Antes de la entrada en vigor de la reforma laboral, el 70% de los empresarios optaba por despedir ante las dificultades económicas, debido a la rigidez de la normativa para adoptar otra serie de medidas. Precisamente esa era una de las prácticas con las que el real decreto elaborado por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, pretendía terminar.
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