Redactora de elEconomista

El nuevo curso político dio ayer su pistoletazo de salida con la celebración del Consejo de Ministros, en el que se aprobó la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil las afectadas por los incendios e inundaciones que se vienen sucediendo desde el pasado 24 de junio –han sido 121 emergencias, de las cuales 114 corresponden a incendios y 7 a inundaciones–. Una vez declaradas zonas de emergencia, la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil establece las medidas en materia de recuperación, y es a través de un Real Decreto (RD) por el que se regulan las cuantías, que por ahora se han activado las mínimas que establece la normativa. Así, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señaló que serán los propios ministerios los que concretarán lo que se destinará a cada partida, "ya que se abren a incrementarlas a través de otro RD".

El nuevo curso político ha dado hoy su pistoletazo de salida con la celebración del El Consejo de Ministros, en el que se ha aprobado la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil las afectadas por los incendios e inundaciones que se vienen sucediendo desde el pasado 24 de junio.

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Los ataques cibernéticos afectan de la misma manera a las grandes corporaciones, organismos públicos como a las pequeñas y medianas empresas, ya que los ciberdelincuentes no distinguen el tamaño de la empresa a la hora de acceder de manera ilegal a los datos de las compañías. Lo que si tienen en cuenta son las trabas para acceder a ellos, y en este ámbito, las compañías de reducido tamaño son las que menos preparadas se encuentran, y pueden tardar en detectar que están siendo hackeadas hasta 204 días –según datos de IBM Security–, lo que hace que se convierten en el blanco "fácil" para los ciberdelincuentes. Así, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) señala que la debilidad de estas empresas se encuentra en la escasez de recursos que destinan en esta materia, ya que se escudan en que son demasiado pequeñas para que les ataquen, pero los datos muestran lo contrario. En España, más del 60% de los ciberataques se dirigen a pequeñas y medianas empresas. En este sentido, Lazarus Technology, proveedor global de ciberseguridad, advierte de que el 80% de estas empresas carece de sistemas preventivos sólidos, lo que expone sus datos, operaciones y reputación a riesgos críticos.

Economía

De cara al próximo curso político, que ya se encuentra a la vuelta de la esquina y que dará el pistoletazo de salida este martes con la celebración del Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa –y en el que se espera que se declaren zonas catastróficas las afectadas por los incendios–, las patronales de autónomos ya presionan al Gobierno para que comience a trabajar en reformas que liberen la fiscalidad de los trabajadores por cuenta propia o mejoren las condiciones actuales cuando ponen fin a su actividad. En este sentido, en el punto de mira se encuentra la prestación por cese de actividad, ya que en el mes de julio –últimos datos disponibles– el 61% de solicitudes para acceder al paro por parte de los autónomos fueron desfavorables, lo que significa que las solicitudes fueron rechazadas. Del total de 8.866 peticiones que recibió el ministerio liderado por Elma Saiz, 5.405 se catalogaron como "desfavorables", lo que impidió a un gran número de autónomos no acceder a esta prestación que se creó bajo la premisa de "proteger a los autónomos que se ven obligados a cerrar su negocio por causas no voluntarias, como pérdidas económicas significativas, deudas, o motivos de fuerza mayor".

La vuelta al cole está a la vuelta de la esquina y desde la próxima semana, serán miles los niños que volverán a sentarse en las aulas. Esto significa que las familias españolas se han vuelto a enfrentar a la compra de material escolar y uniformes para tener preparados a los más pequeños de la casa. La realidad que se han encontrado este año es que su compra se ha incrementado hasta un 18% con respecto al año 2022, y un 2% si se tienen como referencia los precios que se pagaron en 2024. Son los datos que ofrece el comparador de precios Idealo.

Los incendios que asolan España desde las últimas semanas han puesto en el punto de mira los recursos y planes de prevención que se destinan para tratar de reducir al mínimo los efectos causados por el fuego. En este sentido, el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea se pronunció a inicios del verano a través de un informe en el que analizaba las actuaciones en materia de prevención de incendios de cuatro países de la Unión Europea –España (analizan Castilla-La Mancha, Andalucía y Galicia), Portugal, Grecia y Polonia– que se habían financiado a través de fondos europeos. Los resultados fueron claros: los sistemas son ineficientes, están obsoletos, y los criterios no son los más efectivos ni a corto ni a largo plazo.

Las amplias áreas afectadas por los históricos incendios de este mes serán declaradas zonas catastróficas la semana que viene, lo que abrirá paso a cuantiosas ayudas, indemnizaciones y créditos para las personas y empresas afectadas. El Gobierno no da detalles aún sobre los recursos que se movilizarán; no obstante, las fuentes consultadas por elEconomista.es en el sector asegurador estiman que las cuantías liberadas para las personas físicas damnificadas superarán los 18.000 euros por solicitante, en los casos más graves y directamente afectados. En cuanto a las destinadas a personas jurídicas el baremo con el que Gobierno estaría trabajando ronda los 9.200 euros por firma.

El control horario señala que los trabajadores que realizan horas extra han crecido un 27,04% desde el año 2018 –un año antes de que entrara la medida–, pasando de 797.000 empleados a superar el millón en el segundo trimestre de 2025 (concretamente fueron 1.012.500 los asalariados que alargaron su jornada laboral), un incremento de 215.000 trabajadores en siete años, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La factura económica de la peor temporada de incendios que España ha sufrido en su historia será también de dimensiones inéditas, según los primeros cálculos de expertos a los que ha tenido acceso elEconomista.es. Atendiendo únicamente al coste al que afrontarán las comunidades autónomas y el Estado en materia de extinción del fuego, esa variable escala a los 19.000 euros por hectárea, según la Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo). Así, teniendo en cuenta que solo en el mes de agosto en España se han quemado 203.224 hectáreas, el coste total se encuentra en 3.861 millones de euros, solamente dedicados a las tareas de extinción –a las que habría que sumar el coste de restauración–. En este sentido, y según datos ofrecidos por el presidente de Reforesta, Miguel Ángel Ortega, el coste de reforestar una hectárea se encuentra entre los 4.000 y 5.000 euros, aunque no siempre es necesario intervenir al ser la propia naturaleza la que actúa. Si no fuera así y se tuviera que actuar en todas las hectáreas que, hasta ahora, ha arrasado el fuego, serían 1.016 millones los que se tendrían que dedicar a esta partida.