La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha dejado claro que no ha renunciado a su plan para encarecer el despido. Eso sí, aunque se trata de uno de sus acuerdos de legislatura con Pedro Sánchez, los planes puestos en marcha hasta ahora para impulsarla no han funcionado. La líder de Sumar se ha puesto una fecha: 2026, cuando concluya el arduo trámite parlamentario para la reducción de jornada. Pero eso no significa que la ministra de Trabajo piense dejar aparcada la cuestión hasta entonces. Los trabajos de la recién creada Comisión de Evaluación de la Reforma Laboral son el primer campo de batalla de una 'guerra' que marcará el final de la Legislatura en materia laboral.
La comisión tomará como referencia los datos de la contratación temporal e indefinida de enero del año 2025 y si, según señaló Díaz, se concluye que no se avanza en la reducción de la tasa temporalidad "se tomarán medidas adicionales para reforzar la reducción de esa temporalidad". La cuestión es de qué tipo de temporalidad hablamos: si del porcentaje de contratos temporales sobre el total o de la rotación de los empleos con independencia de la modalidad de firma, lo que sí incluiría la volatilidad de los fijos discontinuos y el auge de los despidos y ceses en periodo de prueba.
No es una diferencia menor. La norma es la legislación que más ha reducido el peso de la temporalidad contractual en el mercado de trabajo. Una mejora innegable, pero relativa, porque nuestro país sigue arrastrando una enorme tasa de paro y una rotación laboral que siguen superando al resto de la UE y parecen impropias de un país que ha elevado en más de quince puntos el peso del empleo estable entre los asalariados. Claro que el punto de partida era mucho peor y en los tres últimos años los cargos de Trabajo han admitido que una reforma laboral llega donde llega: no puede transformar el modelo productivo para que no siga dependiendo de las actividades eventuales y estacionales.
Así, la mayoría de los contratos que se firman (seis de cada diez) siguen siendo temporales y su finalización es, con diferencia, la primera causa de baja de afiliación. Además, los despidos se han incrementado drásticamente entre los indefinidos, a tasas del 109,7%. Más de la mitad se declaran inicialmente disciplinarios, lo que lleva a un proceso legal que acaba por su declaración de improcedencia, con un coste de 33 días por año. Esto apunta a que muchas empresas recurren a esta vía para sortear las restricciones a la contratación temporal, sin que las indemnizaciones supongan un freno (en parte porque esos nuevos indefinidos apenas han acumulado antigüedad). Y aquí es donde entra la reforma del despido como una forma de reducir la volatilidad de los empleos.
Una vía muerta para forzar el cambio
La reforma de 2021 no entró en esta cuestión y los sindicatos y la propia Díaz aceptaron renunciar a no revertir el recorte en el coste de los despidos improcedentes impuestos por la normativa anterior, del PP, en 2012. Hacerlo, además, hubiera sido mal visto por Bruselas. Pero solo pasaron unos pocos meses antes de que CCOO y UGT presentaran sendas denuncias ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) por este tope.
No se trataba de cuestionar la cuantía, sino el hecho de que su propia existencia de un límite general al coste del despido injustificado contradecía la Carta Social Europea y los convenios de la OIT que exigen que la indemnización sea proporcional al daño causado al trabajador, es decir "reparativo" y disuasorio para las empresas. Esto se traduce en una indemnización variable en función de las circunstancias del trabajador. La tesis es que si la empresa no sabe a qué atenerse, se lo pensará antes de despedir.
La propia Diaz defendió esta idea, que, además, no rompía el acuerdo con la patronal de no derogar la reforma anterior de 2012, aunque ni convenció a los empresarios ni a los propios socialistas. Tras las elecciones de 2023, y a cambio de Sumar entrara en el nuevo gobierno, la entonces líder de Sumar logró arrancar Pedro Sánchez el compromiso de "establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral". Una redacción ambigua que apunta a endurecer los despidos improcedentes (sin causa) pero sin establecer cómo.
Ya con la nueva legislatura en marcha, el organismo con sede en Estrasburgo ha ido avalando las reclamaciones de los sindicatos, algo previsible porque ya lo había hecho anteriormente en los casos de Francia, Finlandia e Italia. Pero ninguno de estos países ha cambiado su legislación, ya que la interpretación del CEDS de la Carta no es vinculante. En España, además, a finales de 2024 se conoció una sentencia del Supremo que establece límites a los jueces que ya estaban fijando indemnizaciones superiores a los 33 días por despido declarado improcedente invocando la Carta Social Europea o los convenios de la OIT.
