Vaya por delante que como liberal confeso que soy estoy en contra de los monopolios y las grandes concentraciones empresariales o bancarias y soy firme partidario y defensor de la competencia que es la condición que en los mercados favorece el progreso, la innovación y el desarrollo y la que genera el máximo beneficio para la sociedad y los clientes y consumidores en calidad, precio, en servicio y en talento.
En sentido contrario con la concentración empresarial las compañías buscan poder repartir el poder de decisión y financiero entre pocas manos, favoreciendo la formación de cárteles para repartirse el mercado y fijar precios al margen de las variaciones y circunstancias del mercado. De hecho la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en su resolución autorizando la OPA advierte ya de riesgos como "empeoramiento de las condiciones comerciales para particulares, pymes y autónomos", "exclusión financiera para los clientes en determinados municipios, especialmente en zonas rurales", "reducción de crédito a pymes" en determinadas comarcas, y el "empeoramiento de las condiciones de acceso a cajeros".
Destacando desde hace décadas como entidad puntera en el apoyo a las pymes y a la internacionalización empresarial la trayectoria del Banco Sabadell se ha caracterizado por la buena gestión de sus directivos que, como muestra más reciente, le ha llevado a cerrar el primer trimestre de este año con un récord de beneficios, alcanzando los 489 millones de euros superando en un 58,6% las ganancias del mismo periodo del ejercicio precedente, favorecido fundamentalmente por el fuerte incremento en el negocio de la financiación empresarial.
Resultados que consolidan sus garantías para progresar en solitario al tiempo que permiten mejorar su cotización bursátil y la remuneración a sus accionistas que de aceptar el canje actual ofrecido por el BBVA se verían perjudicados por pérdidas en el valor de su cartera.
Pero también como liberal confeso me repugnan el populismo y el intervencionismo propios de los regímenes autoritarios y la deserción de responsabilidades y toma de decisiones por cobardía y disfrazando de interés general lo que en realidad son intereses políticos y personales. Actitudes que, una vez más, adopta ahora el mismo gobierno que se niega a dar explicaciones claras y ciertas sobre el apagón que intenta confundir a la ciudadanía calificando de sabotaje lo que es un robo común, que se niega a presentar al Parlamento unos presupuestos del Estado vulnerando la Constitución. Sometido al chantaje permanente de Junts per Cat y el delincuente fugado en Waterloo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha respondido eludiendo su competencia y sus obligaciones a través de una consulta pública que no reúne las mínimas condiciones de garantía procedimental.
Recordemos que el propio Carles Puigdemont se ha apresurado a anunciar que de aprobarse la OPA, habría consecuencias para el Gobierno y que, curiosamente, fue justo después de que Sánchez anunciara la consulta pública cuando el grupo nacionalista catalán se comprometía a apoyar el paquete de medidas para contrarrestar los aranceles de Trump. Un denominado Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial que necesitaba imperiosamente los votos de Junts para salvar el escollo del Congreso.
Y esto puede ser sólo el principio porque en medios parlamentarios se apunta que el rechazo del gobierno a la OPA serviría también para allanar el "no" de los puigdemones a la reducción de la jornada laboral, para completar después el pago y la sumisión al fugado, que es quien realmente gobierna en España con la transferencia de competencias en materia tributaria, es decir la independencia fiscal de Cataluña. Esto es lo que Sánchez entiende por intereses generales. Los suyos personales vendiendo la dignidad y la igualdad de todos los españoles a un delincuente condenado para poder seguir durmiendo en La Moncloa sin capacidad de gobernar.
