Madrid
Poco más de cien días después de la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Empresariales (Sepi), el movimiento liderado por el Gobierno pone de relieve el alcance de una decisión que va mucho más allá de una simple estrategia defensiva.La primera chispa trascendió en 19 de diciembre de 2023, cuando el Ejecutivo encargó a su brazo empresarial adquirir hasta el 10% del capital social de Telefónica.
El motivo respondía al empeño de Moncloa de neutralizar la ofensiva de Saudi Telecom en una compañía considerada estratégica, no sólo por la relevancia de los servicios destinados al Ministerio de Defensa y todas sus dependencias, sino también por sus actividad en telecomunicaciones y ciberseguridad.
El simple hecho de imaginar que la seguridad del Estado podría quedar en manos extranjeras provocó un escalofrío en Moncloa y en el Consejo de Ministros. El control de las inversiones extranjeras, a modo de blindaje antiopas, aportó tranquilidad durante la pandemia, y la receta invita a extenderse en el futuro. La amenaza de pérdida de control planeaba en el ambiente, a pesar de que ya no existía un virus que lo paralizara todo. Ese mandato comenzó a ejecutarse el pasado marzo, cuando la empresa pública presidida por Belén Gualda irrumpió en el capital de la teleco con la compra de un 3%, a cambio de 700 millones de euros. La última vez que Telefónica contaba con capital público se remontaba a 1997, en los instantes previos a su privatización.
Poco a poco, Sepi fue comprando acciones en el mercado hasta que el 25 de mayo adquirió un total de 567.016.155 títulos con un precio medio de 4,0295 euros por acción, con un desembolso de a casi 2.285 millones de euros. A lo anterior se sumaba una paquete accionarial de 541 títulos que la Sepi ya tenía en cartera, por lo que elevó el número total de acciones a 567.016.696.
Además, la presencia pública ni mucho menos sería flor de un día, una vez que la SEPI dejó claro que su entrada en la teleco tiene "con vocación de permanencia", con el objetivo de aportar estabilidad accionarial para la consecución de sus objetivos.
La presunta vulnerabilidad de una empresa estratégica, susceptible de cambiar de manos de un día para otro, quedó descartada en poco más de tres meses. El movimiento en cadena evidenció un baile orquestado para salvar la españolidad. Lo que inicialmente era un movimiento defensivo transmutó en una injerencia pública, con representación en el consejo. Así, mientras STC disponía del 4,9% de Telefónica (pendiente convertir su 5% en derivados de Telefónica en acciones con plenos derechos políticos), los accionistas españoles arrimaron el hombro por la causa, Así, Criteria igualó el porcentaje de la Sepi en el capital de la teleco, con un 10% y un puesto en el consejo. De esa forma, la suma de las participaciones de SEPI, CriteriaCaixa, Caixa y BBVA se cifra en 27,37%, suficiente como para parar los pies a STC en caso de que fuera necesario.