La decisión del Supremo es una invitación a Díaz a cambiar la ley, pero sería una reforma compleja, sin el respaldo patronal y, que además, no puede plantearse en paralelo a la de la reducción de jornada de 40 a 37,5 horas semanales que acaba de echar a andar en el Congreso. Pero el tiempo se acaba. Sumar no quiere ver concluida la Legislatura y que una de sus grandes promesas quede olvidada. Tampoco los sindicatos desean que su ofensiva caiga en saco roto. Y aquí entra la Comisión de Evaluación de la Reforma Laboral.
Una sorprendente lista de expertos
Que Trabajo y los sindicatos consideran que el siguiente escalón de la reforma laboral debe ser la reforma del despido es un hecho. Que el ala socialista del Gobierno y la patronal no quieren dar ese paso, también ha quedado claro (de hecho, el Ministerio de Presidencia y la CEOE presentaron argumentos muy similares en sus alegaciones ante el CEDS). Y estas posiciones se van a enfrentar en un grupo de trabajo que, a priori, parecen de puro trámite.
Uno además que llega un año tarde, pero cuyo resultado debería ser previsible: a fin de cuentas, los responsables del estudio han sido elegidos por el Gobierno, los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme. Es decir, los firmantes de la ley. Pero la propia composición de la reforma ya plantea que las cosas no van a ser tan simples.
Díaz siempre intenta vestir sus decisiones en materia laboral como consecuencia de un análisis de expertos independientes. Un ejemplo son las relativas al SMI. Aunque diferencia de este, compuesto en su mayoría por investigadores y catedráticos universitarios (y en la que las patronales no propusieron nombres), aquí hay mayor porcentaje de cargos de organismos públicos y de las propias organizaciones.
Precisamente, una de las sorpresas de la composición de esta Comisión es el perfil de las representantes de CEOE y Cepyme: se trata de las responsables de sus departamentos laborales, Rosa Santos y Teresa Díaz de Terán, respectivamente. Dos nombres bregados en la mesa del diálogo social cuya presencia indica que los empresarios se toman muy en serio la evaluación, y no quieren 'sorpresas' en los resultados que Díaz pueda justificar para presentar una reforma del despido.
El ala socialista del Gobierno ha optado por perfiles más técnicos. El ministerio de Economía ha propuesta a Aitor Lacuesta, jefe de la división de análisis estructural en Banco de España y la Oficina Económica de Moncloa a José Domingo Roselló Gómez-Lobo, jefe de su Unidad de Políticas Macroeconómicas y Laborales.
Así, CCOO ha incluido a Luis Zarapuz, responsable del Gabinete Económico Confederal, que también participó en los grupos de trabajo sobre el salario mínimo. El coordinador de la comisión, Luis Ayala Cañón es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, mientras que el ministerio de Trabajo ha propuesto a Inmaculada Cebrián, catedrática de la universidad de Alcalá de Henares. Ambos formaron también parte de las comisiones de expertos para subir el SMI.
Más llamativo es el representante de UGT: Cristóbal Molina Navarrete, catedrático e investigador de la Universidad de Jaén. Un experto de dilatada trayectoria académica y sindical que en los últimos años ha sido una de las voces destacadas en la defensa de las tesis sobre la reforma del despido y la denuncia en el CEDS. De hecho, también fue uno de los autores de la propuesta para reformar la indemnización por despido que el sindicato presentó en noviembre de 2023, presentada mientras Díaz negociaba con Sánchez el nuevo gobierno.
La inclusión de Molina parece apuntar a la intención de UGT de llevar la cuestión de los despidos como lastre a la estabilidad real del empleo al análisis, aunque está por ver el giro que toma el desarrollo de los trabajos.
El perfil de los ponentes apunta a unos trabajos mucho más complejos de lo que parece a simple vista, en los que el análisis macroeconómico y legal de los efectos de la reforma se va a ver afectado por los intereses en juego, sobre todo los de Díaz, que busca un nuevo amarre para justificar una reforma del despido que sus socios de Gobierno no quieren abrir.
