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El Gobierno reinventará todos los órganos supervisores en el primer trimestre de 2017

  • La lucha contra la corrupción fuerzan un amplio maratón legislativo

Después de un año de sequía legislativa, producida por la existencia de un Gobierno en funciones, 2017 se presenta como un auténtico maratón legislativo y negociador para recuperar el tiempo perdido, fundamentalmente en la adaptación de la legislación comunitaria o en el ajuste tributario para obtener mayor recaudación.

Así, a lo largo del primer trimestre de 2017, el Ministerio de Economía espera tener ultimado el proyecto de ley de reforma de los organismos reguladores de la actividad económica, que supondrá la división de la actual CNMC en dos entidades separadas: de una parte, la supervisión sectorial y, de otro, el de Competencia.

La medida viene forzada por el Tribunal Supremo al considerar en su jurisprudencia que el Gobierno del PP no debió suspender de manera anticipada los mandatos de muchos de los consejeros de los antiguos organismos reguladores. Además, los tribunales comunitarios no ven con buenos ojos unas competencias tan grandes en manos de unos mismos consejeros.

La CNMV y la auditoría

La supervisión también se verá dinamitada si fragua el posible traspaso de la supervisión sobre la auditoría desde el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

No se puede olvidar que el Gobierno prevé aprobar, con la máxima presteza, el Real Decreto por el que se regula el régimen jurídico de control interno en las Entidades Locales del Sector Público, que ya cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado.

En esta norma se regulará la creación de un órgano interventor en cada ayuntamiento, que realizará la fiscalización previa de los gastos municipales mediante el reconocimiento de obligaciones, comprobación material de la inversión y ordenación del pago.

Este futuro Reglamento introducirá las auditorías obligatorias en términos homogéneos a las desarrolladas en otros ámbitos del sector público, como el Estado, y viene a cubrir un gran vacío legal.

Contratación pública

El Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, que el Gobierno ha enviado al Parlamento con carácter de urgencia, incluye una nueva regulación de la Mesa de Contratación, así como de los órganos de contratación de las Entidades Locales, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, que pasa a denominarse Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, y de la obligación de remisión de información a efectos estadísticos y de fiscalización al Tribunal de Cuentas u órgano correspondiente de la comunidad autónoma, así como a Bruselas.

Las nuevas Directivas de Contratación del Parlamento Europeo y del Consejo, a pesar de su falta de transposición, despliegan ya su fuerza jurídica implicando que la normativa nacional deberá interpretarse conforme a la literalidad de las mismas, hasta que se apruebe la Ley que las adapte.

Además, se delimitan en el texto del Proyecto los diferentes tipos de contratos, las principales novedades en este ámbito se han introducido en la regulación del contrato de concesión, en el contrato mixto y en el de colaboración público privada, que se suprime.

Terremoto en la Cúpula Judicial

No será únicamente el ámbito económico donde se muevan los supervisores. En el de la Justicia se estudia la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para actualizar el sistema de nombramientos de los miembros del Consejo General del poder Judicial (CGPJ) y regular las llamadas puertas giratorias entre la Justicia y la política.

En esta misma línea se prevé que se modifique el sistema de designación de altos cargos judiciales para, de un lado, suprimir que los parlamentos autonómicos propongan a magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y, de otro, reducir la discrecionalidad mediante criterios transparentes y objetivos en concursos y designaciones, así como objetivar más la valoración de méritos en las plazas cubiertas por concurso.

Con las reformas que se iniciarán en 2017, el Gobierno pretende promover una carrera judicial y fiscal profesionalizada y especializada, así como dotar al Ministerio Fiscal de un nuevo Estatuto, que recoja la independencia del colectivo del Poder Ejecutivo con vistas a la instrucción de las causas, que se introducirá en la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El Gobierno impulsará en esta nueva Ley la figura del fiscal investigador como protagonista en la instrucción de causas, en las que la defensa de derechos y libertades quedará protegida por un juez de garantías.

Esta norma regulará desde el papel de la Policía Judicial en la investigación de delitos hasta los derechos procesales de los investigados y de las víctimas, la potenciación de los procedimientos simplificados o el fortalecimiento del principio de oportunidad y la mediación penal como alternativa al proceso.

Por otra parte, se pretende retomar la Ley de Planta Judicial, cuyo proyecto fue aparcado tras el cese de Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia, por las dificultades orgánicas, económicas e, incluso, políticas, que conllevaba el proyecto planteado. Ahora, se busca centrarse en un Plan de redistribución de cargas en los juzgados y una mayor especialización de los mismos para lograr una mayor eficacia y eficiencia de la red judicial.

Catalá pretende poner en marcha la limitación de los aforamientos a los acerca de 2.000 cargos políticos que hoy tienen esa condición, así como articular por ley la prohibición de indultos a condenados por corrupción, regular la actividad de los grupos de presión o lobbies y mejorar el sistema de protección al denunciante de corrupción.

Protección de Datos

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha mostrado su preocupación por la falta de recursos con los que afronta los retos y problemas que plantea la entrada en vigor, en mayo de 2018, del nuevo Reglamento europeo. Una norma que supone una auténtica revolución en la concepción de la privacidad y que exige la reforma de la Ley Orgánica de Protección de Datos y su Reglamento y el Estatuto de la AEDP, así como la adopción de medidas en empresas y Administraciones.

En este sentido, la AEPD ha trasladado al Gobierno la necesidad de trabajar intensamente para su adaptación y confía en aumentar sus recursos para ello.

Así, por ejemplo, a pesar de que una de sus labores fundamentales es incidir en la concienciación de los usuarios, su presupuesto no le permite llevar a cabo campañas de comunicación directa hacia los ciudadanos.

Notarios y registradores

Justicia ha anunciado que en 2017 se potenciará el Índice Único Notarial para incrementar el control del blanqueo de capitales, ya que así es posible conocer al titular real de las acciones. También se desarrollará el Reglamento de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, se actualizará el Código Deontológico y Disciplinario para los notarios y se creará un protocolo electrónico que permita mantener las garantías del soporte papel.

Además, se impulsará la revisión de los protocolos para que los notarios y los registradores puedan prevenir las cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios, incrementando el control de transparencia.

Finalmente, la tramitación de la nueva Ley del Registro Civil se iniciará en 2017, aunque se alargará más allá del 31 de diciembre.

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