Farmaindustria reclama al Gobierno una "revisión integral" del Anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros el pasado 8 de abril.
La patronal de los laboratorios innovadores ha presentado un extenso documento de alegaciones, en el que subraya la necesidad urgente de garantizar el cumplimiento del plazo legal de 180 días para la toma de decisiones sobre financiación y precio de nuevos medicamentos, tal como recoge la Directiva de Transparencia de la UE.
Actualmente, España tarda una media de 616 días desde la autorización europea hasta la incorporación del medicamento al Nomenclátor del Sistema Nacional de Salud. "Esta demora no solo afecta a la equidad en el acceso de los pacientes, sino que también supone una barrera para la innovación y un freno a la inversión en el sector", sostiene la patronal.
La industria considera que el anteproyecto no recoge la oportunidad de transformación que vive el sector sanitario, marcado por avances disruptivos como la inteligencia artificial, la medicina personalizada o la ciencia de datos. Tampoco refleja, a su juicio, el enfoque estratégico que el propio Gobierno asumió en la Estrategia de la Industria Farmacéutica 2024-2028, presentada a finales del año pasado. En su lugar, "el texto mantiene una visión cortoplacista centrada en el control del gasto, sin tener en cuenta el potencial del medicamento como inversión que genera valor económico y social", subrayan.
Ofertas ciegas cada seis meses
Entre las medidas prioritarias, Farmaindustria reclama la supresión del nuevo régimen de precios seleccionados, que obligará a las compañías a competir con ofertas ciegas cada seis meses para los medicamentos sin patente. Para la patronal esta fórmula "favorece a operadores sin compromiso de suministro estable, además de provocar cambios frecuentes de medicación y generar inestabilidad en el mercado". En su lugar, propone un "sistema de precios de dinámicos" que se aplicaría a los medicamentos que se dispensan en oficina de farmacia a través de receta y que abarcaría la prescripción, dispensación, la condición de medicamentos "sustituibles" y los precios de referencia. Uno de los objetivos es que conviva la prescripción por denominación comercial (obligatoria en el caso de los medicamentos no sustituibles como los biológicos, y en los demás supuestos previstos en el anteproyecto) y por principio activo, con una regulación diferenciada.
También propone consolidar el principio de igualdad territorial en el acceso a medicamentos, asegurando que las evaluaciones técnicas nacionales sean vinculantes para todo el Sistema Nacional de Salud. Esto evitaría las múltiples evaluaciones autonómicas y hospitalarias que actualmente generan retrasos y desigualdad.
Aportaciones por ventas hospitalarias
Farmaindustria plantea además revisar la ampliación de las aportaciones obligatorias al sistema en función del volumen de ventas en hospitales. Solicita una reducción del porcentaje de devolución exigido a las compañías y una mayor participación del sector en la definición del destino de esos fondos, que deberían incluir formación científica y colaboración con organizaciones de pacientes.
El documento de alegaciones también propone la creación de un procedimiento especial, ágil y específico para la compra pública de medicamentos exclusivos, con el fin de evitar retrasos derivados de trámites administrativos convencionales.
