La reforma del subsidio por desempleo fue uno de los grandes cambios en materia laboral de la pasada legislatura. Esta modificación estaba incluida entre los hitos asumidos por España para recibir el cuarto pago de los fondos Next Generation y fueron necesarias dos votaciones en el Congreso de los Diputados para sacarla adelante, después de que las carteras de Yolanda Díaz (Trabajo) y Nadia Calviño (Economía) se enfrentaran por algunos aspectos técnicos. En el centro de este debate estaba el incentivo a la búsqueda de empleo, que se configuró como un Complemento de Apoyo al Empleo (CAE) y que actualmente perciben 46.206 personas.

El endurecimiento de las obligaciones de las empresas en materia de registro de jornada está contenido en el Proyecto de Ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas a la semana. Esta norma se encuentra bloqueada en el Congreso de los Diputados por la enmienda a la totalidad que presentó Junts y que por el momento, se niega a retirar. Por ello, la ministra de Trabajo ya ha hecho público que cuenta con un 'plan b' para reforzar la normativa sobre las anotaciones del tiempo de trabajo por si esta no sale adelante: la aprobación de un reglamento.

Moncloa ya ha puesto cifra al coste de ampliar los permisos para el cuidado de los hijos: 1.500 millones de euros extra. Como ha avanzado la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la extensión de los permisos dirigidos a los trabajadores que tengan hijos menores de un año, en el supuesto de los permisos por nacimiento, o de ocho años, en el caso de las bajas por cuidado del menor, aumentará la presión sobre el sistema público, que asumirá la totalidad de este gasto.

El Tribunal de Cuentas ha publicado este martes su evaluación de los ERTE, la política de empleo desplegada en el marco de la pandemia para evitar que se produjeran despidos masivos y que permitió que miles de empresas recortasen la jornada de sus trabajadores o suspendieran temporalmente sus contratos de trabajo. El órgano señala que hubo deficiencias en la tramitación de estas ayudas y denuncia la falta de personal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por la que solo un 11.688 empresas de las 278.757 señaladas por Seguridad Social por diferentes incumplimientos han sido fiscalizadas. Todas ellas se vieron beneficiadas por la exoneración de las cotizaciones aplicada durante el periodo más grave de la pandemia y habrían cometido diferentes errores.