El tejido empresarial español está compuesto predominantemente por compañías pequeñas, siendo la economía de la Unión Económica y Monetaria (UEM) con el mayor número de microempresas, aquellas con menos de 5 y 10 trabajadores. En Europa hay 30 millones de empresas registradas. En el ranking, España ocupa el segundo puesto por detrás de Francia y por delante de Alemania, precisamente por la cantidad de microempresas que tiene. Este fenómeno es preocupante, ya que las empresas de menos de 50 empleados concentran más del 50% del empleo en el país. La escasez de grandes compañías en España, especialmente en el sector industrial, que es crucial para la innovación, necesita ser abordada con urgencia.
El Panel de Seguimiento Financiero de la Economía Española, coordinado por Ángel Gavilán del Banco de España y Domingo García Coto de BME-Grupo SIX, que acaba de celebrar su IX edición en colaboración con el Instituto Español de Analistas, extrajo numerosas conclusiones y diversas soluciones a esta situación en un estudio, en el que ha resaltado la necesidad de un enfoque agregado y estratégico para el mercado de capitales español que, sin lugar a dudas, es esencial para alcanzar el potencial económico de España.
Durante las últimas dos décadas, las empresas españolas han frenado su dinámica de crecimiento, principalmente debido a la regulación y a ciertos umbrales fiscales y laborales. Estos factores han resultado en un menor número de grandes empresas y un predominio de pequeñas empresas menos productivas, lo que ha generado una caída en la productividad media de la economía.
Varios factores explican el menor dinamismo empresarial en España, incluyendo problemas de capital humano, déficit en I+D+i y dificultades de acceso a la financiación a través de los mercados de capitales para las pequeñas empresas. Además, el sistema judicial presenta problemas de eficacia, y las regulaciones imponen costes discontinuos en función del tamaño empresarial. Estos factores, combinados, resultan en un gravamen efectivo mayor asociado al crecimiento empresarial.
Por su parte, la fiscalidad de las PYMES también necesita ser reevaluada para evitar desincentivos al crecimiento. Consideramos que las normas fiscales deben fomentar el crecimiento empresarial en lugar de restringirlo. La financiación, un factor crítico para el crecimiento, se ve afectada por un sistema tributario que actualmente favorece la financiación con deuda sobre la financiación con capital. La directiva DEBRA (Debt Equity Bias Reduction Allowance Directive) busca corregir este sesgo fiscal, pero su implementación será clave para observar cambios significativos. Esta directiva intenta favorecer fiscalmente la financiación en forma de capital propio de las empresas implementando un mecanismo de intereses nocionales, en la línea de lo que ha sido común en algunos países de nuestro entorno que lo tienen implantado desde hace años.
Otra vía para el crecimiento empresarial son las operaciones de reestructuración, especialmente las fusiones, que cuentan con un régimen especial de diferimiento o neutralidad en la Ley del Impuesto de Sociedades. Sin embargo, la incertidumbre y una actitud restrictiva inicial por parte de las autoridades dificultan estas operaciones. Es esencial que las autoridades proporcionen claridad y apoyo para fomentar estas reestructuraciones, que pueden ser un motor significativo de crecimiento empresarial.
Además, el apoyo y refuerzo de los mercados de capitales son cruciales para impulsar el tamaño de las empresas, aumentar la productividad y mejorar la competitividad internacional. En la última década, los mercados de capitales españoles han perdido competitividad, lo que requiere un enfoque estratégico y medidas adecuadas para revitalizar este sector. Desde Bolsas y Mercados Españoles (BME), se ha presentado un Libro Blanco con 56 medidas para aumentar la competitividad de los mercados, subrayando la importancia de un mercado de capitales robusto para un crecimiento económico sostenible. Contar con unos mercados de capitales fuertes y atractivos ha demostrado ser un factor determinante de aceleración del progreso económico de los países más avanzados. España, en los últimos años, parece caminar en dirección opuesta. Es por lo que creemos que la propuesta desde BME pone de relieve que se pueden poner en práctica muchas medidas para conseguir dar la vuelta a esta tendencia.
Por todo ello, creemos que es evidente que la transformación del tejido empresarial español es esencial para el aumento de la productividad. La revisión de la fiscalidad y la regulación laboral y la mejora del mercado de capitales son pasos fundamentales para asegurar un crecimiento económico sostenible y competitivo.
