El retraso en los pagos de las Administraciones, el fenómeno conocido popularmente como las facturas ocultas en los cajones, resurge en España. El registro más exhaustivo y actualizado de estas obligaciones contraídas y no subsanadas –elaborado por la Intervención General del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Haciendamuestra cómo iniciaron el año 2024 con un montante acumulado de más de 6.000 millones de euros. Esa cifra implica un incremento del 45% con respecto al año 2019, cuando sumaban 4.237 millones de euros adeudados a empresas, pero también a ciudadanos en concepto de bonificaciones o actualización de prestaciones.

El grupo de trabajo creado por el Banco de España, para proponer cambios en la Ley de Autonomía del supervisor, está a punto de terminar su trabajo, en medio de la polémica creada por la reestructuración de su servicio de estudios y de otras partes de su organigrama. Y en ese informe de carácter no vinculante, cuya publicación se prevé en cuestión de semanas, los expertos reabrirán el debate sobre la necesidad de extender el límite temporal, seis años improrrogables, al que ahora está sujeto el cargo de gobernador de la institución.

El Banco de España revoluciona su estructura con un rediseño de diferentes direcciones generales y una profunda reorganización del departamento de Economía encabezado por Ángel Gavilán, que formuló su dimisión al día siguiente de presentar el informe anual de la institución relativo a 2024. La nueva dirección general que lideraba Gavilán pasa de cuatro divisiones a dos macroáreas, que saldrán reforzadas con 90 profesionales adicionales.

El 'choque de trenes' del director general de Economía del Banco de España, Ángel Gavilán, con dos de sus homólogas en la cúpula del supervisor –Eva Valle y Mayte Ledo– es la causa última de la sorpresiva dimisión que el primero de ellos ha anunciado esta mañana, y que se hará efectiva el próximo día 12.

El plan del Ministerio de Trabajo para reducir por ley la jornada laboral a 37,5 horas semanales inicia, a partir de esta semana, un complejo periplo parlamentario, en el que solo existe una certeza. Si el propósito de la vicepresidenta Yolanda Díaz tuviera éxito, España, lejos de seguir la tendencia imperante en la Unión Europea, se convertiría en un caso extremo, de acuerdo con la comparativa que los datos de Eurostat y de EU Eurofound permiten establecer. No en vano contaría con el segundo límite legal más restrictivo al tiempo de trabajo de todo el club europeo, con excepción de las 35 horas imperantes en Francia desde principios de este siglo.

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) acumula en este ejercicio un incremento más, por encima del 4% interanual en el caso de 2025, que ha llevado a esta remuneración hasta los 16.576 euros brutos anuales, repartidos en catorce pagas. Como resultado el SMI ya supera el 70% del sueldo promedio en más de la mitad de las comunidades autónomas y no hay visos de que haya alcanzado su techo. No en vano Trabajo ha llegado a reconocer su pretensión de que incrementos de esta cuantía se automaticen ejercicio tras ejercicio, y no sea necesario esperar al debate entre el departamento que dirige Yolanda Díaz y los agentes sociales.

El argumento, muy difundido por el Gobierno, sobre la supuesta invulnerabilidad de nuestro país ante la ofensiva arancelaria de Trump, corre el riesgo de verse desmontado por los efectos indirectos que la guerra comercial tendrá en mercados clave para industrias españolas como la turística.

No es en absoluto casual que, en el Top 10 de los países más señalados por los aranceles recíprocos aprobados por Trump figuren cinco economías asiáticas, entre ellas, algunas caracterizadas por una muy baja renta per cápita como Tailandia, Camboya o Vietnam. Si, pese a su escaso peso global, Washington las pone en el punto de mira se debe a que, a través de ellas, propina un severo castigo a su verdadero objetivo en el Lejano Oriente: China.

La magnitud de la guerra comercial que el presidente Donald Trump amenaza con desencadenar a partir de este miércoles tendrá una envergadura hasta ahora inédita en este tipo de conflictos. Es por ello que la imposición de aranceles recíprocos (aunque podrían tener un diseño final más agresivo) a todos los países con los que comercia EEUU pone en el disparadero, de forma directa, a cerca de dos billones de euros en exportaciones ahora en circulación solamente en el ejercicio 2025.