El inicio de la tramitación de una ley andaluza sobre los regadíos de la Corona Norte de Doñana, a unos 30 kilómetros del Parque Nacional reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad, ha desatado la guerra del agua en torno a Doñana. La extrema sequía que padece el Sur de España, y el tenso clima pre electoral, enfrentan los intereses conservacionistas y los de miles de agricultores que viven de los frutos rojos. La comarca es hoy un polvorín.
La situación de Doñana, según los científicos, es crítica: las lagunas se secan, hay riesgo para los ecosistemas, y aves, anfibios e insectos únicos en el mundo corren peligro de desaparecer de este hábitat.
La peor sequía desde 1995 ha agravado una situación que se viene deteriorando en las últimas décadas. Llueva o no llueva, hay una sobreexplotación del acuífero que nutre al Parque Nacional que está afectando a los ecosistemas protegidos. Y no es una situación nueva. Europa ya condenó a España por dejación de sus responsabilidades.
Agricultura
El acuífero que alimenta Doñana da sus aguas también a miles de explotaciones dedicadas a los frutos rojos, y que han colocado a una comarca de Huelva en vanguardia de una agricultura moderna y productiva. La mayoría de esos pozos son perfectamente legales. Otros son ilegales (con una estimación cercana a las 1.000 hectáreas de riego). Lo que tienen en común es que no son nuevos. Llevan funcionando muchos años. Incluso décadas.
El Gobierno andaluz argumenta que la agricultura en la provincia de Huelva representa el 8,33% de su PIB, cuando en Andalucía es el 7,20% del PIB y en España el 3,05%. Según la información que facilita la Asociación de Productores y Exportadores de Fresa de Huelva, Freshuelva, solo la exportación de berries genera más de mil millones de euros. "El sector lleva reclamando soluciones durante más de treinta años y es de destacar que han sido numerosas las ocasiones en que la Plataforma (de regantes) ha reiterado la necesidad de la llegada del agua superficial a la comarca mediante el trasvase, pues ellos mismos son los primeros interesados en poder regar conforme a la normativa vigente", dice la proposición de Ley.
La actual ordenación de los regadíos de Doñana se basa en un Plan publicado en 2014, que parte de la situación que existía en 2004. Es decir, entró en vigor sobre una situación planteada diez años antes. Y nunca se llegó a desarrollar por completo ni a solucionar problema alguno, pues los riegos en la comarca, legales e ilegales, siguen pinchando sobre el acuífero y afectando a Doñana.
Nueva ley
La nueva ley que pretende aprobar Andalucía, promovida por PP y Vox, considera como suelo agrícola regable con aguas superficiales parte de las zonas del entorno del parque que actualmente se riegan con aguas del acuífero -pero que sobre el papel son secanos-. En ningún caso plantea legalizar los pozos ilegales, ni dar una amnistía a los infractores que están siendo sancionados, según viene insistiendo el portavoz del ejecutivo andaluz y consejero de Medio Ambiente Ramón Fernández Pacheco. Lo que se está planteando es que esas fincas se podrán regar cuando haya aguas superficiales que lo permitan y cuando el organismo competente, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, lo autorice.
El borrador que está tramitando el Parlamento andaluz dice expresamente que "el cambio de clasificación de estos suelos en cuanto a su consideración como agrícolas regables con agua superficial (SARAS) no representa per se una mayor presión sobre los recursos naturales del entorno y, en especial, sobre los recursos hídricos, pues, en cualquier caso, en aplicación de la normativa, la viabilidad de mantener en ellos cultivos agrícolas dependerá y estará condicionada en todo momento a la obtención de los correspondientes derechos de agua superficial, que depende de la existencia de recursos disponibles para ello y, en especial, del desarrollo de las infraestructuras hidráulicas declaradas de interés general del Estado en la Ley 10/2018, de 5 de diciembre".
Obras pendientes
El Gobierno español aprobó por ley en 2018 un plan de desarrollo de infraestructuras hidráulicas declaradas de interés general del Estado, que incluía la transferencia de 20 hectómetros cúbicos desde la demarcación del Tinto, Odiel y Piedras, tradicionalmente excedentaria, a la Cuenca del Guadalquivir. Además, hay aguas que no se depuran ni regeneran y que se podrían usar para regar fincas. De lo que se trata, insisten desde la Junta de Andalucía, es de usar aguas superficiales, no las del acuífero.
La Junta no concede derechos de riego nuevos, ni legaliza situaciones de facto. No tiene competencias. No puede hacerlo. Las administraciones competentes deberán seguir actuando contra los pozos ilegales y sancionando a los infractores. Está previsto que se cierren unos 20 pozos de aquí a final de año. La normativa en trámite afecta a los términos de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado.
La Junta no tiene competencias para dar una amnistía ni para legalizar los pozos ilegales
El Gobierno central asegura que el agua de ese trasvase de 20 hectómetros cúbicos ya está comprometida para cumplir con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que consideró en 2021 los planes hidrológicos de los periodos 2012-215 y 2016-2021 como insuficientes para la protección de Doñana, y condenó a España. Así que las aguas superficiales que lleguen a la comarca tienen como destino ya designado reducir la presión sobre los acuíferos y recargarlos para abastecimiento humano y para los riegos ya existentes. En palabras de la ministra Ribera, "no hay agua para nuevos regadíos" ni con trasvase.
Tras la aprobación en el Parlamento andaluz días atrás de la proposición de Ley impulsada por PP y Vox la Comisión Europea ya ha advertido que no descarta tomar medidas adicionales para asegurar que cesa la extracción de aguas del acuífero, en alusión a multas coercitivas contra España.
Clima electoral
La cercanía de las elecciones municipales no está ayudando a abordar la situación con sosiego. En los pueblos afectados la tensión entre agricultores crece.
Desde el Gobierno central se acusa a la Junta de atacar Doñana y poner en peligro el espacio natural. La Junta señala que el Estado no ejecuta las obras prometidas, y que además sigue concediendo autorizaciones de riego subterráneo que pinchan en el exhausto acuífero de Doñana (13 en el último año). Se han usado términos muy gruesos ("señorito", "terrorismo medioambiental").
Con unas elecciones a poco más de un mes, a nadie escapa la importancia de esta cuestión para muchas alcaldías de Huelva, y para decidir el gobierno de la Diputación provincial, uno de los feudos históricos del PSOE. Con las generales a unos meses vista, además, la hegemonía en Andalucía no es una cuestión menor.
