España ha activado su maquinaria legislativa para abordar una de las transformaciones estructurales más ambiciosas de las próximas décadas: la descarbonización del parque de edificios. Con este objetivo, dos ministerios han puesto en marcha sendas consultas públicas. La primera, promovida por el Ministerio para la Transición Ecológica, se centra en la modificación del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). La segunda, impulsada por el Ministerio de Vivienda aborda la elaboración del Plan Nacional de Renovación de los Edificios.
Ambas iniciativas forman parte del proceso de transposición de la Directiva de Eficiencia Energética en los Edificios (EPBD). Por un lado, Transición Ecológica impulsa la modificación del RITE, que regula los requisitos que deben cumplir los sistemas de calefacción, refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria.
Esta reforma busca incorporar nuevas exigencias vinculadas a eficiencia energética, integración de energías renovables, automatización de instalaciones, calidad del aire interior y digitalización para adaptarlo a la norma europea.
El nuevo RITE también ampliará su ámbito de aplicación a instalaciones existentes, y reforzará los mecanismos de inspección, control y transparencia para usuarios.
Por otro lado, Vivienda ha iniciado la elaboración del Plan Nacional de Renovación de los Edificios. Este documento deberá diagnosticar el estado del parque inmobiliario nacional, identificar barreras y necesidades de inversión, y definir metas intermedias para rehabilitar los edificios más ineficientes. Además, establecerá los umbrales nacionales para el estándar de "edificio de cero emisiones" y propondrá medidas específicas para hogares vulnerables. España deberá remitir este plan a la Comisión Europea antes del 31 de diciembre de 2025.
La nueva Directiva impone a los Estados miembros unas normas mínimas de eficiencia energética para edificios no residenciales, obligando a eliminar del mercado el 16% más ineficiente antes de 2030 y el 26% antes de 2033. Además, todos los edificios nuevos deberán ajustarse al estándar de cero emisiones a partir de 2030 (o desde 2028 en el caso de edificios públicos), lo que implica un consumo energético muy reducido, sin emisiones asociadas a combustibles fósiles, y alimentado por fuentes renovables, ya sea in situ, en proximidad o a través de redes libres de carbono.
La directiva también introduce la obligación de instalar tecnologías solares en edificios nuevos o sometidos a grandes renovaciones, cuando sea técnica y económicamente viable. Asimismo, exige la creación de un Pasaporte de Renovación que facilite reformas profundas por etapas, un nuevo sistema de certificación energética armonizado a escala europea, la digitalización de los datos energéticos de los edificios y la prohibición, a partir de 2025, de conceder ayudas públicas a calderas de combustibles fósiles.
