Las comunidades autónomas están sacando un gran partido al actual boom inmobiliario. Así lo demuestra la recaudación que las regiones reciben a través del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). Esta tasa grava la venta de viviendas de segunda mano, que suponen el 79% de las operaciones, aplicando tipos que van desde el 6% al 13% sobre el valor de la compra.
Un tributo que dejó en las arcas públicas regionales en 2023 (último ejercicio con datos) 10.600 millones, lo que supone un 55% más de lo ingresado en 2019, antes del estallido de la pandemia. Este incremento responde en parte al impulso de las compraventas de pisos, que en 2024 alcanzó las 715.000 operaciones frente a las poco más de 500.000 de 2019.
No obstante, las cifras de ventas de 2024 están aún muy lejos del récord de 2006, donde se se registraron 955.186 transacciones. Algo que no ha impedido que la recaudación de las autonomías por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales supere la que hubo en los años previos a la explosión de la burbuja inmobiliaria, según el Reaf. Detrás de estos mayores ingresos no están los precios, ya que en la actualidad no han alcanzado aún los propios de 2007 en buena parte del territorio nacional, sino en un incremento de las tasas de algunas autonomías para obtener un mayor beneficio del auge de la vivienda. España ya es, junto a Italia, el país europeo que más castiga fiscalmente la propiedad y la mera transmisión de la misma. Una posición a la que también están contribuyendo las propias autonomías con unos gravámenes desmedidos en el ITP que encarecen aún más la vivienda hasta el punto de convertir su acceso en el primer problema para los españoles, según el CIS.
