Recordaba recientemente el empresario teatral y presidente de honor de la patronal madrileña CEIM, Enrique Cornejo, que "los empleos los creamos los empresarios, los políticos crean funcionarios". Afirmación que además de realidad constatable es un dogma de fe en las democracias occidentales pero que, en España, un país con mas de seis millones de parados reales, el gobierno social populista ni entiende ni comparte, mientras el tejido empresarial se desmorona con las inevitables consecuencias negativas en la creación de riqueza y puestos de trabajo.
El informe sobre el Panorama Económico de la CEOE correspondiente al mes de marzo no puede ser más dramático ni concluyente: entre febrero y abril de 2020 fueron 90.000 las empresas inscritas en la Seguridad Social que desaparecieron y aunque se produjo una ligera recuperación a partir del tercer trimestre, la situación vuelve empeorar y en febrero de este año las empresas inscritas en la Seguridad Social eran 50.000 menos que un año antes.
Una mortalidad empresarial que ha castigado fundamentalmente a los sectores de hostelería, turismo, actividades artísticas o recreativas, educación y transporte y almacenamiento, que concentran el 80 por ciento del total de los cierres con cerca de 40.000 empresas menos. También son las empresas pequeñas y las microempresas las que registran la mayor parte de las extinciones con 10.404 y 36.200 empresas menos respectivamente, frente sólo una reducción de 178 empresas entre las grandes.
A ello se añade que, como informa el último Radar Empresarial de Axesor, las ampliaciones de capital se desplomaron en febrero hasta los 2.165,86 millones de euros, lo que significa un 25,22% menos. En total, casi 500 millones de euros de caída que dejan el acumulado de los dos primeros meses del año en 5.446 millones de euros, cifra un 2% inferior a la del mismo periodo de 2020.
Mientras el tejido empresarial se desmorona, el Gobierno urde mociones de censura
Y si se acude a los ingresos, los datos de la Central de Balances del Banco de España hasta septiembre de 2020, últimos cerrados, muestran una caída del 22% en la facturación, mientras que el indicador de la cifra de negocios general de las empresas ha caído un 14,2% durante el último ejercicio.
Circunstancias todas estas que justificaban la alarma de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), al advertir que si comienzan las quiebras de empresas afectaría al programa de avales del Estado y un nivel de ejecución de entre el 15 y el 30% de los avales otorgados aumentaría entre uno y dos puntos el nivel de ratio de la deuda, además del consiguiente impacto en el empleo.
Algo que ya se está produciendo como demuestran las cifras de afiliados a la Seguridad Social del pasado mes de febrero que aumentan en algo más de 22.000 personas en el sector pública frente a la caída de 1.720 personas en el sector privado. Resultados que, en palabras de los analistas de CEOE "acrecientan la divergencia observada en los últimos meses en la evolución del empleo en estos sectores", acelerando la afiliación en el sector público su crecimiento interanual hasta el 7,2%, mientras que en el sector privado el ritmo de caída se intensifica y se sitúa en el 3,5%, el peor dato desde julio de 2020.
Y con este escenario nos enteramos de que sólo una de cada 12 empresas va a poder beneficiarse de los 7.000 millones de ayudas directas que ha aprobado el Gobierno, al tiempo que la ministra de Trabajo sigue enredando para derogar una reforma laboral que entre 2013 y 2019 permitió crear en torno a medio millón de empleos anuales.
Desolador. Tanto como el espectáculo del Presidente y sus fontaneros de Moncloa jugando a la política y tramando mociones de censura para satisfacer sus ambiciones de poder y sus intereses partidistas, que no los de los españoles, con la colaboración inestimable de Ciudadanos en el papel de tonto útil y de Inés Arrimadas travestida en la novia cómplice de Frankestein.
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