El Ministerio de Hacienda vuelve a abogar por aplicar, a escala nacional, el plan de ahorro farmacéutico que la Junta de Andalucía desarrolló desde 2012. Se trata de un protocolo que la ministra María Jesús Montero conoce muy bien ya que se encargó, como consejera andaluza de Salud, de ponerlo en marcha.
Su pilar fundamental radica en la convocatoria de un concurso público para adquirir medicamentos y adjudicar el suministro de fármacos por subasta. Este sistema propicia que el laboratorio que ofrezca el precio más bajo sea aquél que se haga con la adjudicación. El método ya creó reiterados problemas en Andalucía. Varios de los ganadores (con frecuencia empresas de origen chino e indio) se mostraron incapaces de suministrar las cantidades pactadas en los acuerdos. En consecuencia, hubo problemas de desabastecimiento incluso en fármacos de uso muy común. No menos grave resultan las quejas de los profesionales médicos ante la baja calidad y eficiencia de estos productos, lo que explica su bajo precio. En consecuencia, resulta comprensible, que la Junta andaluza, ahora gobernada por PP y Ciudadanos, acabara con este tipo de subastas, máxime después de que el sistema recibiera críticas provenientes de la UE. Nada justifica que Hacienda quiera generalizar un protocolo así.
Nada justifica que el ineficiente sistema andaluz de subasta en la distribución de medicamentos se generalice
La racionalización del gasto farmacéutico es necesaria y, por ello, deben mantenerse acuerdos como el firmado con Farmaindustria para ligar este desembolso a la evolución del PIB. Lo que de ningún modo está justificado es buscar atajos que no sólo se han revelado como económicamente ineficientes. Además, las subastas ponen en riesgo la salud de los pacientes con productos de peor calidad.
