Bruselas prima el cumplimiento de objetivos frente al plazo en la reforma de las pensiones

Está confirmado que la reforma de las pensiones tendrá que esperar a 2023. Después de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones emplazara en la última semana del año a los agentes sociales a un acuerdo sobre las pensiones que no se produjo, ha sido imposible pactar antes del cierre de 2022. Y si el Gobierno había acordado con Bruselas que la segunda parte de la reforma de las pensiones, en el marco del Plan de Recuperación, estaría lista antes de 2023 parece que a la Comisión Europea le importa más el cumplimiento de objetivos que los plazos.

Preguntadas por el inevitable aplazamiento a 2023 de los compromisos asociados a la segunda parte de la reforma de las pensiones, que tiene que ver con el mecanismo de equidad, la ampliación del periodo de cálculo y la subida de las bases máximas, fuentes del Ejecutivo comunitario han señalado a El Economista que los plazos son "indicativos" y han hecho hincapié en que los países "hagan todo lo posible para garantizar la implementación oportuna de las reformas e inversiones a las que se han comprometido en sus planes de Recuperación y Resiliencia".

El marco para la implementación de los hitos y objetivos es flexible y orientativo. Y pese a que esta segunda parte de la reforma de las pensiones no se cierre en el plazo estipulado, la situación no tendría por qué comprometer, por sí mismo el desembolso de fondos. Aunque es verdad que las mismas fuentes comunitarias instan a que se cumplan los hitos y objetivos del plan de recuperación en los plazos previstos y, por tanto, asumiendo aquellos compromisos que habían adquirido.

Aun así, el Ejecutivo comunitario no hace sino instar a los países a que realicen las solicitudes de pago una vez que todos los objetivos e hitos "hayan sido completados". Ya que será en el momento de la solicitud del cuarto pago del plan de recuperación que la Comisión Europea evaluará el cumplimiento de los hitos y objetivos asociados, también esta segunda parte de la reforma de las pensiones. Todo ello teniendo en cuenta que los países solo pueden realizar dos solicitudes de pago al año.

En todo caso no es la primera vez que la Comisión Europea manifiesta su preocupación a España por la reforma de las pensiones. Lo hizo durante la solicitud del segundo pago del pasado julio, cuando advirtió del incremento "significativo del gasto público como porcentaje del PIB" de sustituir el Factor de Sostenibilidad del Mecanismo de Equidad Intergeneracional por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional.

Fue en este momento cuando avisó a España del riesgo de "un agujero fiscal en el sistema de pensiones" y demandó al Gobierno que implementara todas las medidas pactadas para garantizar la sostenibilidad de las pensiones a corto, medio y largo plazo.

Tampoco es la primera ni la segunda vez que el Ejecutivo comunitario manifiesta su preocupación por el optimismo que arroja el Gobierno el cálculo del ahorro de la edad efectiva de jubilación. Y hace poco más de un mes que el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, manifestó su preocupación por el mecanismo de equidad intergeneracional asociado a la reforma de las pensiones.

Lo hizo en una carta de respuesta a la pregunta de la eurodiputada de Ciudadanos, Eva María Poptcheva, sobre qué medidas adoptaría Bruselas en caso de que no se ejecuten las reformas pactadas. Y es que la Comisión, más allá de la temible amenaza de congelación de fondos, tiene a su disposición otras herramientas como desembolsar solo parte de la financiación.

Bruselas dio ya el visto bueno a los compromisos de la primera fase de la reforma de las pensiones. También al mecanismo de revalorización que las vincula al IPC aunque no es que fuera una fórmula con la que estuviera del todo de acuerdo. También a los incentivos para retrasar la edad efectiva de jubilación y los planes de pensiones de empleo en las empresas.

"La tercera solicitud de pago presentada por España cubre dos medidas relacionadas con las pensiones: la reforma del sistema de la cotización de los autónomos y la reforma del sistema complementario de pensiones", han recordado fuentes del Ejecutivo comunitario. Dos reformas para las que cuenta con un plazo de evaluación que finaliza a principios de febrero, al amparo del plazo establecido para la evaluación del tercer pago.

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