Valencia
La Generalitat Valenciana aprobará este viernes su nueva regulación para el uso de las viviendas turísticas en la Comunidad Valenciana, tal y como están haciendo muchas administraciones en toda España. Una nueva norma que llega en plena polémica sobre la saturación turística en ciertas ciudades y que endurece las sanciones actuales y refuerza prohibiciones ya existentes, aunque deja la mayoría de la capacidad decisoria para limitar y vigilar en manos de los ayuntamientos.
Entre las principales novedades, el decreto ley que se llevará al Consell mañana, se incrementan notablemente las sanciones y el importe de las mismas, que podrán llegar hasta los 600.000 euros en el caso de las muy graves según apuntó la consellera Nuria Montes. En esa línea, se incorporan dos nuevas infracciones: una grave (negativa de las personas propietarias a facilitar identidad de titulares o documentación) y otra muy grave (alquiler por habitaciones).
El alquiler de habitaciones turísticas en viviendas, que de hecho ya está prohibido en la normativa en vigor, es uno de los grandes caballos de batalla que se plantea combatir. La propia Montes señaló que pese a la prohibición esta misma mañana habían encontrado más de 5.000 habitaciones en Valencia capital con viviendas con alquileres de menos de 10 días en plataformas turísticas, algo que considera que se verá afectado por el fuerte aumento de las sanciones.
Desde la Conselleria se destaca que se da autonomía a los municipios para que cada uno tenga potestad para "decidir qué modelo de ciudad quieren" y poder limitar este uso de viviendas como alojamientos turísticos según sus circunstancias concretas. Por ejemplo, podrán limitar un máximo de viviendas de uso turístico por cada edificio o fijar esas limitaciones por zonas según la situación de cada municipio. Valencia capital ya ha aprobado la suspensión durante un año de nuevas licencias.
También se contempla la posibilidad de que la competencia para incoar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores por infracciones leves, graves y muy graves en materia de viviendas de uso turístico ubicadas en su ámbito territorial pueda delegarse a los ayuntamientos que así lo soliciten y cumplan los requisitos generales.
Desalojar a huéspedes molestos
Además, se incluyen medidas para poder desalojar a los huéspedes o usuarios que incumplan las normas de la vivienda de uso turístico en las que se alojen, sin derecho a rembolso o a una indemnización. Además, se obliga a identificar a las personas que se van a alojar en la vivienda de uso turístico y los propietarios de las viviendas de uso turístico serán responsables subsidiarios respecto a las infracciones que se cometan. Según explica la Generalitat, actualmente solo es responsable quien la comercializa, que no siempre es el propietario.
La que el propio presidente valenciano, Carlos Mazón, denominó como Ley Montes por la consellera responsables, también prohíbe uno de los símbolos más a la vista de la proliferación de las viviendas turísticas en muchas calles, los cajetines con códigos en la puerta de los portales para recoger la llaves. No podrán instalarse ni en el exterior ni en las zonas comunes de los edificios.
Entre las nuevas obligaciones a los propietarios, antes del 31 de diciembre se deberá comunicar la referencia catastral de la vivienda de uso turístico o causarán baja en el Registro.
Las declaraciones responsables que se presenten en la Generalitat para obtener nuestra autorización tendrán que renovarse cada 5 años para permitir una adaptación en una oferta en constante evolución.
Si se vende, nueva licencia
Además, ante el desvío de viviendas de alquiler residencial al alquiler turístico, en los cambios de titularidad de la propiedad de la vivienda de uso turístico por su venta será obligatorio renovar la licencia y comenzar de cero la tramitación para lograr la autorización. Es decir, la licencia irá ligada al titular de la vivienda y no al inmueble para evitar la especulación con las licencias.
Para las nuevas viviendas de uso turísticos también se incluirá en la declaración responsable que certifique que la comunidad de propietarios donde se ubique no prohíbe el establecimiento de viviendas turísticas tal y como permite la Ley de Propiedad Horizontal. Montes recordó que mentir en una declaración responsables es un delito penal de falsedad documental.
En la Comunidad Valenciana hay registradas más de 105.000 viviendas turísticas, un 165% más que en 2015. La mayoría, casi 73.000, se concentran en la provincia de Alicante.
