
Es probablemente uno de los temas de los que más se debate entre economistas y despachos fiscales -opiniones especializadas en ambos casos-, entre los políticos y por supuesto entre los ciudadanos españoles; me refiero a la cuestión de si los españoles y las empresas domiciliadas en nuestro país soportan una carga fiscal asfixiante. En este tema hay mucha palabrería y constantemente se lanzan datos y opiniones que intentan provocar desinformación o simplemente equivocar, cuando no mentir.
Para tener una idea precisa sobre este tema es necesario acudir a la presión fiscal, aclaremos este concepto para entenderlo perfectamente. La presión fiscal es la relación entre el dinero que el Estado recauda de los ciudadanos, familias, empresas así como de entes obligados a pagar a Hacienda; el monto total de esta cantidad se referencia con el nivel de rentas del país –PIB- y se expresa en porcentaje. Conviene señalar que no solo se incluye en la recaudación los impuestos sino todos los ingresos como por ejemplo las cotizaciones a la Seguridad Social o tasas. Su formulación es sencillísima y responde al siguiente cálculo: Presión fiscal = [ Ingresos totales tributarios / PIB ] x 100. No debe confundirse con esfuerzo fiscal bajo este concepto el denominador no es PIB sino el PIB per capita.
La razón de la importancia de este concepto radica que nos permite comparar países con diferentes niveles de renta, Alemania por ejemplo recaudará más que España dada la diferencia de rentas, lo cual no significa que allí se tenga una mayor presión fiscal. La presión fiscal, al tener en cuenta el nivel de renta y expresarse en porcentaje nos da una visión de los países y permite comparaciones entre los mismos.
Esta semana el Instituto de Estudios Económicos –IEE- y Tax Foundation ha publicado el Índice de Competitividad Fiscal –ICF- de 2022, este indicador sirve para ver la presión fiscal y compararnos. El principal mensaje que se difundió en la presentación es que en España la carga impositiva sobre las rentas es un 52,8% superior al de los países analizados, vamos que en España en función de la renta incrementamos nuestra factura fiscal casi un 53,0%, cifra que desde luego no es nada desdeñable y que, en mi opinión, pone de manifiesto el infierno fiscal en que se ha convertido nuestro país.
Por si quedara alguna duda de mi anterior aseveración el mismos informe se manifiesta que de los 38 países analizados España ocupa la posición 34, situándose el quinto puesto por la cola. Es o no un infierno fiscal este país. Si comparamos con el 2021 retrocedemos cuatro posiciones y 23 si nos retrotraemos al 2019.
Mientras que otros países de nuestro entorno y de la OCDE han llevado un política de abaratar facturas fiscales, aquí se ha legislado contrario de ahí perdiendo competitividad fiscal, principalmente por la subida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas –IRPF- y al Impuesto de Sociedades –IS-, también por la aparición de nuevos y variados impuestos. En un momento inflacionista que resta poder de compra a los ciudadanos y competitividad a las empresas, encima
Haciendo nos detrae todavía más renta. Esta es una de la causas de que España aún no haya llegado a los niveles de PIB que se tenían antes de la pandemia.
Por cierto las perspectivas para este 2023 son aún peores pues habrá nuevas figuras impositivas y subida de cotizaciones a la Seguridad Social, un panorama bastante sombrío. Las cifras de empleo, aún con la añagaza de los contratos fijos temporales, ya muestran un alarmante frenazo.
Las dos figuras con una mayor presión fiscal en España es el IS, fiscalidad de la empresas, y la imposición patrimonial que soportamos las personas físicas, por el IRPF y la Seguridad Social. Estas dos partidas, IRPF y cotizaciones, suponen un 40,0% frente al 35,0% de media en la OCDE, 5 puntos superior.
Vamos con las consecuencias sobre el tejido productivo. La mayor presión fiscal sobre nuestras empresas, aquellas que crean los puestos de trabajo, desmotiva a la llegada de nuevas inversiones retrayendo al menos la creación de más puestos de trabajo. Un ejemplo lo tenemos en Iberdrola donde los accionistas de compañía, debido al impuestazo a las eléctricas, han demandado que las nuevas inversiones y desarrollo de nuevos proyectos no se realicen en España sino en otros países. Maravilla para un país que está a la cabeza de los datos de paro de la Unión Europea –UE- con un 12,67% en el tercer trimestre de 2021, conforme a los datos de la Encuesta de Población Activa –EPA-. No solo afecta a nuevas inversiones sino que además puede producir una fuga de empresas a otros países, la famosa deslocalización.
Pero si hay deslocalización de empresas también la habrá de personas físicas como es el caso de grandes patrimonios y trabajadores de renta altas. Los bufetes de abogados tienen peticiones en este sentido para trasladarse a Italia o Portugal. Para las rentas medias y bajas el efecto también es demoledor puesto que merma sensiblemente la renta disponible, diferencia entre renta menos impuestos, algo que en un entorno inflacionario nos convierte en más pobres al caer nuestra capacidad de compra. No solo es eso sino que esa fuerte recaudación fomenta la economía sumergida, donde este país está muy por encima de los de nuestro entorno.
Definitivamente España se ha convertido en un infierno fiscal, diga lo que diga nuestro inefable Gobierno.