Como señala Ortega y Gasset, "yo soy yo y mi circunstancia". El Banco Sabadell tiene en Cataluña sus orígenes y su principal mercado. Sin embargo, las circunstancias le llevaron a trasladar su sede social a Alicante en lo peor del "procés". Ahora las circunstancias han cambiado para el banco, con lo que el pasado miércoles volvió a trasladar su domicilio fiscal a Cataluña. Pero, en esta ocasión, sus circunstancias son singulares, ya que es objeto de una OPA hostil. Por eso, hace poco más de siete años, la decisión del Banco Sabadell fue seguida por muchas empresas y ahora esto parece más un deseo que una realidad, como veremos.
De hecho, la fuga de empresas ha continuado, sin interrupción en Cataluña desde los peores días del "procés". Según los datos del Colegio de Registradores, desde 2017 pierde sedes sociales de las empresas sin interrupción todos los años. De hecho, este último año 2024 registró el peor saldo para Cataluña desde 2018. Evidentemente, no es lo mismo que se marchen pequeñas o medianas empresas que las sedes de grandes grupos empresariales, ni en sus efectos, ni, necesariamente, tampoco en sus causas. Pero, el hecho es que Sabadell es el primer gran grupo empresarial que vuelve a Cataluña. Y esto podría ser una buena noticia para Cataluña porque, aunque no lo pareciese en un primer momento, esta fuga de empresas ha tenido consecuencias económicas muy negativas para Cataluña.
En 2016, antes del final del "procés", el PIB per cápita de Cataluña ascendía a 28.781 euros, representando un 119% de la media española. Económicamente, Cataluña era una región próspera, con un PIB per cápita muy cercano al del País Vasco (30.833 euros) y Navarra (29.556 euros), aunque todavía distante de Madrid, indiscutiblemente la Comunidad más rica. Siete años después, en 2023, el PIB per cápita de Cataluña ha crecido un 22,73%, mientras que el PIB español ha aumentado un 28% en el mismo período. Estos datos, expresados en euros corrientes, reflejan un incremento de precios del 19% entre 2016 y 2023 (según el INE). Así, mientras en España la calidad de vida ha mejorado ligeramente, en Cataluña, el crecimiento económico se ha estancado entre 2016 y 2023.
En 2023, el PIB por habitante de Cataluña era un 114,1% de la media nacional, el porcentaje más bajo de la serie histórica del INE (iniciada en 2000). Esta cifra representa una reducción de 4,9 puntos en comparación con 2016. De haber crecido al mismo ritmo que el resto de España, cada catalán habría producido, y en principio ganado, unos 1.500 euros adicionales al año, incrementando la economía catalana en aproximadamente 12.000 millones de euros. Cataluña es la comunidad que peor se ha comportado en términos de crecimiento económico desde el "procés". Y esto tiene varios factores, pero uno de los fundamentales ha sido la fuga de empresas, que han traslado sus sedes sociales, sus centros de decisión y sus domicilios fiscales fuera de Cataluña.
Con estos datos, resulta bastante evidente el interés del gobierno catalán del PSC en revertir esta situación. Para eso, la primera condición sería que la primera empresa grande, que además es un banco, que vuelve a trasladar su sede social a Cataluña, no sea absorbida por otro banco, cuyas sedes sociales y centro de decisiones están en otras CCAA, el BBVA. La Generalitat, tanto con el actual gobierno socialista, como con el de ERC, habían manifestado su oposición a la OPA hostil, al igual que el gobierno de España. Pero, ahora este rechazo suma una nueva e importante razón política.
El otro elemento a tener en cuenta es que el gobierno de España tiene más que decir que hace unos meses. El gobierno podría prohibir la fusión desde el principio. Pero, además, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley de Defensa de la Competencia, puede avocar el expediente de concentración, es decir dictar condiciones de obligado cumplimiento en la OPA, "por razones de interés general", siempre que la Comisión Nacional de Mercados y de Competencia (CNMC) haya pasado el expediente a segunda fase, lo que hizo el pasado 12 de noviembre. El pasado jueves, en unas declaraciones que han pasado bastante desapercibidas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez manifestaba en relación a la OPA que "Tenemos que considerar diferentes aspectos: como bien sabe, en España tenemos un gran número de pymes, y, en este sentido, [debemos considerar] la cohesión social y la cohesión territorial".
Con todo esto, parece cristalino el interés del Consejo de Administración del Banco Sabadell en el traslado de su domicilio social a Cataluña, pero este interés sólo afecta a este banco. Hasta ahora, las pymes han seguido el camino contrario, siguen trasladando sus sedes fuera de Cataluña. Esto se intensificó el año pasado coincidiendo con el acuerdo ERC-PSC que establece un concierto para Cataluña, en el que la gestión, inspección, liquidación e inspección de todos los impuestos la realice la Agencia Tributaria de Cataluña. Recordemos que uno de los motivos de la estampida de empresas de Cataluña en 2017 fue el riesgo de que la Agencia Tributaria de Cataluña les exigiese impuestos para financiar la secesión.
Ahora la situación no es la misma, pero tiene sus parecidos, y también sus diferencias. Evidentemente, no es lo mismo que la Generalitat exija, ilegalmente, impuestos que no le corresponden, a que se trocee la Agencia Tributaria para repartir de otra forma los impuestos. Si se quiere seguir el modelo del régimen foral a la vasco-navarra, las pequeñas empresas que tengan su domicilio fiscal en Cataluña pasarían a estar sometidas a un impuesto de sociedades regulado por la Generalitat, y la Agencia Tributaria de Cataluña les exigiría el IVA, las retenciones y el impuesto de sociedades. Sin embargo, las grandes empresas, con independencia de donde tengan el domicilio fiscal, tributarían en función de su volumen de operaciones en cada territorio, y habitualmente seguirían la normativa estatal.
En resumen, los riesgos de normativa o inspección fiscal, los tendrían las pymes, y los podrían evitar trasladando su domicilio fiscal. Las grandes empresas, estén donde estén, si tienen presencia en Cataluña, estarían sometidas a más burocracia. Las ventajas económicas o técnicas de todo esto, simplemente no existen, o al menos nadie se ha molestado en explicarlas. Por eso, aunque sobre el papel Cataluña sólo tendría ventajas con la "financiación singular" o "cupo catalán", la corriente de fuga de empresas no se ha revertido, sino que ha aumentado. Y si hasta 2023 esto ha lastrado el crecimiento económico en Cataluña, lo previsible es que siga haciendo en el futuro.
Extender a Cataluña el régimen de financiación vasco-navarro, con la inevitable fragmentación de la Agencia Tributaria, es una pésima idea. Resulta bastante evidente que lo es para el resto de los españoles, que perderían financiación de servicios públicos como sanidad o educación, entre otros. Pero, aunque muchos no lo crean, los catalanes, especialmente a medio plazo, no saldrían tampoco beneficiados, de hecho, probablemente ya se estén viendo perjudicados. Por eso, el regreso del Banco Sabadell va a contracorriente, y es el resultado de otra operación, que, salvando las distancias, también tiene muchos inconvenientes, la OPA del BBVA sobre Sabadell. España, y especialmente Cataluña y Valencia, no necesitan más más concentración bancaria y menos financiación a la economía, sino todo lo contrario. Es otra corriente que también debería revertir.
