su actividad como aulas de formación, secretaría, sala de reuniones, vestuarios, almacenes, comedor, solárium o zona para embarcaciones.

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